SociedadInvestigación judicial en Tartagal
A partir de las medidas solicitadas por el Ministerio Público Fiscal y con la debida autorización del Juzgado de Menores en turno, a cargo del juez Aníbal Burgos, este sábado se llevaron adelante allanamientos en dos domicilios del Distrito Judicial Norte, circunscripción Tartagal, para buscar una conexión con el caso de la Escuela Normal Superior N° 40 Mariano Moreno de la ciudad de San Cristóbal, Santa Fe, en la que un menor de 15 años asesinó a los tiros a un estudiante de 13 e hirió a otros alumnos.
El operativo se llevó a cabo bajo la supervisión del Fiscal Pablo Cabot, con el objetivo de secuestrar elementos de interés para la investigación y preservar evidencia digital potencialmente relevante.
Según indicó la Justicia, en el lugar se procedió al secuestro e inspección de dispositivos informáticos y soportes tecnológicos. Del análisis preliminar de los elementos secuestrados surgieron referencias vinculadas únicamente a la investigación que se desarrolla en la provincia de Santa Fe, descartándose en principio, la existencia de algún hecho aislado o independiente que pudiera involucrar a la comunidad en la provincia de Salta.
El requerimiento del Ministerio Público Fiscal se originó en el marco de información surgida en la investigación de un grave hecho de violencia ocurrido el pasado 30 de marzo en un establecimiento educativo de la localidad santafesina de San Cristóbal.
Por disposición del procurador general de la provincia de Salta, Pedro García Castiella, se conformó de inmediato una Unidad Fiscal integrada por la fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, y el fiscal penal 1 del Distrito Judicial Tartagal, Pablo Alejandro Cabot, competente en el caso por menores, a fin de intervenir en estas actuaciones originadas a partir de información remitida por la Unidad Fiscal 505 de la Fiscalía Nº 5 de la ciudad de Rafaela, perteneciente al Ministerio Público de la Acusación de la provincia de Santa Fe.
Los informes fueron remitidos el pasado viernes a la Procuración General de Salta y daban cuenta de elementos que requerían la profundización investigativa respecto de un menor residente en una localidad del norte provincial.
En ese marco, y conforme a la evidencia digital analizada, se advirtieron manifestaciones y conductas que motivaron la intervención judicial de las autoridades competentes, en relación con posibles interacciones en entornos virtuales donde se habrían detectado expresiones asociadas a la normalización discursiva de la violencia y a procesos de radicalización en comunidades digitales.
Asimismo, se dispuso consigna policial fija en el domicilio y está prevista una audiencia ante el Juzgado de Menores, con participación del adolescente involucrado, sus progenitores, la asesora interviniente y representantes de la Fiscalía.
Por tratarse de actuaciones que involucran a personas menores de edad, más también la existencia de víctimas, la investigación se desarrolla bajo estricta reserva y con resguardo de los derechos y garantías correspondientes.