"Condiciones de precio y disponibilidad"
A contramano del objetivo con el que fue diseñado el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), cuyos beneficios impositivos están pensados para impactar en el empleo local y generar derrame en las empresas proveedoras del sector, la minera Rio Tinto avanzó en la importación sin aranceles de toneladas y toneladas de estructuras metálicas para el proyecto de litio más grande de Salta.
Se trata del desarrollo de Litio Rincón, el proyecto que la minera británico-australiana impulsa en Salta y que, bajo el paraguas del RIGI, comienza a mostrar el uso de la letra chica del régimen. En ese marco, China aparece como proveedor de estructuras metálicas en una decisión que desplaza no solo a empresas provinciales, sino también a proveedores metalúrgicos de otras regiones del país. Un escenario ya conocido por distintos sectores de la industria nacional en los últimos tiempos.
Gente de Salta, a partir de consultas con empresarios locales, pudo confirmar que los motivos detrás de esa decisión combinan dos factores centrales: La incapacidad de producir con costos que, presionados por la carga impositiva, no llegan ni siquiera a competir con los del gigante asiático, y también la imposibilidad de producir a la escala que demanda la segunda minera más grande del mundo, Rio Tinto.
Según explicaron proveedores del sector, pese a la enorme masa estructuras metálicas que se importan desde China, los insumos llegan “en partes”, e indican que ahí es donde entra la mano de obra local cuya tarea sería poner en marcha las plataformas.
“Se traen perfiles y grandes estructuras de acero, pero después hay que montarlas, hacer toda la instalación eléctrica, de agua, pintura y ponerlas en funcionamiento, y eso se hace con proveedores locales”, señalaron fuentes de este medio.
La letra chica
El margen de maniobra de la empresa, cuya inversión en el proyecto Litio Rincón asciende a US$ 2.700 millones, se sustenta no solo en la confirmación testimonial de especialistas del sector, sino también en una base normativa concreta, prevista en el documento oficial del régimen a las inversiones.
“La contratación de proveedores locales estará sujeta a que la oferta se encuentre disponible y en condiciones de mercado en términos de precio y calidad”, indica un fragmento del artículo 174 de la reglamentación.
Lejos de presentarse como una anomalía, el proceso es descripto con cierta naturalidad por los actores del sector. Esa mirada, sin embargo, deja al descubierto un desafío de fondo: cómo ampliar y sostener la capacidad productiva y de recursos humanos de una provincia que promueve proyectos de escala global, pero que todavía enfrenta restricciones para acompañarlos plenamente.
Según relatan, la evolución del empleo en la minería viene siguiendo el pulso de los grandes proyectos. Los mejores años para las empresas locales fueron los períodos en los que coincidieron varias construcciones en simultáneo, cuando la demanda de servicios y mano de obra creció de manera acelerada. Luego, con la finalización de esas obras, la actividad se desaceleró y muchas firmas atravesaron meses de baja utilización de capacidad, hasta que nuevas inversiones volvieron a traccionar al sector.
En ese esquema, la puesta en marcha de proyectos de gran escala —como el desarrollo de Litio Rincón— vuelve a generar un repunte en la demanda laboral, aunque no sin tensiones. Desde las empresas proveedoras explican que, ante picos de actividad, comienzan a aparecer faltantes de determinados perfiles técnicos y profesionales, un fenómeno registrado en ciclos anteriores. Ingenieros, técnicos especializados y ciertos oficios calificados suelen ser los primeros cuellos de botella cuando varias obras avanzan al mismo tiempo.
En cuanto a la carga impositiva, desde el sector señalan que uno de los principales factores que encarecen la producción es la superposición de tributos que se aplican a lo largo de la cadena. A la incidencia de Ingresos Brutos —que se replica cada vez que un bien o servicio cambia de manos— se suman tasas municipales, como la de higiene y seguridad, que en la zona de la Puna puede ubicarse entre el 0,6% y el 1,8%, además de gravámenes sobre servicios que alcanzan valores de entre 3,5% y 5%. Esa presión fiscal, explican, termina impactando de lleno en el costo final, reduce márgenes y dificulta competir con productos importados.
En ese contexto, la reciente presentación del Plan de Estímulos Fiscales “– Impuestos + Inversión”, impulsado por la Municipalidad de Salta, aparece como una señal de dirección correcta para mejorar la competitividad de los privados locales. Sin embargo, en el caso de los grandes proyectos mineros ya aprobados y en ejecución, estas medidas llegan cuando muchas de las decisiones estratégicas —especialmente las vinculadas a compras y provisión de insumos— ya fueron definidas, dejando en evidencia el desfasaje entre la inversión y la respuesta fiscal a nivel local.
En ese repaso, Diego Pestaña, uno de los fundadores de CAPEMISA, explicó que los mejores años recientes para los proveedores se dieron entre 2022 y 2023, y parte de 2024, cuando coincidieron en simultáneo las construcciones de plantas como Eramine, Ganfeng y Posco.
Tras ese pico de actividad, la demanda se frenó y el año pasado no mostró buenos registros, aunque comenzó a revertirse hacia fines de 2024 con el inicio de las obras del proyecto Litio Rincón. En términos de volumen, remarcó, la inversión de este desarrollo supera incluso a la de esos proyectos combinados, lo que volvió a traccionar trabajo para las empresas locales.
“Entiendo que este, va a ser un buen año y 2027 quizás va a ser el mejor de los conocidos por los proveedores”, auguró sobre el empleo y la actividad minera en Salta.