EconomíaPor valuaciones reservadas y una causa judicial
El plan de privatizaciones impulsado por el Gobierno nacional alcanza a seis empresas, pero dos de esos activos atraviesan de lleno a Salta: Belgrano Cargas e Intercargo. Una mueve parte de la discusión logística de la provincia, con impacto en la producción, la minería y el transporte de cargas; la otra opera en el aeropuerto Martín Miguel de Güemes, una pieza sensible para la conectividad aérea local.
La lista se completa con Nucleoeléctrica, Transener, AySA y las centrales hidroeléctricas del Comahue, algunas con procesos ya adjudicados y otras todavía en trámite. Todas quedaron bajo sospecha por el modo en que se definieron sus valores de venta. El organismo que debía intervenir en las tasaciones fue apartado del proceso y esa tarea quedó en manos de un banco dependiente de Luis Caputo. En paralelo, hubo renuncias silenciosas, nuevas designaciones y la creación de áreas ad hoc, una secuencia que alimentó las dudas sobre posibles valuaciones por debajo del valor real.
Para privatizar una empresa pública, según la Ley 23.696, el Estado debe definir cuánto vale: sus activos físicos, sus contratos, sus ingresos proyectados, su infraestructura y su posición estratégica. Esa valuación funciona como una referencia central para evitar que bienes públicos sean transferidos a privados por montos inferiores a los que realmente representan.
En ese contexto, una investigación publicada por Ámbito encendió alertas sobre el proceso utilizado para valuar empresas que Javier Milei busca privatizar, al señalar que el Tribunal de Tasaciones de la Nación fue corrido de la escena y que las valuaciones quedaron en manos del Banco de Inversión y Comercio Exterior, más conocido como BICE, un organismo bajo la órbita del Ministerio de Economía.
La maniobra señalada tiene un nombre: Julio Roberto Villamonte, presidente del Tribunal de Tasaciones. Según la reconstrucción, fue él quien decidió que el organismo no participara en varias de las tasaciones solicitadas. Esa decisión abrió el camino para que el BICE asumiera una tarea que no formaba parte de su función tradicional y que, hasta ese momento, correspondía al organismo técnico especializado en la materia.
En el BICE también se produjeron movimientos internos: renuncias, nuevas autoridades y la creación de una Unidad de Valuaciones. Esa oficina aparece como una pieza clave, porque habría sido creada específicamente para intervenir en estos procesos. Allí es donde las sospechas ganan volumen: no solo se discute el precio final de las empresas, sino también quién lo calculó, bajo qué criterios y con qué nivel de publicidad.
El caso Intercargo es uno de los más avanzados en la Justicia. La Asociación del Personal Aeronáutico presentó una denuncia penal contra el proceso de privatización y fue aceptada como querellante esta semana. A partir de esa presentación, el Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 3 pidió informes al Ministerio de Economía y al BICE sobre la venta de la empresa y la tasación realizada.
En esa denuncia aparecen seis puntos cuestionados: la presunta subestimación de las proyecciones financieras de Intercargo, el uso selectivo de metodologías, el ocultamiento de otras tasaciones, la falta de transparencia, la falta de imparcialidad del BICE y el salteo del Tribunal de Tasaciones. Intercargo presta servicios de asistencia en tierra en aeropuertos de todo el país, entre ellos el aeropuerto de Salta.
Uno de los datos más fuertes señalados es que Intercargo habría tenido más dinero en activos financieros que el precio base con el que el Gobierno pretendía venderla. Se habla de un valor inicial de 45 millones de dólares, mientras la empresa contaba con más de 55 millones de dólares en activos financieros, sin incluir contratos ni bienes físicos. Bajo esa lectura, la tasación real debía ubicarse bastante por encima del monto de salida.
Belgrano Cargas, en tanto, aparece como el otro punto de impacto directo para Salta. Su eventual privatización se conecta con una discusión que la provincia viene siguiendo de cerca: el costo logístico para mover producción desde el norte hacia los puertos, el peso del transporte en la rentabilidad del agro y la minería, y la necesidad de mejorar la infraestructura ferroviaria para hacer competitivos proyectos ubicados lejos de los grandes centros de consumo.
Si una empresa como Belgrano Cargas fuera valuada por debajo de su valor real, la discusión no solo tocaría al Estado nacional, sino también a las provincias que dependen de esa infraestructura para producir, exportar y atraer inversiones. En el caso de Salta, el tren de cargas es parte de la conversación minera, agroindustrial y logística. Durante las últimas semanas, este medio dio cuenta de cuestionamientos por parte de sectores del campo que advierten la demora de los procesos.
La misma sombra alcanza a las hidroeléctricas del Comahue y a Transener, procesos que ya tuvieron avances. En esos casos, las denuncias también apuntan a la falta de acceso a documentación clave y a la reserva de información que debería ser pública en procesos de privatización. El reclamo de fondo es similar: si el Estado vende, debe explicar con claridad cómo definió el precio.
En el Gobierno, el argumento oficial se apoya en la necesidad de reducir la presencia estatal, ordenar empresas públicas y abrir la participación privada. Pero las denuncias abrieron otro frente: la sospecha de que el problema no sería solamente vender, sino vender mal. O, peor aún, vender barato activos que siguen teniendo valor económico, operativo y estratégico.
La privatización de empresas públicas ya era una discusión sensible para Salta por el impacto de Belgrano Cargas e Intercargo. Ahora, con las tasaciones bajo sospecha y una causa judicial en marcha, el tema suma una nueva dimensión: no solo quién se queda con esos activos, sino cuánto pagará por ellos y quién decidió que ese era su verdadero precio.