El Banco Central de la República Argentina abrió una nueva vía para que ingresen dólares a los grandes proyectos del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) en todo el país, desde minería hasta petróleo y gas. Con un cambio en las reglas del mercado de cambios, la autoridad monetaria habilitó que los fondos no tengan que entrar directamente a los emprendimientos, sino que puedan hacerlo a través de sus socios, accionistas o empresas vinculadas.
La medida, formalizada en la Comunicación “A” 8426, permite que los proyectos del RIGI computen como propios los dólares liquidados por accionistas o sociedades asociadas. En la práctica, rompe el canal único de ingreso de divisas y, en un esquema que prioriza el ingreso de capitales —en línea con la reciente ley de “inocencia fiscal”, que reduce exigencias iniciales sobre el origen de los fondos—, puede disminuir la trazabilidad temprana del recorrido del dinero al habilitar que los fondos circulen por distintas capas societarias antes de consolidarse en el proyecto
Más caminos para los dólares
La propia norma es explícita. Las divisas pueden ser ingresadas y liquidadas por sociedades accionistas, integrantes de contratos asociativos o cualquier estructura vinculada al proyecto, y aun así ser reconocidas como inversión del VPU .
Para que esos fondos sean válidos, deben transferirse a una cuenta del proyecto dentro de los cinco días hábiles, quedar registrados contablemente y estar respaldados por una declaración jurada que confirme su destino .
Además, el Banco Central incorporó un elemento adicional: la retroactividad. Es decir, fondos que ya habían ingresado previamente pueden ser reencuadrados como inversión dentro del RIGI si cumplen con esos requisitos .
Las condiciones para que el ingreso sea válido
- Plazo de 5 días: una vez liquidadas las divisas en el mercado de cambios por el socio, los fondos deben transferirse a una cuenta bancaria a nombre del VPU en un máximo de 5 días hábiles.
- Registro contable: el dinero debe quedar estrictamente afectado al proyecto de inversión.
- Declaración Jurada: la empresa que liquida los fondos debe presentar una DDJJ dejando constancia de que el destino es el financiamiento del proyecto RIGI.
El cambio se da en un contexto donde ya rige la denominada ley de “inocencia fiscal”, que introduce una lógica distinta en materia de control. No elimina verificaciones, pero reduce la carga inicial sobre el origen de los fondos y desplaza los controles hacia instancias posteriores.
En ese marco, la nueva normativa del Banco Central encaja en un esquema más amplio que prioriza la llegada de capitales y la ejecución de inversiones por sobre los filtros previos.
Más velocidad, menos trazabilidad inicial
La combinación de ambas medidas configura un nuevo equilibrio. Más facilidad para que entren dólares y menos fricción administrativa en el arranque.
En sectores como la minería de Salta —y en particular en los proyectos de litio y cobre en la Puna salteña—, las iniciativas dependen de casas matrices, filiales en el exterior y estructuras societarias complejas. El capital puede recorrer varias capas antes de consolidarse en un mismo proyecto y, aun así, ser considerado inversión válida.
Un efecto indirecto: proveedores bajo presión
El nuevo esquema también introduce un efecto menos visible. Al facilitar el financiamiento a través de empresas vinculadas y la importación directa de bienes de capital, los grandes grupos refuerzan su capacidad para operar dentro de su propia red.
Esto no elimina a los proveedores locales, pero puede reducir su margen en los tramos más intensivos en inversión, donde los grupos internacionales suelen traer equipos, financiamiento y servicios desde el exterior.
El RIGI fue presentado como un régimen de reglas estables por 30 años. Sin embargo, la nueva comunicación del Banco Central muestra que esa estabilidad no impide ajustes operativos.
En este caso, el cambio no endurece el sistema. Lo flexibiliza y amplía los canales por los que puede ingresar el financiamiento.