A mediados de mayo, mientras el luto y la desesperación envolvían a decenas de familias tras la pérdida de sus seres queridos, la Justicia Federal revelaba el inicio de una investigación que prometía desentrañar una oscura trama de negligencia, falta de control, la dudosa labor de dos laboratorios y la impunidad de quienes se encontraban detrás de todo.
Desde ese mes fatídico, los allegados de más de 173 personas fallecidas claman por respuestas, buscando desesperadamente determinar si sus seres queridos fueron víctimas del fentanilo contaminado, desencadenando una de las peores crisis sanitarias que ha azotado a la Argentina.
Mientras la investigación avanza, las figuras de Ariel García Furfaro y los accionistas de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A. emergen en el centro de la tormenta, detenidos y procesados, enfrentando las consecuencias de sus actos.
La denuncia que encendió la mecha de esta investigación fue radicada en abril por el Hospital Italiano de La Plata. Con profunda preocupación, alertaron a las autoridades sobre el hallazgo de dos peligrosas bacterias (Klebsiella pneumoniae y Ralstonia spp) dentro de las ampollas de fentanilo que eran administradas a los pacientes. La sombra de la sospecha se extendía sobre una serie de muertes ocurridas dentro de la institución médica, sugiriendo una conexión aterradora.
Inicio de la causa
Con la presentación de la denuncia, se puso en marcha una exhaustiva investigación, liderada por el Juzgado Federal Nº 3 de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak, con la colaboración crucial de entidades como la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). La búsqueda de la verdad se convertía en una carrera contra el tiempo, con cada hallazgo revelando nuevas capas de complejidad.
El 8 de mayo, la ANMAT emitió una alerta que resonó en todo el territorio nacional, instando a la suspensión inmediata del uso del lote 31202 de fentanilo, producido por el laboratorio HLB Pharma. La razón: se encontraba bajo investigación debido a un "desvío de calidad". La incertidumbre se apoderaba del sistema de salud, mientras las autoridades luchaban por contener la propagación del peligro.
Si bien, por el momento, solo se ha identificado un lote contaminado, la sospecha de que existan otros se cierne sobre la investigación. Las autoridades informaron que, de un total de 154.530 ampollas distribuidas, aproximadamente el 27,5% habían sido administradas a pacientes. En estos momentos críticos, no se ha podido rastrear el paradero de cada frasco, aumentando la angustia y la necesidad de respuestas.
Comunicados ANMAT
El 13 de mayo, la ANMAT emitió una nueva alerta, prohibiendo el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional del lote específico señalado. Además, ordenó a la empresa HLB Pharma la recuperación del producto del mercado, que había sido distribuido a más de 300 hospitales en toda la Argentina. La magnitud del problema se hacía cada vez más evidente, revelando la fragilidad del sistema de control y la urgencia de tomar medidas drásticas.
Finalmente, se dispuso la inhibición de la producción en la planta de HLB Pharma "hasta que se hallen las condiciones técnicas y sanitarias". La misma medida se aplicó a Laboratorios Ramallo S.A., ya que se sospechaba que las ampollas habían sido elaboradas en sus instalaciones.
Ambas compañías, pilares en la industria farmacéutica, pertenecían al megaempresario Ariel García Furfaro, cuyo nombre comenzaba a asociarse con la negligencia y el posible encubrimiento.
Se reveló que, en lo que va de 2025, los laboratorios habían recibido varias alertas y prohibiciones por parte de la ANMAT, debido a incumplimientos y problemas en la trazabilidad de dopamina, Propofol, diclofenac, morfina y fentanilo. Un historial preocupante que ponía en tela de juicio la integridad de sus operaciones y la supervisión de las autoridades.
Investigación
Como primera medida contra los 24 acusados, se informó la inhibición de bienes y la prohibición de salida del país de varios de los involucrados. Las autoridades buscaban asegurar la disponibilidad de recursos para resarcir a las víctimas y evitar la fuga de aquellos que podrían tener información crucial para el caso.
También se llevaron a cabo allanamientos, en los cuales se descubrió que en la empresa Cables Epuyén SRL, perteneciente a Damián García Furfaro, hermano del dueño de HLB Pharma, se hallaron 29 pallets de diversos medicamentos. La imagen de los pallets apilados, llenos de productos farmacéuticos, evocaba interrogantes sobre el destino final de esos medicamentos y la posible existencia de un mercado paralelo.
Se trataba de aproximadamente un camión completo que contenía diclofenac y paracetamol, todos bajo la firma del laboratorio en cuestión.
Otro dato impactante fue el descubrimiento de una montaña de ampollas de fentanilo en uno de los patios del laboratorio Ramallo S.A., un testimonio visual de la magnitud del problema y la aparente falta de control sobre la producción y el desecho de estos medicamentos. Se ordenó la preservación del lugar, la toma de muestras fotográficas y la elaboración de un croquis por parte de las fuerzas que custodiaban el laboratorio clausurado, así como la urgente intervención del personal del Ministerio de Medio Ambiente bonaerense.
Durante varias semanas, el Juzgado interviniente realizó diversos informes y pericias para corroborar el detrás del opioide adulterado. Cada análisis, cada testimonio, cada evidencia, se sumaba al complejo rompecabezas que buscaba revelar la verdad detrás de la tragedia.
