EconomíaQuieren que el 20% de los trabajadores registrados vuelva a pagar el impuesto
El Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a marcar la cancha sobre el rumbo económico argentino y dejó en claro cuáles son las reformas que espera del Gobierno de Javier Milei. En un nuevo informe incorporado a la última revisión del acuerdo con la Argentina, el organismo pidió avanzar en una reforma tributaria integral que implique menos impuestos para los sectores exportadores y financieros, pero más carga impositiva para trabajadores y monotributistas.
La propuesta aparece en el llamado “Artículo IV”, el análisis de mediano plazo que el FMI retomó tras varios años sin realizar sobre la economía argentina. Allí, el staff técnico sostuvo que el sistema impositivo local es “complejo, distorsivo e inestable” y planteó una serie de cambios que podrían generar una recaudación adicional de hasta 3,3% del PBI.
El punto más sensible pasa por el impuesto a las Ganancias. El organismo cuestionó la reforma impulsada en 2023 durante la gestión de Sergio Massa, que había reducido fuertemente la cantidad de trabajadores alcanzados por el tributo. Según el FMI, actualmente menos del 1% de los empleados formales paga Ganancias y eso debe revertirse.
Por eso, recomendó que el Gobierno reduzca nuevamente el mínimo no imponible para que al menos el 20% de los trabajadores registrados vuelva a pagar el impuesto, como ocurría en 2019. De acuerdo con las estimaciones del propio Fondo, esa medida permitiría recaudar cerca de 0,4% del PBI adicional.
La cifra no es menor: los últimos datos oficiales muestran que en Argentina hay casi 12,9 millones de trabajadores registrados entre asalariados, monotributistas, autónomos y empleados públicos. Llevar el universo de contribuyentes a niveles similares a los de hace algunos años implicaría que millones de personas vuelvan a quedar alcanzadas por Ganancias.
El contador Sebastián Cristofari de C&A Integral Consulting advirtió que la propuesta impulsada por el FMI tendría un impacto directo sobre trabajadores de ingresos medios, que hoy están fuera del impuesto a las Ganancias. “Actualmente paga Ganancias menos del 1% de los asalariados formales, porque el piso ronda los $3 millones brutos mensuales. Pero si se aplicara la reforma que propone el Fondo, reduciendo las deducciones a casi un tercio de lo actual, el mínimo bajaría a entre $1,8 y $2 millones brutos”, explicó.
En ese sentido, remarcó que el salario promedio del sector privado formal hoy ronda los $1,4 millones, por lo que “no empezarían a pagar altos ejecutivos, sino trabajadores de clase media”. Según detalló, un empleado con un sueldo bruto de $1,8 millones perdería cerca de $97.000 por mes, mientras que alguien con ingresos de $2,2 millones resignaría alrededor de $155.000 mensuales. “Para alguien que ya viene golpeado por la inflación, no son cifras menores”, sostuvo. Además, alertó sobre dos factores que agravarían la situación: el arrastre inflacionario —porque si las deducciones no se actualizan al ritmo de los precios, cada vez más trabajadores quedan alcanzados aunque no mejoren su salario real— y el impacto del aguinaldo, ya que en junio y diciembre las retenciones pueden multiplicarse porque el SAC se suma al ingreso mensual.
Más presión sobre el monotributo
El FMI también puso la lupa sobre el régimen de monotributo, históricamente utilizado como una herramienta de formalización laboral para pequeños contribuyentes. Aunque reconoció que el sistema permitió ampliar la cobertura previsional y sanitaria, el organismo afirmó que el esquema actual genera “distorsiones” porque tiene una carga mucho menor que el régimen general.
“Genera fragmentación empresarial y limita el crecimiento de las empresas”, sostuvo el informe.
En consecuencia, el Fondo recomendó avanzar en una equiparación de cargas tributarias y contribuciones sociales, lo que en los hechos implicaría más presión fiscal para monotributistas y pequeños contribuyentes.
Además, cuestionó los “saltos bruscos” entre categorías y sugirió utilizar herramientas digitales para aumentar los controles fiscales. Según el organismo, los cambios sobre el monotributo podrían aportar entre 0,4% y 1% del PBI extra en recaudación.
Mientras propone ampliar impuestos sobre ingresos y consumo interno, el FMI insistió con una reducción gradual de tributos considerados “distorsivos” para los mercados y sectores exportadores. Entre ellos aparecen las retenciones al agro y el impuesto al cheque, dos herramientas históricamente utilizadas para sostener ingresos fiscales y regular la salida de divisas.
