Golpe al protocolo antipiquetes de Bullrich: La justicia lo declara nulo tras la demanda del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), argumentando "un exceso de competencia" del Poder Ejecutivo. Sin embargo:
Ya presentamos la apelación y el juzgado concedió el recurso con "ambos efectos", es decir que la sentencia judicial queda suspendida hasta que la Cámara resuelva la apelación. Mientras tanto, el protocolo se puede seguir aplicando, indicaron desde el Ministerio de Seguridad.
En un escrito de 38 páginas, el juez Martín Cormick del Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo N° 11, declaró la nulidad del protocolo, objetando que una resolución ministerial regula derechos constitucionales como el derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución) y el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). El magistrado subraya que estos derechos solo pueden ser regulados por una ley emanada del Congreso Nacional.
El juez también advirtió que la resolución modifica el alcance del artículo 194 del Código Penal, permitiendo una interpretación más gravosa que la del artículo 353 bis, lo que implica una asunción de competencias legislativas por parte del Ministerio.
Cormick precisó que la resolución 943/23 imparte directivas a las fuerzas de seguridad que no están contempladas en las leyes que regulan su accionar. Señaló que las directivas no se basan en las leyes orgánicas de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía Federal Argentina, Policía Aeroportuaria y Servicio Penitenciario Federal, lo que podría conducir a que el personal de las fuerzas vulnere los preceptos de las leyes dictadas por el Poder Legislativo.
El juez también consignó la ausencia de citas a la Ley de Protección de Datos Personales y a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos relevantes.
Un abogado del equipo del CELS que trabajó en el reclamo contra el protocolo de Bullrich señaló que el juez Cormick consideró que la resolución "no sólo es desproporcionada e irrazonable, sino ilegal y se auto atribuye facultades legislativas".
Reacciones Políticas
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, siguiendo los lineamientos de su antecesora, afirmó a través de las redes sociales que no habrá un paso atrás en el mantenimiento del orden.
La exministra de Seguridad y ahora senadora nacional, Patricia Bullrich, criticó el fallo judicial, expresando en X que el protocolo antipiquetes fue validado por decenas de jueces y cuenta con el respaldo de muchos ciudadanos, cuestionando la imparcialidad del juez Cormick.
La referencia de Bullrich alude a que Cormick es el mismo magistrado que ordenó al gobierno cumplir con la ley de Financiamiento Universitario.
Protesta social en Salta: Ley con vetos parciales que "la alivianaron"
La provincia de Salta cuenta desde junio de 2023 con un nuevo marco legal para regular las protestas y manifestaciones públicas. Se trata de la Ley Nº 8.376, sancionada por la Legislatura y promulgada con veto parcial del Poder Ejecutivo, una intervención que resultó decisiva para evitar restricciones consideradas excesivas al derecho constitucional de reunión.
El proyecto original buscaba “conciliar” el derecho a la protesta con la libre circulación, el funcionamiento de servicios esenciales y la protección de la propiedad pública y privada. Sin embargo, varios de sus artículos imponían condiciones previas obligatorias, como la notificación con 24 horas de antelación, la identificación de responsables y la habilitación parcial del tránsito como requisito para permitir una manifestación.
El eje del veto: no condicionar el derecho a protestar
En el decreto de promulgación, el Ejecutivo provincial argumentó que esos requisitos no se ajustaban a la Observación General Nº 37 del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que establece que la notificación previa no puede ser una condición para el ejercicio del derecho de reunión pacífica.
Por ese motivo, fueron vetados:
la obligación de notificar previamente toda protesta,
la prohibición automática de manifestaciones no notificadas,
el límite rígido de dos horas para los procesos de mediación,
y la intervención judicial automática ante la falta de acuerdo.
Según el decreto, las restricciones generales y automáticas resultan desproporcionadas y pueden vaciar de contenido un derecho reconocido por la Constitución Nacional, los tratados internacionales y la Constitución Provincial.
Qué queda vigente
Con el veto parcial, la ley mantiene un enfoque de regulación sin criminalización. El Estado conserva la potestad de intervenir para:
- garantizar el carácter pacífico de las protestas,
- proteger servicios esenciales,
- prevenir delitos o daños,
- y promover instancias de mediación como herramienta prioritaria.
Además, la norma refuerza un principio clave al modificar el Código Contravencional:
el ejercicio regular de los derechos constitucionales no constituye una contravención.
Las fuerzas de seguridad, por su parte, deben actuar como último recurso, con identificación visible y estricto apego a la normativa vigente.
Un equilibrio delicado
La promulgación de la Ley 8.376, tal como quedó tras el veto, refleja la tensión permanente entre el orden público y la protesta social. En este caso, la decisión del Ejecutivo evitó que la regulación se transforme en un mecanismo de autorización previa y preservó el carácter no concesivo del derecho a manifestarse.
Así, Salta se suma a las jurisdicciones que reconocen que la protesta social no es una anomalía a tolerar, sino un derecho fundamental a garantizar, incluso cuando resulta incómodo para el poder.