El dinero se destinará a instituciones de la puna salteña
La empresa Posco Argentina SAU, dedicada a la extracción de litio, llegó a un acuerdo de conciliación con la justicia federal tras una investigación por irregularidades en la importación de más de 500 kilos de ácido clorhídrico, por lo que deberá pagar 20 mil dólares destinadas a instituciones educativas y sanitarias de la Puna salteña.
La jueza federal de Garantías 2 de Salta, Mariela Giménez, homologó el acuerdo, según informaron este jueves desde el Ministerio Público, y la investigación estuvo a cargo del fiscal federal Ricardo Toranzos y la auxiliar fiscal Carolina Aráoz Vallejo, del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta.
Justamente esa investigación descartó la comisión de un delito penal, al considerar que la sustancia importada de manera irregular, ácido clorhídrico, es un precursor químico.
Ácido clorhídrico importado de Corea del Sur
El origen del caso se remonta a marzo del año pasado, cuando Posco Argentina SAU inició los trámites para importar ácido clorhídrico desde Corea del Sur para utilizar en sus plantas en la Argentina, con ingreso al país a través del paso de Salvador Mazza, en la frontera de Salta con Bolivia.
Allí, la Dirección General de Aduanas detectó irregularidades en la documentación, por lo que dio intervención al organismo de control de precursores químicos, que a su vez remitió las actuaciones al Área de Casos Complejos de la fiscalía, ante la sospecha de que las anomalías pudieran encuadrar en un delito previsto en el artículo 24 de la Ley 23737, de persecución del narcotráfico, vinculado al ingreso de precursores químicos.
La fiscalía determinó que el trámite ante la Aduana fue correcto, aunque la autorización se otorgó sin que se hubiera finalizado el proceso ante el Registro Nacional de Precursores Químicos, lo que fue advertido recién al momento de los controles en zona de frontera.
Delito penal descartado
Por ello, se consideró una irregularidad administrativa y no un delito penal y, considerando la actitud colaborativa de la empresa, el Ministerio Público Fiscal propuso una conciliación.
El acuerdo, homologado por Giménez, incluye el pago de 20 mil dólares en un plazo de seis meses, que se destinará a instituciones educativas y sanitarias de las localidades de Estación Salar de Pocitos y Santa Rosa de los Pastos Grandes, en el departamento de Los Andes, ubicadas a gran altura, en la zona puneña de la provincia de Salta.
En tanto, la mercadería observada quedó inhibida, por disposición de la Dirección General de Aduanas.
Toranzos y Aráoz Vallejo destacaron que la conciliación se ajusta al artículo 22 del Código Procesal Penal Federal, que promueve las salidas alternativas para la resolución de conflictos, buscando "el restablecimiento de la armonía entre las partes y a la preservación de la paz social".
Asimismo, indicaron que la propuesta reparatoria se basa en los lineamientos de las Resoluciones PGN 97/2009 y 13/2019 de la Procuración General de la Nación.