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La creciente ola de hechos violentos en General Pizarro llevó al intendente Francisco “Paco” Pérez a solicitar formalmente al Ministerio de Seguridad de la Provincia el cambio completo de la conducción y del personal de la Subcomisaría local, al considerar que el actual esquema policial se encuentra desbordado y no logra garantizar la seguridad en la localidad.
El pedido fue elevado al ministro Gaspar Sola Usandivaras, luego de una serie de episodios de extrema gravedad ocurridos en los primeros días del año, que generaron un fuerte impacto social y encendieron las alarmas en la comunidad. Entre ellos, se destaca el homicidio de un joven de 25 años, cuyo cuerpo fue hallado cerca de las vías del ferrocarril, hecho por el cual hay dos personas detenidas.
A ese crimen se sumaron otros sucesos que profundizaron el clima de temor. El 1 de enero, un joven resultó gravemente herido tras recibir un disparo con un arma calibre 22 y, horas más tarde, se registraron nuevos episodios armados que reforzaron la percepción de inseguridad entre los vecinos.
Los problemas con la Policía de la localidad
En ese contexto, el intendente explicó al medio Expresión del Sur que el pedido de traslado del personal policial no busca sancionar a los efectivos, sino reordenar el sistema de seguridad en una comunidad pequeña, donde la mayoría de los agentes mantienen vínculos personales y familiares con los habitantes del pueblo. Según precisó, cerca del 80 por ciento del personal policial es oriundo de General Pizarro.
“En una localidad chica, con lazos familiares y relaciones personales muy cercanas, muchas veces se dificulta una intervención imparcial y efectiva”, sostuvo Pérez. A su entender, los últimos hechos dejaron en evidencia que la estructura actual no está dando las respuestas que la comunidad necesita frente a situaciones de violencia extrema.
El jefe comunal también cuestionó el funcionamiento de la Fiscalía con sede en Apolinario Saravia, al señalar falencias en la presencia y la rapidez de intervención ante hechos graves. Remarcó la necesidad de un mayor acompañamiento judicial para garantizar respuestas inmediatas y eficaces.
El malestar social se vio agravado por denuncias de vecinos que aseguran que algunas presentaciones no habrían sido registradas formalmente en la dependencia policial local, situación que derivó en reclamos públicos y expresiones de indignación en redes sociales.
Finalmente, Pérez afirmó que espera una respuesta urgente del Gobierno provincial y advirtió que General Pizarro atraviesa un momento crítico. “La comunidad está al límite y necesita acciones concretas para recuperar la tranquilidad”, concluyó.