El Ente Regulador de los Servicios Públicos (ENRESP) confirmó una sanción de $238,9 millones contra EDESA por el error masivo de facturación detectado en General Güemes, que afectó a 991 usuarios y derivó en boletas con consumos acumulados de varios meses.
El 80 por ciento de los reclamos estuvo focalizado en cuatro barrios: San Isidro, San Vicente, 17 de Agosto y La Banda.

La resolución establece que la empresa omitió registrar correctamente los consumos entre enero y abril de 2026, emitiendo facturas con consumo cero y trasladando luego toda la energía consumida a una sola liquidación correspondiente a mayo. Además, al momento de realizar esa acumulación, tampoco aplicó beneficios como la tarifa diferencial por zona cálida ni los topes subsidiados establecidos por el Gobierno nacional.
Los argumentos del ENRESP
El organismo concluyó que EDESA incumplió una obligación esencial del servicio: facturar sobre la base de lecturas reales. Según el directorio del ente, la distribuidora:
- No acreditó causas de fuerza mayor que justificaran las irregularidades.
- No informó oportunamente a los usuarios sobre el problema.
- No comunicó al ENRESP la existencia de los errores.
- Eligió una solución que favoreció sus propios intereses económicos y perjudicó a los usuarios.
- Generó una situación que afectó la previsibilidad de los gastos familiares y la confianza en el sistema.
La resolución remarca que la empresa, por ser concesionaria de un servicio público esencial, tiene obligaciones reforzadas de transparencia, buena fe e información adecuada, principios que, según el organismo, fueron vulnerados.
Qué dijo Edesa: ¿fallas en la lectura de nuevos medidores?
El gerente general de Edesa, ingeniero Jorge Salvano, explicó que los reclamos por las elevadas facturas de energía registradas en General Güemes se originaron en inconvenientes con la lectura de los nuevos medidores electrónicos instalados en la ciudad.
Según detalló, durante una campaña de recambio de equipos se registró correctamente la energía consumida por los usuarios, pero debido a una falla en el sistema de transmisión de datos de los medidores electrónicos con concentrador, las lecturas abarcaron períodos mayores a un mes. Como consecuencia, esos consumos debieron haber sido prorrateados entre varios ciclos de facturación.
"Hay que diferenciar dos cuestiones: la energía efectivamente fue consumida por los usuarios, pero debía distribuirse en un período mayor de tiempo", explicó Salvavo, quien aseguró que la empresa identificó y corrigió los casos afectados.
Los usuarios que presentaron reclamos por estas facturaciones no sufrieron la suspensión del servicio mientras duró el proceso de revisión.
De esta manera, Edesa reconoció las irregularidades detectadas en el proceso de lectura de los nuevos medidores y aseguró que trabaja junto al Ente Regulador para corregir las facturaciones observadas en General Güemes.

Qué ocurrirá con los usuarios afectados
La multa no ingresará a las arcas provinciales, sino que será utilizada para compensar directamente a los 991 usuarios perjudicados.
Entre las medidas ordenadas por el ENRESP se encuentran:
- Refacturar mayo de 2026 utilizando únicamente las lecturas reales y sin acumulaciones.
- Cancelar con el monto de la sanción las facturas correspondientes a los períodos enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2026.
- Mantener la prohibición de cortar el servicio por falta de pago mientras continúe la auditoría.
- Otorgar créditos compensatorios a quienes ya hayan abonado las facturas cuestionadas.
De esta manera, los usuarios alcanzados no deberán afrontar los consumos acumulados que originaron la controversia.

La auditoría continúa
Aunque el ENRESP dio por concluido el proceso sancionatorio y estableció la multa, la auditoría iniciada sobre el sistema de facturación de EDESA seguirá en marcha. Sus resultados podrían derivar en nuevas medidas.
La resolución sostiene que el perjuicio no fue solamente económico, sino también informativo, ya que los usuarios quedaron privados de conocer mes a mes su verdadero consumo y de planificar sus gastos, situación que el organismo consideró incompatible con los derechos de los consumidores y usuarios establecidos en las constituciones nacional y provincial.
Qué hacer frente a casos de sobrefacturación
Los usuarios que reciban facturas con montos que consideren excesivos o detecten errores de facturación cuentan con mecanismos de protección para evitar que la prestación sea interrumpida mientras se resuelve el reclamo.
La situación, conocida como sobrefacturación, se produce cuando un consumidor advierte que el importe cobrado no se corresponde con su consumo habitual o considera que existe un error en la medición o en la liquidación del servicio.

En esos casos, el usuario puede presentar una impugnación ante la empresa prestataria y, de ser necesario, recurrir a los organismos de defensa del consumidor o entes reguladores correspondientes.
Uno de los principales puntos que se busca garantizar es que los usuarios no sufran la suspensión del servicio por negarse a abonar la parte de la factura que se encuentra en discusión.
De esta manera, mientras se analiza la procedencia del reclamo, las empresas deberán mantener la prestación y sólo podrán exigir el pago de los importes no cuestionados.
La medida apunta especialmente a proteger a sectores vulnerables y evitar que familias, jubilados o pequeños comercios queden sin servicios esenciales debido a errores administrativos o diferencias en la facturación.

Qué debe hacer un usuario
Ante una factura considerada excesiva, se recomienda:
- Conservar las boletas y antecedentes de consumos anteriores.
- Presentar el reclamo formal ante la empresa prestataria.
- Solicitar una revisión de la medición o de los montos facturados.
- Acudir a Defensa del Consumidor o al ente regulador si no obtiene una respuesta satisfactoria.
- Exigir una constancia escrita del reclamo realizado.
Los reclamos por sobrefacturación suelen aumentar en períodos de fuertes incrementos tarifarios o cuando se producen cambios en los sistemas de medición y facturación. En muchos casos, las diferencias son atribuidas a errores administrativos, estimaciones de consumo o problemas en los medidores.