EconomíaHay más implicados
El juez federal Federico De Giorgio ordenó el congelamiento de bienes, cuentas bancarias y activos financieros de Hayden Davis, creador de la criptomoneda $Libra, y de dos operadores identificados como Favio Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Rodolfo Mellino, en el marco de la causa que investiga presuntas maniobras financieras vinculadas al activo digital.
La medida se basa en información reunida por la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, que en los últimos meses avanzó en la reconstrucción de transferencias y operaciones en el país y en el exterior relacionadas con el circuito de $Libra.
Según trascendió, Rodríguez Blanco, ciudadano colombiano, habría operado una plataforma de criptoactivos en Buenos Aires utilizada para canalizar fondos al exterior, mientras que Mellino figura como titular de movimientos por más de cinco millones de dólares durante el último año.
El caso $Libra se hizo público a comienzos de 2025, cuando se conoció que Davis, desarrollador tecnológico radicado entre Estados Unidos y Uruguay, impulsó una criptomoneda que ofrecía altos rendimientos y posteriormente fue objeto de denuncias por presunta estafa.
La investigación parlamentaria indaga también eventuales vínculos entre el esquema financiero y aportes a la campaña política del partido libertario.
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“Monetizar la Imagen del Presidente”
La conexión entre el fraude y la cúpula del poder se profundizó con documentos que revelaron los planes de los lobistas argentinos. Tres meses antes del lanzamiento y colapso de $LIBRA, Novelli y el presidente Milei evaluaron la posibilidad de generar proyectos para “monetizar la imagen del Presidente” con el fin de obtener ganancias millonarias para ambos, según fuentes al tanto de las deliberaciones en la Quinta de Olivos.
Novelli argumentó que la imagen del líder libertario constituía un “activo personalísimo” que podía ser usufructuado libremente, sin vulnerar la Ley de Ética Pública ni el decreto 41/99. Sin embargo, en la propia velada en Olivos, el entonces abogado personal del Presidente, Diego Spagnuolo, planteó reparos a la propuesta de negocios, alertando sobre posibles conflictos de interés.
La tensión alcanzó su punto más alto con los mensajes de texto de Davis que salieron a la luz, en los que alardeó de sus vínculos y poder: “Le envío $$ a su hermana [por Karina] y él firma lo que digo y hace lo que quiero. Una locura”, escribió a fines de 2024 a un financista, sugiriendo un esquema de influencia y un plan que incluía otro criptoactivo con foco en la Argentina: $MILEI.
Mientras la Justicia argentina avanza con el congelamiento de activos, en los Estados Unidos, los inversores afectados redoblaron la ofensiva con una demanda colectiva (“class action”) que ampliaron en Nueva York. Acusaron a Davis, la plataforma Meteora y su referente Benjamin Chow de haber montado y liderado una “auténtica fábrica de fraude”.
Según los demandantes, el modus operandi fue un “manual de estafas” que combinó maquinaria promocional engañosa y el control secreto del mercado para ejecutar un “vaciamiento coordinado (rug pull)”, vaciando millones de dólares de los inversores minoristas. La responsabilidad de Chow, según la acusación, habría sido la de “arquitecto técnico” de la operación.
El punto más grave de la presentación judicial en Nueva York es la invocación de la ley que penaliza el crimen organizado, conocida como RICO Act. Los demandantes sostienen que los fraudes de $M3M3 y $LIBRA no fueron episodios aislados, sino que conformaron un mismo patrón de actividad delictiva continua. El futuro de la “class action” está en manos de la jueza federal Jennifer Rochon, en un caso que podría convertirse en un hito de los fraudes cripto transnacionales.
En Buenos Aires, en tanto, la prohibición de innovar que dispuso Martínez de Giorgi alcanza a Davis y dos presuntos “cueveros” cripto, y se suma a las medidas similares ya adoptadas contra Novelli y Terrones Godoy. El objetivo, según la resolución, es impedir la disposición o transferencia de activos que podrían estar vinculados al producto del delito y garantizar su eventual decomiso.