En un gesto de alto impacto político —y alto contenido simbólico— Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de mayoría chavista, se presentó este viernes en el centro de detención Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana, en Caracas. No fue a inspeccionar condiciones ni a escuchar reclamos en silencio: fue a poner una fecha.
Ante familiares de presos políticos que mantienen una vigilia permanente en el lugar, Rodríguez lanzó una promesa directa, sin rodeos: si el proyecto de Ley de Amnistía avanza, los detenidos recuperarán la libertad en cuestión de días. “Entre el martes que viene y, a más tardar, el viernes estarán todos sueltos”, aseguró. La frase no fue casual ni improvisada. Ató explícitamente las excarcelaciones a la sanción definitiva de la ley presentada hace apenas una semana por su hermana, la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Poder político, lazo familiar y libertad personal, todo en la misma oración.

La ley en cuestión abarca a detenidos por delitos políticos desde 1999 hasta la actualidad, una franja temporal que coincide milimétricamente con el ciclo del chavismo en el poder. El texto excluye —al menos en los papeles— a responsables de crímenes de lesa humanidad, violaciones graves a los derechos humanos y crímenes de guerra. Además, incorpora un concepto ambiguo y polémico: la “reparación de las víctimas” de las manifestaciones antigubernamentales. En Venezuela, incluso el perdón viene con letra chica.
Durante un acto transmitido por la señal estatal VTV, Rodríguez llamó a debatir el proyecto “en las calles” y a escuchar a las madres y a las víctimas. Dijo que todas las ideas son bienvenidas y habló de reconciliación nacional. “Pedir perdón y rectificar, pero también perdonar”, sostuvo. El mensaje suena a cierre de ciclo. El contexto, a control de daños.
Las declaraciones no ocurren en el vacío. Se dan en medio de la creciente preocupación por la situación de presos políticos extranjeros, entre ellos los argentinos Nahuel Gallo y Germán Giuliani, cuyos casos generan expectativa y cautela a partes iguales. Para sus familias, como para tantas otras, la promesa de libertad es una esperanza, pero también un déjà vu.

En Venezuela, la escena se repite: anuncios grandilocuentes, discursos de reconciliación y leyes que prometen cerrar heridas que el propio poder abrió. La diferencia, esta vez, es el calendario. El chavismo puso fechas. Falta lo más importante: que las cumpla.


