El cierre definitivo del pozo petrolero que dejaron abierto en Lomas de Olmedo, identificado como X-10, y que está generando una contaminación diaria sobre la flora, fauna y bosques de Salta, a raíz de la emanación de gases tóxicos. requerirá una inversión estimada de 12 millones de dólares.
Este número es solo de base ya que se estima de acuerdo a cálculos que datan de algunos meses atrás; es por eso que las autoridades que hasta este mes llevaron adelante la administración del área de gobierno competente a ambiente, es decir el Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable (que pasará a ser de Producción y Minería tras la nueva ley de ministerios) busca que la empresa responsable afronte la totalidad de los costos, lo que ha desatado una compleja batalla legal.
Hasta ahora venía llevando el caso el Comité de Crisis creado por el ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos, cuyo destino se desconoce en la conformación del nuevo gabinete aunque se cree que será reemplazado por Gustavo Carrizo ex titular del Instituto Provincial de la Vivienda y senador provincial mandato cumplido. Completan el comité Pablo Guantay, director general de Hidrocarburos de la Secretaría de Minería y Energía; David Lefavi, director de Fiscalización y Control de la Secretaría de Recursos Hídricos; y Pablo Buccianti, coordinador general de la Fiscalía de Estado.
Detalles del pozo y gestiones
El pozo petrolero fue originalmente perforado en 1983 por YPF, cuando era una sociedad del Estado. Posteriormente, el área fue concesionada a diversas empresas, siendo President Petroleum S.A. la última operadora. Forma parte de un conjunto de pozos perforados por YPF SA durante su operación en la cuenca hidrocarburífera norte.
De los Ríos indicó que, desde el inicio de la gestión, se han realizado esfuerzos para identificar los pozos que carecen de un proceso de abandono adecuado, iniciando gestiones con la petrolera estatal. "Muestra de esto es que la empresa YPF ya está trabajando también en el rescate de explosivos, que es otra cuestión que había que resolver".
En 2023, la detección de una fuga de gas y fluidos en el pozo activó las alarmas y la Dirección General de Energía e Hidrocarburos, dependiente de la Secretaría de Minería y Energía, inició las verificaciones en campo e intimó a la concesionaria actual. Se implementaron medidas preventivas iniciales, como la construcción de una pileta de contención para los fluidos y se exigió a President Petroleum S.A. la presentación de un plan de abandono definitivo.
"Actualmente hay presencia de gases de dióxido de carbono en un 95% y un 5% de metano, por lo que determinamos una zona de exclusión de un perímetro de 200 metros por seguridad", explicó el funcionario recientemente, algo que los especialistas de Greenpeace señalaron a Gente de Salta que no es suficiente, porque se expande.
Riesgos para la población
Intentando calmar a la población, los funcionarios afirmaron que "mientras se respete la zona de exclusión que está siendo cercada no hay amenazas para la vida de las personas ni los animales", algo enérgicamente desmentido por biólogos y otros especialistas de Greenpeace que mostraron la muerte y desolación en la zona. Los habitantes de La Estrella y los puesteros ubicados a más de 800 metros del pozo se siguen yendo del lugar porque no se puede respirar.
Acciones legales contra múltiples empresas
Las acciones legales emprendidas son contra seis empresas: President Petroleum S.A., E.P.P. Petróleo S.A., Tripetrol Petroleum S.A., Netherfield Corporation Sucursal Argentina, Petrolera San José S.R.L. e YPF S.A.
La Ley General del Ambiente, en su artículo 31, indica que todos los que han participado o que han tenido responsabilidad en la cadena de producción del daño, tienen responsabilidad tanto de remediación como de reparación.
La Procuración General y la Fiscalía de Estado han iniciado dos causas: una contenciosa administrativa para lograr la reparación y otra a través del fuero penal. La complejidad legal refleja la dificultad para determinar la responsabilidad principal en el daño ambiental.