El gobierno nacional envió al Congreso de la Nación un proyecto de ley para modificar sustancialmente la Ley de Emergencia en Discapacidad que no viene aplicando, a pesar de que la Justicia así lo dictaminó.
En medio de la crisis política que generó el supuesto pago de coimas que se está investigando y que llevó a la eliminación de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), ingresó en el Senado de la Nación el texto que lleva como nombre “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”, y que propone modificaciones sustanciales a la legislación vigente y plantea nuevas restricciones para los potenciales beneficiarios, redefiniendo los criterios para acceder a la ayuda estatal.
Según el texto oficial, la iniciativa propone un reempadronamiento obligatorio para todos los titulares de pensiones por invalidez, quienes deberán acreditar nuevamente su condición médica, situación socioeconómica y antecedentes laborales. "Aquellos que no lo hagan sufrirán una suspensión automática de la pensión y la pérdida del beneficio“.
Momentos previos a iniciar la caravana que partió desde el Monumento a Güemes, Ademar Anachuri, presidente de Atradis (Asociación de Transportistas de Discapacidad de Salta) habló con Gente de Salta y lamentó que de aprobarse la nueva ley “esto provocaría mucho daño a un sector que viene siendo golpeado desde que asumió Javier Milei”.
Al respecto explicó: “El reclamo es puntual, es en contra del proyecto de ley que ha presentado el Ejecutivo Nacional a senadores para dar de baja la ley de emergencia y discapacidad, también para liberar el nomenclador, lo que va a hacer muchísimo daño a todos los prestadores y también a las personas con discapacidad”.
El presidente de Atradis calificó como un “retroceso importante respecto a todos los derechos que se habían conseguido hasta ahora” y mencionó: “Las personas con discapacidad no van a poder tener una pensión por discapacidad y ser incluidos en un trabajo dentro de todo normal en blanco, entonces le están quitando la posibilidad de integrarse y de trabajar. También pretenden al liberar el nomenclador nacional que cada obra social pague lo que ellos quieran o lo que puedan”.
En cuanto a la situación de los transportistas en Salta, Anachuri sostuvo que hasta el año pasado, un 30% dejó de trabajar y devolvió las licencias ya que “los números no cierran, por cada kilómetro, la obra social actualmente paga 800 pesos mientras que el litro de combustible ronda los 2200 pesos y encima pagan con 60 días de atraso”.
Y agregó: “Son muchísimos los prestadores de transporte de discapacidad que van a ser afectados y lamentablemente si estas cosas suceden va a seguir desapareciendo el transporte de discapacidad. Hoy en día, muchos compañeros salen a trabajar con aplicaciones para poder juntar para el combustible porque de otra manera no se puede prestar el servicio”.
Por último advirtió: “Entiendan que si este proyecto sigue adelante, niños y adultos con discapacidad van a quedar en casa porque las familias no tienen los recursos económicos para poder seguir llevándolos o pagar un arancel diferenciado para poder seguir asistiendo a sus terapias. La gran mayoría están muy preocupados y la situación es grave”.