Un incidente de 1996 que recobra vigencia
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha anunciado la acusación formal contra el expresidente cubano Raúl Castro, de 94 años, y otros cinco ciudadanos cubanos, en relación con el derribo de dos aeronaves pertenecientes a la organización de exiliados Hermanos al Rescate. El incidente, ocurrido el 24 de febrero de 1996, causó la muerte de cuatro tripulantes.
Detalle de los encausados y cargos penales
La acusación, radicada ante un tribunal federal en Miami, imputa a Raúl Castro —quien en el momento de los hechos se desempeñaba como ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Defensa)— los siguientes delitos:
- Conspiración para cometer asesinato contra ciudadanos estadounidenses.
- Cuatro cargos de homicidio.
- Dos cargos de destrucción de aeronaves.
Asimismo, la Fiscalía Federal formalizó cargos por conspiración contra cinco aviadores presuntamente involucrados en la operación militar: Lorenzo Alberto Pérez-Pérez, Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Simanca Cárdenas y Luis Raúl González-Pardo Rodríguez.
Durante la comparecencia ante los medios, el fiscal general interino, Todd Blanche, enfatizó el compromiso institucional con la resolución del caso tras tres décadas de espera por parte de las familias de las víctimas, afirmando que las acciones reafirman la protección del Estado hacia sus ciudadanos. En el anuncio oficial participaron además el fiscal federal Jason A. Reding Quiñones; el subdirector del FBI, Christopher G. Raia; la senadora estadounidense Ashley Moody y el fiscal general de Florida, James Uthmeier.
Antecedentes y discrepancias sobre el incidente de 1996
El caso penal se fundamenta en los hechos del 24 de febrero de 1996, cuando cazas MiG-29 de la Fuerza Aérea Cubana interceptaron y derribaron dos avionetas Cessna operadas por Hermanos al Rescate, un grupo dedicado a la localización de balseros cubanos en el Estrecho de Florida. Las víctimas mortales fueron los ciudadanos estadounidenses Armando Alejandre Jr., Carlos Costa y Mario de la Peña, así como el residente permanente Pablo Morales.
Respecto a la jurisdicción y legalidad del suceso, existen versiones encontradas entre los organismos internacionales y el Gobierno de Cuba:
Postura oficial y argumentos Sostiene que las avionetas violaron reiteradamente su espacio aéreo soberano con fines de propaganda y sabotaje. La diplomacia cubana ha evocado documentos históricos de la Administración Federal de Aviación (FAA) que preveían escenarios de confrontación ante las incursiones de dicha organización.Organismo / Estado
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)
Determinó que las aeronaves civiles operaban en espacio aéreo internacional al momento del derribo y que las autoridades cubanas omitieron los protocolos estándar de interceptación radial o visual.
Organización de los Estados Americanos (OEA)
Dictaminó que la acción militar constituyó una violación flagrante del derecho internacional, lo que en su momento derivó en el endurecimiento del embargo estadounidense bajo el gobierno de Bill Clinton.República de Cuba
El actual presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, manifestó su rechazo categórico a la acción jurídica, calificándola como una maniobra de motivación estrictamente política carente de fundamento legal, cuyo propósito sería justificar una escalada de agresión militar contra la isla.
A través de una declaración pública, Díaz-Canel aseveró que Cuba actuó en legítima defensa dentro de sus aguas jurisdiccionales y tras haber emitido reiteradas advertencias formales a la administración estadounidense de la época sobre el riesgo de las incursiones aéreas. Y rechazó la caracterización de las víctimas, catalogando a Hermanos al Rescate como una organización de corte terrorista, y acusó a las fuerzas estadounidenses de incurrir en dobles raseros respecto al derecho internacional y las ejecuciones extrajudiciales en aguas internacionales.