Con media sanción en Diputados y el dictamen en comisiones del Senado, el Régimen Penal Juvenil avanza con menos ruido que la Reforma Laboral. El proyecto, que fija los 14 años como nuevo piso de imputabilidad y se sostiene bajo el slogan “delito de adulto, pena de adulto” como combustible para avanzar, hace aguas —según especialistas de salud mental— y advierten sobre otro factor que no se discute en los discursos: aparece en las pericias.
En esa línea, Rodolfo Ceballos, psicólogo especialista en salud mental infanto-juvenil, sostiene que la variable clave no siempre es la edad: puede haber un joven de 14 con bajo riesgo de reincidencia y otro de 17 con un patrón persistente, llamado “rasgo psicopático”, que no se corrige con una pena más dura.
En esos casos, plantea, la evaluación técnica del riesgo pesa más que un número en el Código. Mientras tanto, en Salta, según el último informe oficial del Sistema Penal Juvenil, conviven 57 adolescentes bajo intervención judicial.
“La ley dice cuándo entra y cuándo sale un menor del régimen; la pericia advierte el riesgo que deja adentro”, resume Ceballos y advierte: “La variable no es solo la edad, sino el riesgo de reincidencia”.
Ceballos, en dialogo con Gente de Salta, señala que el conflicto no se resuelve únicamente bajando la edad de imputabilidad: en las pericias —explica— se evalúan indicadores de riesgo y rasgos persistentes de insensibilidad emocional que pueden anticipar reincidencia, y ese análisis técnico pone en jaque la lógica automática de equiparar edad con respuesta penal.
Rasgos psicopáticos
Cuando habla de rasgos persistentes no apunta a una etiqueta ni a un diagnóstico cerrado. En el ámbito forense se analizan patrones que se sostienen en el tiempo y que no responden solo a la impulsividad adolescente. El eje está puesto en la emocionalidad: la capacidad de sentir culpa, registrar daño y empatizar con la víctima.
Según detalla el especialista, pueden observarse señales tempranas cuando la conducta antisocial no responde a límites ni acompañamiento. Entre los indicadores que suelen evaluarse se encuentran:
- Falta sostenida de culpa después de causar daño.
- Dificultad para reconocer emociones en otros.
- Manipulación reiterada para obtener beneficios.
- Mentiras frecuentes sin angustia asociada.
- Conducta agresiva sin registro del impacto en la víctima.
En una pericia judicial esos elementos no condenan por sí solos, pero inciden en la evaluación del riesgo de reincidencia. Y ahí aparece la distinción clave: un adolescente puede haber cometido un delito grave y presentar bajo riesgo de reiteración, así como un hecho menor puede convivir con un patrón persistente. La gravedad del delito y el perfil individual no siempre coinciden.
La advertencia científica
El debate no se agota en la mirada forense. La Asociación de Psiquiatras de Argentina (APSA) rechazó la reducción de la edad de imputabilidad al considerar que “carece de sustento científico”. Desde la entidad señalaron que el cerebro adolescente no puede entenderse como el de un adulto en miniatura y que las áreas vinculadas al control de impulsos, la planificación y la anticipación de consecuencias —especialmente el lóbulo frontal— no alcanzan su madurez plena hasta después de los 20 años.
Además, advirtieron que en contextos de alta carga emocional, presión de pares y estrés, los adolescentes presentan mayores limitaciones para ponderar las consecuencias de sus actos. Y remarcaron que distintos estudios no asocian la baja de imputabilidad con una reducción sostenida del delito, pero sí con mayores niveles de reiterancia cuando el contacto con el sistema penal es temprano e intensivo.
El mismo informe nacional del 2024, el último disponible, que consigna 57 adolescentes bajo intervención judicial en Salta, registra 4.119 jóvenes dentro del sistema penal juvenil en todo el país. De ese total, 865 se encuentran en dispositivos de encierro y el resto bajo medidas en territorio. El relevamiento también detecta menores de 16 años dentro del sistema, incluido un caso en la provincia.
Con el proyecto en discusión y la consigna política instalada, el eje ya no se reduce a 14 o 16 años. El dato que surge en las pericias —cuando detecta rasgos persistentes de insensibilidad emocional— introduce una variable que cualquier régimen penal juvenil debe administrar. La edad fija el umbral. El riesgo individual puede alterar la ecuación.