A horas del tratamiento definitivo del proyecto de modernización laboral —que ya fue aprobado en el Senado y también contó con respaldo en Diputados, aunque tras la eliminación del artículo 14 volvió a la Cámara alta— posiblemente vea luz verde, pero el sector industrial de Salta, según cuentan sus protagonistas, no tiene mucho que festejar: “no arregla nada”.

“El que crea que después de una reforma laboral empieza, al otro día, un proceso virtuoso de generación de empleo —contó Julio Fazio, vicepresidente de la UIS, a Gente de Salta— está equivocado de par en par”. Para el sector industrial, la reforma que realmente podría marcar un antes y un después tiene nombre y apellido: la impositiva.
“Si le preguntás a cualquier empresario si prefiere una reforma laboral o una reforma impositiva, el 99,9% va a pedir la impositiva”, agregó el dirigente, al describir cuál es, hoy, la prioridad del entramado productivo.
Aunque el “pero” gigante que plantea Fazio es otro: una reforma tributaria implicaría, en el corto plazo, una caída en la recaudación nacional que, en un efecto dominó, terminaría reduciendo los fondos que se giran a las provincias. En un esquema donde gran parte de los recursos provinciales dependen de la coparticipación, el impacto sería inmediato.

Pese a que el Gobierno viene sorteando con éxito en el Congreso los cambios estructurales que impulsa, no tiene mayoría propia y todavía depende del acompañamiento de legisladores que, sean diputados o senadores, “sin bloque” responden a los gobernadores de sus distritos y acompañar una ley que pueda resentir el financiamiento local sería pegarse un tiro en el pie. “La realidad, yo tengo mis dudas de que sea factible poder hacer esa reforma en el corto plazo”, pronosticó Fazio.
Aún así, la Reforma Laboral que está en vísperas de ver la luz, salvo alguna sorpresa excepcional en el recinto, prevé en distintos niveles una reducción en las cargas impositivas, entre ellas:
- reducción de impuestos internos a algunos sectores,
- la creación del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), orientado a promover inversiones productivas de empresas que califiquen como micro, pequeñas o medianas, y
- el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que se conformará con el 3% de las contribuciones patronales, que dejarán de ir al sistema previsional para constituir un fondo individual por empresa destinado a futuras indemnizaciones.
Lo que “preocupa” a Fazio, pese a los escasos cambios que introduce la modernización laboral, es que “si no logramos hacer algo realmente distinto y disruptivo”, la apertura y la invitación a competir pueden terminar siendo una trampa para la industria argentina.
“No se están dando las discusiones en profundidad”, señaló, al recordar que semanas atrás la polémica por el sector textil se instaló luego de que el ministro de Economía afirmara que nunca había comprado ropa en la Argentina. Para el dirigente industrial, el problema no es simplemente si conviene importar o no, sino cuáles son los costos reales de producir en el país.
A modo de ejemplo, mencionó una comparativa reciente de la firma Zara. Un mismo pantalón fabricado en Marruecos se vendía en Buenos Aires a 120 dólares, mientras que en Santiago de Chile costaba 80 dólares. “¿De quién es la culpa? ¿Del productor?”, planteó. Si el producto está hecho fuera de la Argentina y aun así resulta entre 30% y 40% más caro en el mercado local, sostuvo, el debate no puede limitarse a la eficiencia industrial.
En ese sentido, el industrial se suma a reclamos constantes que hicieron otros empresarios de la provincia en diálogo con Gente de Salta:
Desde la vitivinicultura, referentes del sector señalaron que más del 60% del costo de producción de una botella de vino se explica por impuestos, una estructura que reduce márgenes y dificulta competir tanto en el mercado interno como en el externo.
En el comercio cárnico, empresarios del rubro estimaron que cerca del 35% del precio final de la carne corresponde a impuestos, una carga que presiona sobre el consumo de un bien básico y limita cualquier recuperación sostenida de las ventas.
Los proveedores vinculados a la minería, en tanto, advirtieron sobre el impacto del efecto cascada de Ingresos Brutos y la superposición de tasas municipales, que encarecen los insumos locales frente a alternativas importadas y reducen los encadenamientos productivos dentro de la provincia.
Desde la lechería, el foco estuvo puesto en la informalidad y la falta de controles. Productores señalaron que el que cumple con todas las obligaciones fiscales compite en desventaja frente a productos que ingresan sin pagar impuestos, lo que frena el crecimiento y erosiona la recaudación.
Finalmente, desde la construcción, empresarios identificaron a Ingresos Brutos como uno de los tributos más distorsivos del esquema provincial y recordaron que la actividad estuvo exceptuada en el pasado, lo que hoy vuelve a tensionar los costos en un contexto de bajo poder adquisitivo y escaso financiamiento.

La coincidencia es clara: todos apuntan a una misma dirección: Ingresos Brutos, un impuesto provincial.