A poco más de dos semanas del casamiento entre Federico Marán y Nicole Pocovi —realizado bajo el nombre de “Cafayate Fantasy”—, la Justicia imputó a la titular del predio donde se llevó a cabo la celebración por la presunta falsificación de documentos, que permitieron montar la ceremonia, y posterior juerga, en un área protegida de Cafayate.
La fiscal penal de Cafayate, Sandra Rojas, confirmó a Gente de Salta que la imputada es Lucía Grajales Soriano, de 36 años, propietaria del terreno. El caso tiene un punto clave en su origen: el mismo día en que Marán y Pocovi daban el “sí”, el secretario de Ambiente de la provincia, Alejandro Aldazábal, junto a un guardaparque, radicaron una denuncia al advertir irregularidades en la documentación presentada. Sin embargo, al tratarse de un feriado, la presentación tuvo impacto formal recién dos días después.
En términos legales, la investigación se encuadra en los delitos de falsificación de instrumento público y uso de documento falso, que contemplan penas de entre uno y seis años de prisión. Al tratarse de un concurso ideal —cuando un mismo hecho encuadra en más de una figura penal—, la escala aplicable no se suma, sino que se mantiene dentro de ese rango.
En sus primeras declaraciones públicas, luego de la escalada de la polémica, Nicole Pocovi sostuvo que ni ella ni su entorno tenían conocimiento sobre la invalidez del documento y señaló como responsables a los titulares del predio. En ese sentido, mencionó a la familia Soriano, a quienes atribuyó la gestión de las habilitaciones y permisos correspondientes.
Según pudo indagar Gente de Salta, en redes sociales el medio Informate Cafayate, un día antes del casamiento ya advertía posibles irregularidades. A esa publicación, Soriano respondió: “antes de publicar este tipo de información deberían hacer las averiguaciones pertinentes. Si quieren les paso todos los permisos para el evento y de paso les muestro los papeles catastrales de q somos dueños desde hace años de ese lugar. X algo se llama finca LA PUNILLA”
Poco después en un comentario de esa misma respuesta agregó: “Voy a seguir haciendo bodas”. Hoy, dos semanas después, la imputada tiene 48 horas para declarar ante la Justicia.
Crónica de un casamiento anunciado
Viernes 20 de marzo: los invitados al casamiento de Federico Marán y Nicole Pocovi, con el “finde largo” en curso, comenzaron a llegar a Salta para un evento que se extendería durante cuatro días, hasta el lunes siguiente, cuando los novios darían el “sí”. Algunos de los allegados ya se encontraban instalados en la provincia.
Sábado 21 de marzo: los asistentes llegados desde Buenos Aires, ya trasladados en conjunto desde la capital salteña hacia Cafayate y sin conocer el lugar exacto de la ceremonia —según el itinerario publicado en la página web del evento—, participaron del “pre wedding”, una instancia previa pensada para compartir al aire libre y “conectar” en los exteriores de la bodega El Porvenir.
Domingo 22 de marzo: jornada libre para los invitados, que aprovecharon para realizar actividades turísticas en la zona.
Lunes 23 de marzo: pese a que la ceremonia ya estaba en marcha, el secretario de Ambiente, Alejandro Aldazábal, junto a un guardaparque del lugar, advirtieron que el permiso para el evento y la firma del funcionario eran falsos. Ambos radicaron la denuncia, aunque, al tratarse de un día feriado, su impacto administrativo se trasladó al siguiente día hábil.
Martes 24 de marzo: también feriado, comenzaron a circular imágenes del “Cafamiento” y rápidamente tanto medios como redes sociales se hicieron eco del lugar de la ceremonia y la posterior fiesta: la Quebrada de las Conchas, una propiedad privada, pero también un área protegida en Cafayate.
Miércoles 25 de marzo: la denuncia impactó formalmente.
A partir de ese momento, el caso sumó nuevas intervenciones. Una de las más discutidas fue la de la edil de Cafayate, Romina Mamani, quien respaldó la prolijidad del evento y aseguró que “como concejal hice las averiguaciones correspondientes”. Sin embargo, desde la Municipalidad acompañaron la postura del secretario de Ambiente y denunciaron penalmente la falsificación del permiso.
En ese contexto, se hizo público que la propiedad está a nombre de Lucía Grajales Soriano, quien, según la defensa inicial de los recién casados, habría sido la responsable de la tramitación y los permisos del evento, mientras que la familia Marán Pocovi se presentó como simple cliente.
No pasó mucho tiempo hasta que se filtró el supuesto permiso. En el documento se observan errores ortográficos y una firma —atribuida al funcionario Aldazábal— que aparenta haber sido recortada de otro soporte. La fecha del permiso, además, indica que el trámite se habría iniciado en diciembre del año pasado.
Ese mismo viernes se inició la investigación a cargo de la fiscal penal Sandra Rojas, centrada en la presunta falsificación del documento y los posibles daños ambientales derivados del evento.
Finalmente, la primera imputación llegó, y por ahora se investiga a la dueña de las tierras: Lucía Grajales Soriano, quien manifestó sus intenciones de pronunciarse por escrito ante la Justicia Penal de Salta.