Decisión histórica
La Asamblea Nacional de Francia aprobó, este miércoles, por 291 votos a favor y 241 en contra, la primera ley sobre muerte asistida, reservada a pacientes con enfermedades graves e incurables.
La cámara baja del Parlamento dio luz verde al texto, lo que pone fin a la tramitación de una iniciativa anunciada por el presidente francés, Emmanuel Macron, hace más de tres años.
“En 2022, me había comprometido a abrir este camino con los franceses. Con gravedad, con humildad y en el pleno respeto a nuestra democracia, este compromiso se ha cumplido”, expresó Macron, en una publicación en la red social X, donde además consideró que “sobre esta cuestión tan íntima como grave, que toca la vida, el sufrimiento y la dignidad, solo un método era posible: tomarse el tiempo de la escucha, del diálogo y del debate”.
Luego, sostuvo que “las remisiones al Consejo Constitucional seguirán su curso según los principios de nuestro Estado de derecho”, y agradeció a “todos los parlamentarios que han permitido un debate constructivo y respetuoso”.
Por otro lado, el mandatario francés saludó “a todos aquellos que han participado en esta reflexión colectiva: los ciudadanos de la convención ciudadana, los cuidadores, las asociaciones. Los trabajos del Comité Consultivo Nacional de Ética han guiado nuestra reflexión”.
“Tengo un pensamiento para todas aquellas y aquellos que me han interpelado personalmente, que han compartido sus historias, sus dudas, sus convicciones y sus esperanzas”, dijo, y concluyó: “Sus testimonios han nutrido profundamente este texto”.
De este modo, la nación europea se suma al círculo relativamente reducido de Estados que han reconocido este derecho, desde Bélgica hasta los Países Bajos, pasando por Suiza, Canadá o Uruguay.
La aprobación de la norma llega en un contexto marcado por el envejecimiento de la población francesa y el aumento del número de pacientes con enfermedades crónicas, factores que han alimentado el debate sobre la atención al final de la vida.
La norma establece que solo podrán solicitar la ayuda para morir los mayores de edad con nacionalidad francesa que padezcan una enfermedad grave e incurable, en fase avanzada o terminal, y cuyo sufrimiento físico o psicológico sea constante y no pueda aliviarse o resulte insoportable.
En Francia, la Ley Leonetti, de 2005, prohibía hasta ahora la eutanasia activa, es decir, la intervención de un tercero para acortar el sufrimiento de una persona, pero autorizaba a un paciente a rechazar un tratamiento que constituyera una “obstinación irrazonable”.
Una eutanasia pasiva
En este caso se trata de una eutanasia pasiva, en la que los médicos deciden no tomar medidas para prolongar la vida del paciente.
Los términos “suicidio asistido” y “eutanasia” no aparecen en el texto francés, ya que la elección de un léxico “consensuado” fue una decisión tomada desde las más altas instancias del Estado, para encontrar un término medio en este tema, que divide, especialmente dentro de la comunidad médica, a pesar de las modificaciones realizadas al texto.
El diputado del MoDem Olivier Falorni, autor de la propuesta de ley, había señalado el pasado mes de febrero que la palabra eutanasia “ha sido mancillada por la historia debido al uso que le dio el régimen nazi”, y agregó que la expresión “suicidio asistido” genera “confusión” con “la lucha que hay que librar a favor de la prevención del suicidio”.
Según la iniciativa, el paciente que desee recibir ayuda para morir debe cumplir con cinco criterios: ser mayor de edad; tener nacionalidad francesa o residir de manera estable y regular en Francia; padecer una “enfermedad grave e incurable, cualquiera que sea su causa, que ponga en peligro la vida y se encuentre en fase avanzada”, presentar un sufrimiento físico o psicológico relacionado con dicha enfermedad, que sea “ya sea refractario a los tratamientos o insoportable” y ser “capaz de manifestar su voluntad de manera libre e informada”.
El paciente cuenta con un plazo de reflexión de al menos dos días para confirmar al médico que desea que se le administre un producto letal y el médico está obligado a emitir su decisión motivada en un plazo de 15 días a partir de la solicitud de ayuda para morir.
Los opositores al texto consideran que este plazo es demasiado corto y también les preocupa una “banalización del acto” impuesta al cuerpo médico.
Además, se establece una cláusula de conciencia para los profesionales de la salud que se nieguen a participar en el procedimiento de ayuda para morir.
Como señal de las reticencias políticas ante un tema que toca lo íntimo, el primer ministro Sébastien Lecornu anunció el martes 14 de julio que recurrirá al Consejo Constitucional para que la ley pueda aplicarse “en pleno respeto de los principios que garantiza nuestra Constitución y, en particular, de la dignidad humana”.