Carlos Héctor Vázquez, un suboficial retirado del Ejército Argentino, murió el 1° de mayo pasado en la provincia de San Juan tras ingerir un frasco de pastillas en medio de la disputa que mantenía con el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa) por la falta de atención.
El hombre de 77 años ya había intentado quitarse la vida cuando el 4 de marzo pasado se disparó en el abdomen frente al monumento al general San Martín, en el Parque de Mayo en la Ciudad de San Juan. En aquella oportunidad Vázquez fue rápidamente asistido y, gracias a que la bala no alcanzó ningún órgano vital, lograron salvarle la vida.
Tras ser asistido las autoridades encontraron en la mochila, en la que había llevado el arma, una carta en la que explicaba los motivos de su decisión que estaban vinculados a su delicado estado de salud y a la falta de atención por parte de Iosfa.
Allí, el hombre recordaba que era un militar retirado con más de seis décadas de aportes a la obra social de las Fuerzas Armadas. "Desde que comencé mi carrera en el Ejército a los 16 años pago la obra social", aseguraba y seguía: "Tengo casi 80 años y sigo pagando la obra social. Nunca dejé de hacerlo".
Vázquez detallaba además que había sufrido "una infección muy grave en los ojos. En la nariz me hicieron una operación de más de ocho horas y después me detectaron cáncer” y advertía sobre la delicada situación de la obra social: "Nunca vi que un presidente, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y su ministro abandonaran a sus soldados".

En febrero pasado el gobierno de Javier Milei disolvió el Iosfa que acumuló deudas multimillonarios desde el inicio de la gestión de La Libertad Avanza y durante el paso de Luis Petri por el Ministerio de Defensa en el marco del feroz ajuste impulsado desde la Casa Rosada. Como consecuencia de estas políticas el Iosfa, que tiene más de 600 mil afiliados, debió avanzar en un profundo recorte de sus prestaciones en todo el país. Tras la disolución del Iosfa, el Gobierno creó dos nuevas entidades autárquicas, una destinada exclusivamente al personal militar, la Obra Social de las Fuerzas Armadas (Osfa), y otra a las fuerzas federales de seguridad, la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (Osffeseg).
Al momento del desembarco de Milei en la Casa Rosada, Isofa estaba saneada e incluso tenía superávit. Según advirtió el ex ministro de Defensa Agustín Rossi, “no hay cosa que Milei no destruya: fundieron Iosfa y ahora sacan un DNU para disolverla. La obra social tenía un superávit que ellos convirtieron en un déficit consolidado de 200.000 millones y un déficit operativo mensual enorme”.
Desde el inicio del gobierno de Milei, la gestión de Iosfa estuvo en manos de tres administradores, los tres mendocinos cercanos a Petri. Los dos primeros, Oscar Sagás y Roberto Fiochi, pidieron préstamos que no se pagaron, y la última fue Betina Surballe. Durante los dos años de gestión libertaria, el personal (sobre todo médicos y técnicos) fue renunciando y los prestadores optaron por dejar de brindar el servicio o exigir copagos altísimos.
A esto se sumó el drama de los afiliados, que en algunos casos tuvieron que pelear para que les entreguen medicamentos oncológicos o insulina. “Nuestras compañeras se van llorando. No hay prótesis, no hay marcapasos. Es una crisis terrible”, contó meses atrás Rubén López, secretario de la junta interna de Iosfa.
Pero el ataque a la obra social por parte del gobierno de LLA fue múltiple: a las deudas millonarias se sumaron los despidos masivos en enero de 2025, que dejaron aún más debilitada a la institución.
La renuncia del presidente de la obra social
El general de brigada Sergio Maldonado presentó su renuncia como presidente de la Obra Social de las Fuerzas Armadas, a solo tres meses de haberse creado tras la disolución del IOSFA.
Fuentes al tanto de la situación revelaron que la salida se produce por diferencias profundas de Maldonado con el ministro de Defensa, Carlos Presti, en el marco de la crisis que afecta a miles de militares activos y retirados que no tienen cobertura médica.
El Gobierno buscaba descomprimir la dramática situación con la nueva obra social pero todavía no queda claro la manera en la que Defensa se hará cargo de una deuda de 200 mil millones de pesos que tiene a los afiliados sin cobertura y en muchos casos tiene que transitar enfermedades graves y tratamientos complejos de su bolsillo.

La Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) fue creada mediante el decreto 88/2026, que dispuso la disolución del IOSFA y su división en dos nuevas entidades para separar al personal militar del perteneciente a las fuerzas federales de seguridad:
- Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA): destinada al personal bajo la órbita del ministerio de Defensa.
- Obra Social de las Fuerzas de Seguridad Federales (OSFFSEG): orientada al personal de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval.
Respecto al pasivo acumulado, el Estado nacional aseguró que asumirá la deuda millonaria heredada por el IOSFA, aunque persisten dudas y cuestionamientos sobre el mecanismo previsto para cancelar esos compromisos. En las últimas semanas también trascendió que parte de las obligaciones habría comenzado a cubrirse con fondos originalmente destinados a salarios de las Fuerzas Armadas.
El relevamiento debía incluir el análisis presupuestario, económico, financiero, patrimonial y normativo del organismo, además de la evaluación de programas, proyectos y operaciones desarrolladas entre 2019 y el cierre del ejercicio 2025. El objetivo oficial era determinar el estado real de la institución y contar con elementos técnicos para respaldar futuras decisiones en medio de la crisis.
Afiliados harán abrazo simbólico a obra social IOSFA
Este jueves 7 de mayo, a las 10 horas, realizarán un abrazo simbólico los afiliados a la obra social del personal de las Fuerzas Armadas y de Seguridad IOSFA, en reclamo de atención, tras el fallecimiento del suboficial mayor retirado Carlos Héctor Velázquez, de 77 años. Padecía cáncer y diversas afecciones graves. Se quitó la vida el pasado 1 de mayo, al no tener la cobertura médica tras 61 años de aportes.
En la provincia hay siete mil afiliados afectados que manifiestan su preocupación por casos de abandono y falta de cobertura. No cuentan con prestaciones, medicamentos y beneficios sociales por los que aportaron toda su vida.