DeportesTras el Mundial, vuelve la investigación
El presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, fue demorado por agentes del FBI en el aeropuerto internacional JFK de Nueva York, antes de emprender el regreso a la Argentina junto a parte de la delegación de la Selección.
De acuerdo con la publicación, las autoridades estadounidenses le solicitaron sus teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos. Además, también habrían secuestrado computadoras y teléfonos pertenecientes a otros integrantes de la comitiva que regresó al país en el vuelo chárter de Aerolíneas Argentinas, lo que habría provocado una demora de más de dos horas en la partida del avión.
Sin embargo, la AFA negó categóricamente el episodio mediante un comunicado firmado por el abogado Gregorio Dalbón: "Es rotundamente falso. Ninguno de los episodios descriptos tuvo lugar", sostuvo el letrado.
Según detalló Infobae, el procedimiento estaría vinculado a una investigación que lleva adelante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, sobre la estructura financiera utilizada para administrar los contratos comerciales internacionales de la AFA.
En ese expediente aparece bajo análisis la empresa Tourprodenter LLC, señalada como agente comercial exclusivo de la entidad para acuerdos de patrocinio, amistosos y derechos televisivos.
La investigación, que analiza operaciones por más de 300 millones de dólares, busca reconstruir el circuito del dinero y determinar si existieron irregularidades financieras bajo jurisdicción estadounidense.
En ese marco, Tapia fue citado para declarar ante la Corte del Distrito Sur de Florida y aportar información relacionada con Tourprodenter y otros dirigentes vinculados a la operatoria, entre ellos Pablo Toviggino, Diego Lucero y Javier Faroni.
Las autoridades estadounidenses se encontrarían en una etapa preliminar de la pesquisa y, por el momento, no existen imputaciones penales contra Tapia ni contra los demás involucrados.
El objetivo es analizar documentación bancaria, comunicaciones y registros electrónicos para establecer el recorrido de los fondos y determinar si corresponde avanzar hacia una causa criminal.