Los resultados demostraron que todos conocían la contaminación en las ampollas, que no hubo control, tampoco seguimiento por parte de las autoridades y que el fentanilo fue administrado en varios pacientes que murieron tiempo después. La negligencia y la falta de supervisión se revelaban como factores determinantes en la cadena de eventos que condujeron a la pérdida de vidas.
Detenidos y procesados
Frente a este desgarrador escenario, y al mismo tiempo en el que familiares realizaban marchas para justicia por sus seres queridos, el 20 de agosto el magistrado solicitó la inmediata detención de García Furfaro, sus hermanos, su madre, accionistas de ambas firmas y personal técnico, que también fueron procesados. La justicia comenzaba a moverse, respondiendo al clamor de las víctimas y sus familias.
García Furfaro, allegado a la familia Kirchner, es considerado “coautor penalmente responsable del delito de adulteración de sustancias medicinales” por provocar los fallecimientos de 20 personas, “en concurso real con el delito de adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud, también en calidad de coautor”.
El peso de la ley caía sobre sus hombros, acusándolo de haber participado directamente en la adulteración de los medicamentos que causaron la muerte y el sufrimiento de tantas personas.
Al empresario se le endilga haber intervenido junto a 16 miembros del plantel de ambos laboratorios a través de “la toma de distintas decisiones relativas a la fabricación, distribución y venta en “la adulteración del lote 31202 “perteneciente al opioide, el cual se encontraba “destinado al uso público sanitario, con orden de producción emitida el 16 de diciembre de 2024”.
La acusación detallaba su presunta participación en cada etapa del proceso, desde la producción hasta la distribución, revelando una trama de complicidad y negligencia que había tenido consecuencias devastadoras.
“Las adulteraciones de la sustancia medicinal consistieron en su contaminación a partir de un proceso de fabricación caracterizado por múltiples falencias, entre ellas muchas críticas, respecto de lo cual existieron pluralidad de alertas que no fueron atendidas”, remarca el escrito al que accedió NA. La evidencia apuntaba a un sistema de producción deficiente, donde las alertas y las advertencias fueron ignoradas, priorizando la ganancia sobre la seguridad de los pacientes.
Declaraciones e informes
Mientras los acusados continúan tras las rejas, algunos con prisión domiciliaria, se dieron a conocer declaraciones de suma importancia, así como también informes por parte del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia. Cada palabra pronunciada, cada dato revelado, se convertía en una pieza clave para reconstruir la verdad y determinar las responsabilidades.
Entre las testimoniales más impactantes se encuentran las de los imputados, así como también la de empleados de los dos laboratorios, quienes muchos de ellos confirmaron que se sabía de la contaminación, pero se omitían los detalles para no perder ventas. El testimonio de aquellos que trabajaron en los laboratorios revelaba una cultura de silencio y encubrimiento, donde el beneficio económico se anteponía a la ética y la responsabilidad social.
Además, el último documento difundido por el Cuerpo Médico indica que en 38 de las 40 muestras analizadas se comprobó que la administración del opioide contaminado “fue clave en el desenlace fatal de los pacientes”. Acerca de los dos casos restantes, se indicó que no se permitió establecer un vínculo directo. El informe forense confirmaba la conexión entre la administración del fentanilo contaminado y las muertes, fortaleciendo la acusación contra los responsables.
Comisión especial
De forma paralela, en el Congreso se realizó durante varios meses una investigación especial para poder constatar que ocurrió y las responsabilidades detrás de la peor tragedia sanitaria del país. El Poder Legislativo también se involucraba en la búsqueda de la verdad, buscando identificar las fallas del sistema y proponer medidas para evitar que una tragedia similar se repita.
El pasado martes 2 de diciembre la Comisión presentó el informe final y determinó que el Estado argentino no pudo garantizar la trazabilidad del fentanilo ni el control efectivo de los laboratorios. El informe revelaba las deficiencias del sistema de control, la falta de recursos y la necesidad de fortalecer la supervisión de la industria farmacéutica.
También que los hospitales ocultaron casos, que hubo documentación armada “a posteriori” por parte de las autoridades de ambos laboratorios y que los organismos de control actuaron tarde y de manera deficiente. El informe señalaba la complicidad de algunos actores del sistema de salud, la manipulación de la información y la ineficacia de los organismos de control.
Para los integrantes de la Comisión el resultado es claro: las muertes por fentanilo contaminado no fueron un accidente, sino una cadena de fallas evitables, ocultamientos, falta de control y un laboratorio que operaba con registros inconsistentes, los cuales fueron confirmados hasta por los propios trabajadores. La tragedia era el resultado de una serie de errores humanos, decisiones negligentes y un sistema que no cumplió con su función de proteger la salud pública.
Reclamo
En paralelo a la pesquisa, los familiares continúan reclamando justicia y que los responsables sean condenados por provocar la peor crisis sanitaria del país ligada a la inoculación con un opioide adulterado con bacterias. El dolor y la indignación de las familias impulsan la búsqueda de la verdad y la exigencia de castigo para los culpables.
En los más de seis meses de causa, se realizaron tres marchas en las ciudades de La Plata y Rosario para dar visibilidad al reclamo y que el nombre de las víctimas continúen latentes. Las marchas se convierten en un símbolo de resistencia y memoria, manteniendo viva la llama de la justicia y recordando a las víctimas de esta tragedia.
*Micaela Cendra para NA