El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia anuló la sentencia de 10 años de cárcel contra la expresidenta interina Jeanine Áñez, que ejerció el mandato del país andino entre noviembre de 2019 y noviembre de 2020, y dispuso su libertad inmediata.
El presidente del cuerpo, Romer Saucedo, informó que la resolución se tomó por siete votos a favor y dos en contra, en el marco de una revisión extraordinaria de sentencia solicitada por la defensa para corregir vicios y vulneraciones de derechos.
“Se ha dispuesto la nulidad de la sentencia con la que ella contaba”, dijo Saucedo ante la prensa. El máximo tribunal comunicó que el juez de instrucción de la ciudad de La Paz debe ejecutar la liberación “de forma inmediata”.
Antecedentes del caso
Evo Morales dejó el poder el 10 de noviembre de 2019, tras denuncias de fraude en las elecciones generales, cuestionamientos sobre la inconstitucionalidad de su postulación, protestas masivas ante un fraude electoral y un motín policial que lo dejó sin respaldo.
En ese contexto de acefalía, Jeanine Áñez, entonces vicepresidenta del Senado, asumió la Presidencia el 12 de noviembre de 2019, mediante una sucesión legislativa.
La sesión en la que tomó juramento fue objetada por sectores que señalaron que no cumplía con los requisitos de oficialidad, pero de todos modos quedó investida como mandataria interina con el apoyo inicial de espacios antimasistas y de parte de la oposición.

Durante su gestión, Áñez se apartó del libreto de transición al promover su propia candidatura, lo que erosionó su base de respaldo.
Su popularidad cayó por episodios de represión contra manifestantes con víctimas fatales, por el manejo de la pandemia de COVID-19 y por denuncias de corrupción y uso indebido de recursos públicos.
El 8 de noviembre de 2020 declinó su postulación y dio por finalizada su administración, y en marzo de 2021 fue detenida por su rol en la crisis que derivó en su asunción y, en junio de 2022, condenada a 10 años de prisión por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes en la causa conocida como “Golpe II”.
La anulación de la condena representa el mayor triunfo judicial de Áñez desde su detención y abre un nuevo capítulo en su proyección política.
No obstante, la exmandataria continúa bajo investigación en otros expedientes, incluidos aquellos vinculados a presuntas violaciones de derechos humanos durante su gestión.
