Sociedad"La justicia salteña fabrica impunidad"
La Red Contra la Violencia Institucional expresó su fuerte rechazo a la decisión judicial que dejó sin efecto la condena contra Ezequiel de la Rosa Núñez, quien había sido sentenciado en 2023 a 12 años de prisión por abuso sexual gravemente ultrajante contra una menor y abuso sexual con acceso carnal contra la madre de la menor, Yanela Barrios.
Desde la Red señalaron además una fuerte contradicción en el fallo, ya que no se cuestiona el testimonio de la víctima, pero aun así se modifica la condena. En ese sentido, advirtieron que la resolución configura un caso de violencia institucional, al vulnerar derechos y exponer nuevamente a la víctima tras años de proceso judicial.
La dirigente Gabriela Cerrano sostuvo que se trata de una situación “sumamente grave” que expone fallas profundas en el sistema judicial. Recordó que Barrios lleva casi una década reclamando justicia por el abuso sufrido por su hija —por parte de su propio padre— y por ella misma, hechos que, según remarcó, están acreditados por pericias y que en 2023 derivaron en una condena a 12 años de prisión de cumplimiento efectivo. Sin embargo, cuestionó que una Cámara de Apelaciones haya reducido la pena a más de la mitad, permitiendo la liberación del acusado.
“Ni siquiera notificaron a las víctimas, se enteraron por terceros de que estaba en libertad, lo que genera un temor enorme”, advirtió. En ese sentido, afirmó que la falta de protección estatal agrava aún más la situación.
Cerrano consideró que el fallo puede encuadrarse como un caso de violencia institucional, al señalar que, pese a no poner en duda los testimonios y la existencia de pruebas, la Justicia termina beneficiando al agresor por “errores en la instrucción”.
“El impacto en las víctimas es absolutamente negativo: genera miedo, revictimización y silencio. Muchas mujeres terminan pensando que no vale la pena denunciar porque no les van a creer”, explicó.
Para la dirigente, este tipo de resoluciones no solo deja en una situación de extrema vulnerabilidad a quienes denunciaron, sino que también envía un mensaje preocupante a toda la sociedad sobre la falta de garantías reales de acceso a la justicia.
Un caso atravesado por denuncias y exposición
El caso tuvo una fuerte repercusión pública desde sus inicios, no solo por la gravedad de los hechos denunciados, sino también por la exposición que enfrentaron las víctimas durante el proceso. En particular, Yanela Barrios se convirtió en una figura visible en la denuncia, atravesando instancias judiciales prolongadas y episodios de hostigamiento.
Ante la consulta sobre si este caso expone fallas estructurales en el sistema judicial, la dirigente Gabriela Cerrano fue contundente al afirmar que, en su visión, la situación de la Justicia en Salta no puede explicarse simplemente por “errores” o problemas técnicos. “No se trata de fallos aislados ni de vacíos legales del Código Procesal Penal. Lo que vemos es una Justicia profundamente conservadora, con jueces que no quieren poner en el centro el interés superior del niño y que son muy reacios a escuchar a las víctimas”, sostuvo.
En ese sentido, planteó que esta postura tiene consecuencias directas en la realidad social: “Por eso son tan altos los índices de femicidios y de violencia de género. Cuando una mujer denuncia abuso o violencia, muchas veces no le creen o no encuentra respuestas”. Desde su espacio político, el Partido Obrero, remarcan que no se trata de fallas estructurales en términos técnicos, sino de definiciones políticas dentro del Poder Judicial que terminan condicionando el acceso real a la justicia para las víctimas.
Para Gabriela Cerrano, la violencia institucional se expresa con claridad en el funcionamiento de la Justicia, a la que considera fuertemente condicionada por el poder político. “Cuando tenés una Justicia nombrada por el poder político, aparecen prácticas como el maltrato a las víctimas, la falta de medidas de protección y la ausencia de intervención efectiva. Eso deja secuelas muy graves”, afirmó.
En esa línea, recordó su paso por el Senado provincial, donde cuestionó la incorporación del juicio abreviado en el Código Procesal Penal de Salta. “Nos decían que no se iba a aplicar en casos de violencia de género, pero la realidad demuestra lo contrario”, señaló. Según explicó, existen numerosos casos de abuso sexual que se resuelven mediante este mecanismo, en el que el agresor reconoce el delito a cambio de una pena reducida.
Como ejemplo, mencionó el caso de una menor del Valle de Lerma que fue abusada por un agente sanitario. “El violador reconoció el hecho y recibió solo cinco años de prisión. La víctima, agotada, aceptó el juicio abreviado para no tener que atravesar nuevamente pericias y revivir el trauma. Si no lo hacía, la pena podía haber sido de 15 años”, detalló.
Para Cerrano, este tipo de situaciones reflejan un problema de fondo: “La Justicia salteña termina fabricando impunidad, porque empuja a las víctimas a aceptar condiciones desfavorables frente a un sistema que no las protege”.
Para Gabriela Cerrano, la gestión de Gustavo Sáenz presenta similitudes con la de Javier Milei, aunque con un discurso menos confrontativo. En ese sentido, cuestionó que, pese a que en la provincia rige desde hace años la emergencia en violencia de género, su aplicación es meramente “declarativa”, ya que se prorroga sin traducirse en políticas concretas. Como ejemplo, señaló el recorte institucional en el área: “La Secretaría de la Mujer fue degradada a subsecretaría, con menos presupuesto y menor capacidad de acción, mientras las mujeres siguen sin respuestas ni refugios y terminan defendiéndose solas”.
Cerrano también criticó decisiones en el ámbito judicial, como la designación de la defensora general, a quien vinculó con antecedentes cuestionados en casos de extrema vulnerabilidad. “Se trata de una política de fondo, donde sectores de poder siguen resistiendo avances en derechos para las mujeres”, afirmó. En ese marco, sostuvo que la falta de perspectiva de género y la ausencia del principio del interés superior del niño profundizan la desprotección. “No se trata solo de leyes, sino de voluntad política. Hoy el Estado permite que el machismo avance sin freno”, advirtió, y destacó el rol de las organizaciones sociales en la conquista de derechos: “Todo lo que se logró fue producto de la lucha, y en ese camino vamos a seguir”.
Ante la consulta sobre qué mensaje daría a las víctimas que atraviesan situaciones similares, Gabriela Cerrano reconoció la dificultad que implica denunciar hechos de abuso o violación. “Sabemos que es muy difícil, porque muchas veces la víctima siente que es ella la que tiene que dar la cara, cuando en realidad quien debería hacerlo es el abusador”, expresó.
En ese sentido, advirtió que en muchos casos las víctimas se ven obligadas a hacer público su testimonio para evitar la impunidad. “Eso también es una carga muy grande”, señaló. Por eso, remarcó la importancia de no atravesar estos procesos en soledad:
“Planteamos que deben apoyarse en las organizaciones y asociaciones de mujeres, que son las que vienen dando una lucha sostenida para cambiar de fondo esta realidad”.
Finalmente, destacó el acompañamiento a Yanela Barrios y subrayó la relevancia del movimiento de “madres protectoras”. “Es una lucha clave, que muchas veces es desacreditada o incluso silenciada con medidas como el bozal legal, pero que sigue siendo fundamental para visibilizar y enfrentar la violencia”, concluyó.