Economía Provincia y Municipio
La Terminal de Salta cambió de manos, sin embargo, la relación del grupo empresario saliente con el Estado continúa, esta vez, en tribunales. Según un expediente judicial, la histórica concesionaria reclama a la provincia alrededor de $22,2 millones entre alquileres impagos y multas por la permanencia de oficinas luego del vencimiento contractual. “Ocupas”, en criollo.
En paralelo, según otro expediente al que pudo acceder Gente de Salta, la anterior administración de la terminal, también mantiene una disputa contra el municipio por un monto superior a los $11 millones, en una caso vinculado a daños, obras y pérdidas económicas relacionadas con el predio de la terminal.
La sociedad detrás de las demandas, que recientemente —en una de las causas— apeló un fallo ante la Corte de Justicia de Salta, es un importante grupo empresario que controla firmas como el Hotel Alejandro I y Nivel Seguros, entre otras: la familia Levín.
Contra la Provincia
El expediente más reciente se abrió hacia fines de 2025, cuando la administración de Terminal Salta S.A. —controlada por la familia Levín— transitaba sus últimos meses al frente de la terminal, cuyo contrato venció en febrero de este año.
La demanda apunta contra la Provincia de Salta y tiene origen en la utilización de oficinas ubicadas dentro del predio de la terminal luego del vencimiento contractual. Aunque el reclamo original ronda los $1,6 millones entre alquileres, expensas y servicios impagos, la acumulación de multas diarias e intereses elevaría la cifra total hasta aproximadamente $22,2 millones.
De acuerdo al expediente, el contrato original había sido firmado en 2018 y vencía el 28 de febrero de 2020. Aunque posteriormente existieron negociaciones para una renovación, Terminal Salta sostiene que el nuevo acuerdo nunca terminó de formalizarse mediante el correspondiente acto administrativo.
La empresa asegura que, pese a ello, la ocupación continuó y que la Provincia siguió abonando alquileres y expensas hasta julio de 2022. A partir de agosto de ese año, según la demanda, dejaron de pagarse los cánones mientras las oficinas seguían siendo utilizadas.
Recién más adelante aparece uno de los datos más sensibles del expediente: las oficinas eran utilizadas por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), el organismo nacional encargado de controlar y fiscalizar el transporte automotor de pasajeros en el país, aunque el vínculo contractual —según la demanda— habría sido firmado con la Provincia de Salta.
El proceso todavía parece estar en una etapa preliminar. De hecho, los movimientos más recientes del expediente —registrados durante mayo— fueron presentaciones de Fiscalía de Estado, el organismo encargado de defender los intereses de la Provincia dentro de la causa.
Contra el Municipio
Caso contrario ocurre en la causa que apunta contra la Municipalidad de Salta: se trata de un expediente mucho más antiguo, con mayor nivel de avance judicial y que incluso ya escaló hasta el máximo tribunal de la Justicia provincial.
El litigio tiene origen en el recordado hundimiento de dársenas ocurrido en 2012 dentro de la terminal de ómnibus, un episodio que derivó en obras, reparaciones y posteriores reclamos económicos vinculados al predio.
Según el expediente al que pudo acceder Gente de Salta, Terminal Salta S.A. reclama más de $11 millones entre costos de reparación, gastos financieros y pérdidas económicas derivadas del conflicto.
En primera instancia, la demanda fue rechazada el 15 de diciembre de 2025 por el juez Gonzalo Fernández Sabaté. En el fallo, el magistrado sostuvo que la concesionaria conocía desde el inicio las condiciones del suelo y que incluso había detectado problemas de humedad y menor capacidad portante en sectores cercanos al canal subterráneo.
La sentencia también remarca que Terminal Salta S.A. asumió contractualmente el diseño estructural, los estudios técnicos y las obras necesarias para evitar riesgos de colapso, por lo que concluyó que los daños y reparaciones derivados del hundimiento debían quedar bajo responsabilidad de la propia empresa.
Días después, la sociedad presidida por Rubén Levín apeló la sentencia y el expediente escaló hasta el máximo tribunal de la Justicia provincial.
El litigio todavía continúa abierto. De hecho, recientemente la Municipalidad respondió uno de los últimos traslados y ahora la causa quedó bajo análisis del Procurador General de la Provincia, quien deberá emitir un dictamen previo a una futura resolución judicial.
La Familia Levín
Detrás de Terminal Salta S.A., sociedad que hasta el pasado febrero administró la estación de colectivos de larga distancia, aparece la familia Levín, un grupo empresario históricamente vinculado al transporte, la hotelería, los seguros, el turismo y los desarrollos inmobiliarios en Salta.
Entre las firmas y marcas asociadas al grupo aparecen el Hotel Alejandro I, Nivel Seguros, Nivel Desarrollos, Autofix y distintas sociedades patrimoniales e inmobiliarias vinculadas a la familia. También existen antecedentes de expansión turística fuera de la provincia, particularmente en Jujuy, con sociedades vinculadas a hotelería y alojamiento.
La historia familiar también quedó atravesada por una tragedia personal: Alejandro Levín, hijo de Marcos Levín, murió en 2003 en un accidente vial. Con el tiempo, el Hotel Alejandro I terminó convirtiéndose en una de las marcas más reconocidas y simbólicas asociadas al apellido familiar.
Además del plano estrictamente comercial, distintos integrantes de la familia también tuvieron presencia institucional en Salta. Eduardo Levín llegó a presidir la Cámara de Turismo provincial, mientras Rodolfo y Rubén Levín aparecen vinculados a la Asociación Alianza Israelita / Kehilá de Salta.
Tras las muertes de Marcos y Eduardo Levín, Rubén Jonatan Levín quedó como la cabeza visible del entramado empresario familiar. Su nombre aparece en los últimos directorios societarios publicados vinculados al hotel, desarrollos inmobiliarios y la propia Terminal Salta S.A.