MundoPor terrorismo y narcotráfico
Dos días después de ser capturado en Caracas por fuerzas estadounidenses, el derrocado líder chavista, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores, fueron trasladados este lunes a los tribunales de Nueva York.
Allí el presidente venezolano derrocado Nicolás Maduro se declaró inocente de los cargos por drogas y armas en lo que fue su primera comparecencia ante el tribunal.
“Soy inocente, no me declaro culpable”, le dijo Maduro al juez, citado por CNN.
El líder chavista está acusado por la justicia estadounidense por narcotráfico y terrorismo, entre otros cargos.
De qué se acusa a Nicolás Maduro en la justicia de EE.UU.
Un portavoz del Tribunal dijo que ambos fueron llevados ante el juez federal Alvin K. Hellerstein en Manhattan a las 12:00 hora local (14:00 de la Argentina).
Maduro y Flores están alojados desde la noche del sábado en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn. Se trata de una prisión federal de alta seguridad que alberga a procesados por causas de alta complejidad penal.
Maduro fue capturado junto a su esposa en la madrugada del sábado, en un operativo que incluyó ataques aéreos contra objetivos en Venezuela.
Está acusado en Estados Unidos de cuatro cargos federales:
- Conspiración de narcoterrorismo. Tiene una pena mínima obligatoria de 20 años y un máximo de cadena perpetua.
- Conspiración para la importación de cocaína. También prevé una sentencia a perpetuidad.
- Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos. Tiene una pena máxima de 30 años.
- Conspiración para poseer estas armas en apoyo de actividades criminales. Tiene una condena mínima de 20 años, pero llega a perpetua si se demuestra que causó víctimas fatales.
- También está acusada por colaborar con organizaciones criminales calificadas como terroristas por Washington.
Las penas por estos cargos se acumulan y se cumplen en forma simultánea. En ese escenario, según algunos juristas y de ser hallado culpable. Maduro podría ser condenado a un mínimo de 50 años de prisión, aunque la pena podría llegar a varias cadenas perpetuas. Otros especialistas afirman que una sentencia mínima rondaría los 20 años.
Las acusaciones, formuladas en 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, sostienen que Maduro habría liderado durante años una red que utilizó el tráfico de drogas como arma contra Estados Unidos. Se trata del denominado Cartel de los Soles, una estructura criminal que estaría enquistada en distintos segmentos del Estado y las Fuerzas Armadas venezolanas. Algunos expertos dudan de su existencia, negada por el gobierno chavista.
Cilia Flores, por su parte, enfrenta cargos vinculados a presuntas operaciones de apoyo logístico y financiero a la misma estructura criminal, según documentos judiciales citados por la prensa local.
Cómo fue la audiencia
En casos similares, los acusados suelen ser presentados inicialmente ante un juez para la lectura formal de los cargos, la verificación de su identidad y la definición de aspectos preliminares como la detención preventiva o la designación de abogados.
Quién es Alvin Hellerstein, el juez de 92 años que juzgará a Maduro
Tras el arresto de Nicolás Maduro el sábado, el juez federal Alvin Hellerstein fue designado para presidir el proceso penal contra el ex dictador venezolano. El juicio se desarrolló este lunes en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, con sede en Manhattan, una de las jurisdicciones federales más influyentes de Estados Unidos.
La acusación federal sostiene que Maduro enfrenta cargos graves que incluyen narcotráfico, corrupción gubernamental y delitos vinculados al terrorismo. El expediente quedó bajo la supervisión de Hellerstein, uno de los jueces federales en activo con mayor trayectoria en el sistema judicial estadounidense.
El Distrito Sur de Nueva York tramita de forma habitual causas de alto impacto vinculadas con seguridad nacional, terrorismo y criminalidad internacional. En ese tribunal se desarrollará el proceso contra el ex líder chavista, conforme a los cargos detallados por la fiscalía federal.
Alvin Hellerstein, nacido en Nueva York en 1933, fue abogado del Ejército de los Estados Unidos y ejerció luego en el sector privado. En mayo de 1998 fue designado juez del Distrito Sur de Nueva York por el entonces presidente Bill Clinton. Con el paso de los años, se convirtió en uno de los magistrados en actividad con más tiempo de carrera dentro del sistema federal.
El juez asumió el estatus de magistrado sénior en 2011, aunque continuó al frente de causas judiciales. A lo largo de su trayectoria, intervino en procesos vinculados con terrorismo, seguridad nacional, disputas financieras complejas y demandas civiles de gran repercusión pública.
Entre los casos más notorios que pasaron por su juzgado figuran las reclamaciones por daños derivados del atentado contra las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001, el proceso por acoso sexual contra el productor cinematográfico Harvey Epstein y el caso contra Michael Cohen, ex abogado del presidente Donald Trump.
Hellerstein también lleva el caso contra el ex general venezolano Hugo Armando “Pollo” Carvajal, ex jefe de los servicios de inteligencia del régimen chavista. Carvajal está acusado de narcotráfico en el mismo tribunal federal de Nueva York donde será juzgado Maduro.
Según el texto, el testimonio de Carvajal, exdiputado y antiguo jefe de inteligencia chavista, jugará un papel importante en el juicio contra Maduro. El ex general decidió colaborar con las autoridades estadounidenses y se declaró culpable el pasado verano de cuatro delitos vinculados al narcotráfico y al narcoterrorismo ante el tribunal federal de Nueva York.
La asignación de Hellerstein al caso Maduro lo coloca en el centro de uno de los procesos judiciales más relevantes de las últimas décadas. A lo largo de su carrera, el magistrado tuvo un rol central en algunos de los expedientes más sensibles del sistema judicial estadounidense.
En años recientes, Hellerstein dictó resoluciones que respaldaron y también rechazaron posiciones de la administración de Donald Trump. Entre esas decisiones se cuentan fallos que bloquearon deportaciones por fundamentos constitucionales y resoluciones que rechazaron pedidos de reducción de condena basados en religión o nacionalidad.