La Quebrada de las Conchas, un lugar de ensueños
La realización de una boda provocó que la justicia de Salta abriera un expediente para investigar si el pacto de amor entre dos personas, que se llevó a cabo en un lugar emblemático de la provincia, un área restringida, fue lícito. Al parecer, el permiso que presentaron para desarrollar el evento es falso. Frente a las sospechas de irregularidades, inervino la fiscal de Cafayate, Sandra Rojas.
La fiscal deberá determinar si la boda que se desarrolló en la Quebrada de las Conchas, en Cafayate, constituyó algún tipo de delito relacionado al permiso que habría sido presentado como válido para la realización del evento privado en un área protegida y cuya autenticidad se encuentra en duda.
La causa se originó a partir de la denuncia radicada tras la circulación de un documento que, según las autoridades competentes, no habría sido emitido por el organismo ambiental correspondiente, lo que motivó la intervención del Ministerio Público Fiscal.
En forma paralela, la Unidad Fiscal Contravencional impartió directivas en lo referido a la realización del evento sin contar con la autorización administrativa exigida, en el marco de la normativa vigente para actividades en áreas protegidas.
Ambas intervenciones avanzan de manera coordinada con el objetivo de establecer las responsabilidades que pudieran corresponder, tanto en el plano penal como contravencional, en resguardo del orden público y la protección ambiental.
Dieron el “sí quiero” y se armó
Decidieron dar el “sí” y lo que debía ser una celebración se convirtió en un inesperado problema. Una pareja habría decidido casarse en un lugares de ensueños con los que cuenta Salta: la Quebrada de las Conchas, en Cafayate, localidad que no tardó en dar a conocer un comunicado donde apuntan que realizarán una denuncia al respecto.
Los enamorados sellaron el pacto en plena Quebrada, sobre la ruta nacional 68, en el paraje La Punilla, y desde la Municipalidad de Cafayate señalaron que tras confirmar el evento confirmaron que presentaron una denuncia dado que el ahora matrimonio no contaba con los permisos oficiales para tal acción.
“Se recuerda que se trata de un área protegida, por lo que su uso está sujeto a normativas espacíficas para su preservación”, apuntaron en el comunicado al mismo tiempo señalaron que solicitaron la presencia policial para “garantizar el cumplimiento de la normativa vigente”.
Ahora habrá que ver qué tipo de acciones se llevan a cabo desde la Secretaria de Ambiente de la provincia en torno a lo ocurrido y si efectivamente no hubo un permiso y se llevó a cabo una boda en una área protegida.
Una mujer, usuaria de redes sociales, quien se identifica como Lucía Grajales Soriano, sostuvo que es propietaria de una vivienda en el lugar, con lo cual se habrían llevado a cabo los mecanismos legales corresponientes. “Mi propuedad está dentro de la reserva de las Conchas y se han tenido en cuenta todos los permisos pertinentes. Si tienen alguna duda se comunican conmigo. Hablan de más sin saber”, escribió y agregó el interrogante: "¿No puedo festejar la boda de un familiar en el fondo de mi casa?".
La Ley Provincial 6806, promulgada el 20 de octubre de 1995 y publicada el 10 de noviembre de 1995 en el Boletín Oficial, establece regulaciones provinciales. Esta norma, junto con otras disposiciones, afecta a áreas protegidas, incluida la zona de la Quebrada de las Conchas, exigiendo estrictos permisos.
Otro usuario de redes sociales, escribió: “Es un lugar de ensueño. Y deberían usarlo para ese tipo de eventos. Es como una iglesia natural. No veo nada de malo. Que el intendente se ocupe de arreglar las calles que están llenas de pozos, uno te cuento cuando tenés que subir a las Bodegas”.
Se investiga una supuesta autorización falsa
En tanto, el Ministerio de Producción y Minería, a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, tomó intervención ante la circulación de un documento apócrifo vinculado a la supuesta autorización de este evento privado en la Reserva Natural Quebrada de las Conchas, sobre la ruta nacional 68, en Cafayate, constatándose que dicho instrumento no fue emitido por el organismo competente.
Según esta información del gobierno de la provincia, se activaron los procedimientos administrativos previstos por la normativa vigente y se efectuó la denuncia correspondiente, a fin de resguardar la legalidad de los actos administrativos y proteger un área de alto valor ambiental de la provincia.
Las actividades en áreas naturales protegidas están reguladas por la Ley 7070 de Protección del Medio Ambiente y la Ley 7107 del Sistema Provincial de Áreas Protegidas, que establecen que cualquier intervención debe cumplir una evaluación de impacto ambiental previa, con documentación técnica y verificación de las condiciones del sitio.
La información oficial indica que las autorizaciones ambientales sólo tienen validez cuando son emitidas a través de los canales administrativos oficiales y cuentan con respaldo técnico y jurídico, y que la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable no emite permisos mediante documentos informales ni firmas insertas en imágenes o piezas no oficiales.
El cumplimiento de estos procedimientos permite resguardar las áreas naturales protegidas, asegurando condiciones claras para el desarrollo de actividades compatibles con la normativa ambiental vigente.