Sobre el impacto en los monotributistas, el contador Sebastián Cristofari advirtió que la propuesta del FMI podría terminar empujando a miles de pequeños contribuyentes hacia la informalidad. “El Fondo considera al monotributo como un régimen de baja presión que facilita la evasión y plantea una ‘convergencia’ con el régimen general. En los hechos, eso significa aumentar la carga tributaria hasta que muchos pasen a pagar IVA y Ganancias”, explicó. Sin embargo, sostuvo que ese cambio no necesariamente aumentaría la recaudación. “Un profesional independiente que hoy puede sostenerse dentro del monotributo difícilmente pase voluntariamente a un esquema mucho más complejo y costoso. Lo más probable es que subfacture o directamente trabaje en negro”, señaló.
“Eliminarlas mejoraría la competitividad y aumentaría las exportaciones”, afirmó el staff técnico.
Según sus cálculos, quitar retenciones podría incrementar en un 10% las exportaciones de cereales y oleaginosas y sumar unos US$5000 millones anuales adicionales. La lógica del organismo es clara: aliviar impuestos sobre sectores exportadores y financieros, mientras se compensa la pérdida de recursos aumentando la recaudación sobre trabajadores, consumo y pequeños contribuyentes.
Otro de los puntos señalados por el FMI fue el IVA. El organismo cuestionó las alícuotas reducidas y exenciones que hoy tienen algunos alimentos y productos básicos, al considerar que representan un “gasto tributario” equivalente al 1,2% del PBI. La propuesta apunta a unificar alícuotas y luego compensar a sectores vulnerables mediante transferencias directas del Estado.
En otras palabras, el Fondo propone eliminar beneficios fiscales sobre productos de consumo masivo para aumentar la recaudación y luego redistribuir parte de esos recursos a través de asistencia focalizada.
La discusión de fondo: quién decide la política económica
El informe vuelve a exponer el peso creciente del FMI sobre las decisiones económicas argentinas. Aunque formalmente se trata de “recomendaciones técnicas”, muchas de esas medidas forman parte de los compromisos asumidos por el Gobierno dentro del acuerdo vigente.
De hecho, el Ejecutivo ya prometió presentar antes de fin de año una propuesta de reforma tributaria.
La discusión ya no pasa solo por números fiscales o metas de recaudación. También abre un debate político más profundo: hasta qué punto las principales decisiones económicas de la Argentina se toman en Buenos Aires y cuánto responden hoy a las exigencias del Fondo Monetario Internacional.
— ¿Cuánta influencia tiene realmente el FMI sobre estas decisiones? ¿El Gobierno argentino tiene margen para decir que no?
Mucho menos del que se aparenta públicamente. Argentina tiene unos 44.000 millones de dólares de deuda con el Fondo bajo un Acuerdo de Facilidades Extendidas. Ese programa incluye lo que se llaman benchmarks estructurales: reformas tributarias, previsionales, laborales, que son condición para que se liberen los desembolsos. No son sugerencias: son compromisos formales que el Gobierno firma.
Yo le pondría a la influencia estructural del FMI sobre la política tributaria argentina un 8,5 sobre 10. No porque el Fondo dicte cada artículo de cada ley, sino porque el acceso al crédito internacional —del BID, del Banco Mundial, de los mercados de bonos— está implícitamente condicionado al aval del Fondo. Un gobierno que rompe el programa no solo pierde los desembolsos del FMI: pierde acceso a toda la cadena de financiamiento externo.
Dicho esto, hay margen. Los países que negocian bien —y hay experiencias en Portugal, Ecuador, Colombia— logran modificar el ritmo y la secuencia de las reformas. El Congreso, los gobernadores, los actores sociales pueden frenar reformas puntuales. Pero abandonar el programa completo sin consecuencias graves es, en este momento, prácticamente imposible.
— ¿Qué alternativa propondría?
Básicamente, invertir la lógica. En lugar de aumentar la presión fiscal sobre los que menos pueden evadirla —el asalariado formal y el pequeño contribuyente—, ampliar la base desde abajo. Reducir el IVA en bienes de primera necesidad, que es el impuesto más regresivo del sistema. Actualizar los topes del monotributo por inflación para que no pierdan contribuyentes por arrastre nominal. Y extender a las PyMEs algo parecido a lo que el RIGI ofrece a las grandes inversiones: certeza jurídica, reglas estables, condiciones para planificar, contratar y crecer.
Una economía que crece amplia la base imponible de manera natural. Esa es la forma sostenible de mejorar la recaudación, no comprimir el consumo de los sectores que todavía tienen algo para gastar.