Con nueve meses consecutivos de caída real de la recaudación nacional, giros a provincias en baja y recortes sobre áreas como energía, educación y salud; ARCA, Gendarmería y fiscalías federales, en paralelo, intervinieron en operativos similares en al menos siete provincias, con secuestro de mercadería presuntamente ingresada de contrabando y bajo sospecha de haber evadido cargas tributarias de importación.
Sin embargo, casi en simultáneo a los procedimientos que se efectuaron durante los dos últimos meses en Salta y otros puntos del país, mayo cortó la racha. La recaudación nacional aumentó 1,7% en términos reales y registró su primera suba después de nueve meses. Eso sí, según pudo saber Gente de Salta tras consultar a fuentes vinculadas a la investigación de los casos de la provincia, todavía se está confeccionando el impacto económico de las maniobras bajo análisis.
Durante abril y mayo, según publicaciones oficiales de Gendarmería Nacional y del Ministerio de Seguridad, ARCA, la agencia de recaudación nacional, intervino de manera directa en operativos por presunto contrabando en al menos siete jurisdicciones: Córdoba, Catamarca, Tierra del Fuego, La Rioja, Formosa, Tucumán y Salta. En algunos casos, el organismo advirtió inicialmente los posibles hechos.
A los distritos mencionados se suman Chubut y Chaco, donde, según los comunicados oficiales relevados, ARCA no figura mencionada de manera expresa, aunque sí se registraron operativos federales de similar envergadura por presuntas infracciones aduaneras o hechos de contrabando.
Solo en Salta, los operativos recientes dejaron más de $359 millones en efectivo secuestrado entre dos causas. Además, se incautaron más de 34 mil prendas y artículos textiles, 1.280 pares de zapatillas, vehículos, celulares y una cuenta bancaria fue congelada por movimientos superiores a $1.180 millones. En una de esas causas, el avalúo total de lo secuestrado fue informado en $1.027 millones.
Al ampliar el lente, lo informado por los comunicados oficiales durante abril y mayo suma secuestros por más de $3.100 millones y US$144.100 en operativos federales por presunto contrabando. Los procedimientos abarcaron mercadería, bienes, efectivo y cheques, con rubros que van desde textiles, hasta electrónica, telefonía celular, bazar, bebidas, cigarrillos, juguetes, artículos para el hogar y vehículos.
Aunque no hay una confirmación oficial de una maniobra orquestada por Nación vía ARCA, ni una causalidad probada entre los operativos y la necesidad fiscal, el dato más reciente brinda una clave para dimensionar la prioridad recaudatoria de la gestión de Javier Milei: en mayo, la recaudación tributaria nacional alcanzó los $21.513.588 millones, con una suba nominal interanual del 35,6% y un crecimiento real (descontando inflación) del 1,7%.
El informe de IARAF, al que accedió Gente de Salta, muestra que la tensión fiscal no fue pareja en todos los tributos. En el acumulado enero-mayo, la recaudación nacional cayó 4,9% real interanual, pero los ingresos vinculados al comercio exterior tuvieron bajas mucho más profundas.
Los Derechos de Exportación retrocedieron 37,8%, mientras que los Derechos de Importación y Tasa Estadística cayeron 17,1% real. Este último dato es clave para leer el contexto de los operativos: se trata justamente de los tributos que el Estado cobra sobre mercadería importada formalmente.
En otras palabras: mientras la recaudación total seguía en terreno negativo, uno de los rubros directamente vinculados a la importación formal caía todavía más. Ese es el telón de fondo fiscal sobre el que se multiplicaron los procedimientos federales contra mercadería sin aval aduanero.
El problema ya venía siendo advertido por el sector pyme. El informe “Soberanía Ilegal”, elaborado por CAME, sostiene que Argentina carece de estudios completos sobre el impacto de la ilegalidad en la actividad formal, pero señala que las estimaciones más moderadas ubican a la economía ilegal e informal en torno al 60%, equivalente a unos US$379.960 millones, tomando como referencia el PBI argentino de 2024 informado por el Banco Mundial.
El documento también aporta datos directamente vinculados con los allanamientos recientes: afirma que el comercio ilícito representaba en 2019 el 12,4% del total, con una parte considerable proveniente de países limítrofes vía contrabando; que el comercio informal crece cerca de 3% anual; y que se estima que el 60% de los comercios operan en la informalidad.
Además, identifica a la indumentaria y el calzado como los rubros más afectados, con alrededor del 78% de los puestos de comercio ilegal relevados, justamente los sectores alcanzados por las causas federales abiertas en Salta.
En esa línea, el informe propone reconstruir un “Mapa de la Argentina Ilegal”, con rutas, puntos de origen, modalidades y rubros afectados, y recopilar estadísticas de mercadería secuestrada diferenciando si proviene de contrabando, robo, trabajo esclavo o fraude marcario. También reclama medir el impacto económico sobre las pymes y estimar la evasión fiscal en impuestos nacionales, provinciales y tasas municipales.
En el ámbito político el contexto fiscal también fue reconocido por la propia conducción económica. En mayo, el ministro Luis Caputo admitió que el margen para seguir sosteniendo el superávit únicamente con recortes era cada vez más limitado, después de una fuerte reducción del gasto público.
“Tenemos que recaudar más. Seguir generando superávit vía ajuste ya es muy difícil”, sostuvo Caputo en una entrevista difundida durante la segunda quincena de mayo.