La Justicia brasileña ordenó la liberación de Agostina Páez, la abogada argentina de 29 años que fue imputada por realizar gestos racistas, según confirmó el defensor Sebastián Robles, que permanecía detenida en una comisaría.
La abogada también se reencontró este sábado a la noche con su familia en la puerta del edificio donde se aloja en la ciudad de Río de Janeiro y aseguró que existe un “ensañamiento” contra ella: “Me odian. Me dicen de todo. Me quieren matar”.
Tras ser liberada de la comisaría, pero con la condición de utilizar una tobillera electrónica ambulatoria, Páez se reencontró con su padre, el empresario Mariano Páez, y su hermana Justina, quienes consiguieron llegar a Brasil casi un mes después de que la joven quedara detenida por realizar gestos racistas en la entrada de un bar en Ipanema.
La joven de 29 años había sido trasladada a una comisaría en la ciudad de Río de Janeiro tras ser notificada de la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público Fiscal.
Sin embargo, esa medida fue revocada y Páez volverá a tener arresto domiciliario en el marco de la causa que la investiga por el delito de injuria racial, cuya pena contempla entre dos a cinco años de prisión, según las leyes brasileñas.

A través de un video, difundido este jueves, Páez consideró que “se están vulnerando” todos sus derechos, habida cuenta que en todo momento mostró su predisposición ante las autoridades brasileñas, pero al mismo tiempo advirtió que está “muerta de miedo”.
“Necesito ayuda. Tengo miedo de verme perjudicada haciendo este video, que se me vulneren todavía más mis derechos, sobre los hechos no puedo hablar, solo decir que hay un contexto que está en la causa y que no son tenidos en cuenta sólo para perjudicarme. Espero que todo se aclare“, añadió.
Si bien la abogada no lo dijo explícitamente su reacción se habría producido en respuesta a una serie de burlas obscenas por parte de un grupo de hombres que estaban en el bar.
El delito de injuria racial, equiparado al racismo en la legislación brasileña, prevé penas de dos a cinco años de prisión y no contempla el beneficio de excarcelación bajo fianza. Desde el 14 de enero, la joven se encuentra imposibilitada de salir de Brasil. Primero se le retuvo el pasaporte, luego fue obligada a instalarse una tobillera electrónica y, aunque su documento nacional fue devuelto, la prohibición de abandonar el país continúa vigente.
El expediente quedó bajo la órbita del juez Orlando Eliazaro Feitosa, del Tribunal de Justicia de Comarca de Río de Janeiro, quien deberá resolver los próximos pasos del proceso.
La situación personal de Páez se tornó aún más delicada tras un incidente en su residencia temporal. Tres personas ingresaron al departamento en el que se alojaba, lo que la llevó a mudarse por razones de seguridad. Su familia manifestó preocupación por su estado anímico y evalúa viajar a Brasil para acompañarla, ante las amenazas recibidas y el agravamiento de la tensión. “La pobre está aterrada. ‘Papi, me quieren matar aquí’, me dijo recién”, relató su padre, Mariano Páez, en contacto con los medios.

La defensa denunció que la medida cautelar que impide la salida del país no establece plazos concretos y la calificó como arbitraria. “Hay una medida impuesta donde no fija ningún tipo de plazo razonable, una medida totalmente arbitraria.
La Embajada de la República Argentina en Brasil le ofreció asistencia legal, aunque no intervendrá en el procedimiento judicial.
