Daniel Segura acumula más de $700 millones
Una nueva adjudicación en favor de la empresa vinculada al diputado provincial por General Güemes, Daniel Segura, se conoció después de la denuncia penal presentada por Carlos Saravia por presuntos “negocios incompatibles con la función pública”. Con esta última contratación, por casi $60 millones, la firma acumula más de $700 millones en contratos con el Estado provincial.
Se trata de Miguel Segura S.A., una sociedad integrada por familiares directos del legislador, que volvió a aparecer como proveedora de módulos alimentarios destinados a sectores vulnerables de la provincia. La contratación fue adjudicada por $59.950.000 mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial el 30 de junio, apenas un día después de la denuncia presentada por el presidente del Ente Regulador de los Servicios Públicos.
Daniel Segura, quien tiene entre sus responsabilidades el tratamiento de leyes y proyectos que en muchos casos son enviados por el gobierno provincial, habría quedado alcanzado por una posible incompatibilidad entre su función pública y las contrataciones adjudicadas a una empresa de su entorno familiar, según la denuncia de Saravia.
Con los montos señalados en esa presentación y la nueva publicación del Boletín Oficial, Miguel Segura S.A. supera los $734 millones en contratos con el Estado provincial entre 2021 y 2026. La cifra surge de sumar los $674.558.810 mencionados en la denuncia y los $59.950.000 de la nueva adjudicación.
La nueva contratación corresponde a la compra de 5.000 módulos alimentarios de emergencia para la Agencia de Contención y Desarrollo Comunitario, un área bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Según la resolución oficial, en el acta de apertura del 10 de junio se presentó un solo proveedor: Miguel Segura S.A.
La composición societaria es uno de los datos que Saravia pidió poner bajo revisión. En publicaciones oficiales figuran Miguel Segura López como presidente, Federico Miguel Segura Giménez como vicepresidente, y Marcelo Gustavo Segura Giménez y Daniel Alejandro Segura Giménez como directores suplentes. Este último es el propio diputado provincial por General Güemes.
La denuncia también pidió revisar la declaración jurada del legislador, para determinar si ese vínculo fue informado y si podía configurar una incompatibilidad con su función pública. En el planteo de Saravia, la discusión no pasa solo por la existencia de una empresa familiar, sino por el rol institucional de Segura, que ocupa una banca en Diputados y participa del tratamiento de leyes y proyectos que muchas veces son enviados por el gobierno provincial.
Además de ocupar actualmente una banca por General Güemes, con mandato 2023-2027, ya había sido electo diputado provincial en 2019 y también fue intendente del municipio cabecera del departamento. Hoy integra el bloque Todos por Salta, dentro del oficialismo legislativo
El expediente penal quedó cruzado, además, por la pelea pública entre Saravia y Segura por las facturas de EDESA en General Güemes. El conflicto comenzó después de los reclamos de vecinos que denunciaron boletas muy superiores a sus consumos habituales y de la intervención del ENRESP, que informó una multa de más de $238 millones contra la distribuidora eléctrica.
La denuncia de Saravia pidió investigar presuntas negociaciones incompatibles con la función pública, omisión maliciosa de declaración jurada, tráfico de influencias y coacción agravada. También sostuvo que Segura habría ejercido presiones públicas contra el titular del organismo regulador después de que el ENRESP interviniera en los reclamos contra EDESA.
Segura, por su parte, rechazó las acusaciones. En diálogo previo con Gente de Salta, el diputado sostuvo que la denuncia de Saravia buscaba desviar la discusión sobre el precio de la energía eléctrica y los errores de facturación en General Güemes. También negó haber ocultado su vínculo con la empresa familiar.
“Miguel Segura S.A. es una empresa familiar. La inició mi abuelo, la continuó mi padre y nosotros somos directores. Nunca oculté eso”, sostuvo el legislador, al defender su participación en la sociedad mencionada en la denuncia.
En la misma publicación, Segura cuestionó la actuación del ENRESP y aseguró que la multa aplicada a EDESA no resolvía el problema de fondo. Para el diputado, la respuesta debía pasar por la devolución del dinero cobrado de más a los usuarios afectados. “Multar a la empresa es una cosa, pero la solución real es que le reintegren la plata a la gente que pagó de más”, afirmó.
También apuntó directamente contra Saravia, a quien acusó de responder con cuestionamientos personales cada vez que se lo interpela por el rol del organismo regulador. Según Segura, Salta paga una de las tarifas eléctricas más caras del país y el ENRESP debería defender con mayor firmeza a los usuarios frente a la distribuidora.
El diputado también denunció dificultades para acceder a la declaración jurada patrimonial del presidente del ENRESP. Aseguró que, mientras a él le pidieron iniciar otro trámite administrativo para obtener esa documentación, Saravia sí habría accedido a su propia declaración. “Estamos jugando un partido en distintas condiciones. A él le dan información y a mí no”, cuestionó.
Con la publicación del 30 de junio, sin embargo, el expediente volvió a sumar un dato sensible: mientras la denuncia ya había llegado a la Procuración, Miguel Segura S.A. apareció otra vez en el Boletín Oficial como adjudicataria de una contratación millonaria con el Estado provincial.