Perdió 6 a 3
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró estar “profundamente decepcionado” luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos fallara en contra de los aranceles generalizados que impulsó desde su regreso al poder. En respuesta, anunció que firmará una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10% durante 150 días, amparado en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que permite aplicar restricciones temporales en casos de desequilibrios en la balanza de pagos.
La medida, según explicó el mandatario desde la Casa Blanca, se sumará a los aranceles ya vigentes y forma parte de una estrategia más amplia para reforzar la protección comercial estadounidense. “Tenemos alternativas, grandes alternativas. Podría ser más dinero. Recaudaremos más dinero y seremos mucho más fuertes por ello”, afirmó, al tiempo que confirmó que su administración inició nuevas investigaciones por prácticas comerciales desleales bajo el artículo 301.
La Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó este viernes que los aranceles “recíprocos” impuestos por la administración de Donald Trump eran ilegales, y asestó así un duro golpe a la política exterior de la Casa Blanca y la agenda económica del expresidente.
Según la cadena CNN, la Corte Suprema dictaminó que Trump “violó la ley federal” al imponer unilateralmente aranceles generalizados en todo el mundo.
El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, redactó la opinión mayoritaria, con una votación de 6 a 3, determinando que los aranceles eran ilegales.
“El presidente se arroga la facultad extraordinaria de imponer unilateralmente aranceles de monto, duración y alcance ilimitados”, escribió Roberts para el tribunal, tras lo que agregó: “A la luz de la amplitud, la historia y el contexto constitucional de dicha facultad, debe identificar una autorización clara del Congreso para ejercerla”.
La facultad de emergencia en la que Trump intentó basarse, según el tribunal, “es insuficiente”.
Los jueces Amy Coney Barrett y Neil Gorsuch se unieron a Roberts y a los tres jueces progresistas de la mayoría, mientras que Clarence Thomas, Samuel Alito y Brett Kavanaugh discreparon.
Una importante derrota para Trump en la Corte Suprema de Estados Unidos
“No reivindicamos ninguna competencia especial en materia económica ni de relaciones exteriores”, escribió Roberts, quien luego indicó que "solo reivindicamos, como debemos, el papel limitado que nos asigna el Artículo III de la Constitución. En cumplimiento de ese papel, sostenemos que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por las siglas en inglés) no autoriza al presidente a imponer aranceles”.
Esta decisión representa una importante derrota para la administración Trump en la Corte Suprema, a pesar de que el tribunal se había pronunciado a favor del presidente en fallos anteriores sobre inmigración, despidos de líderes de agencias independientes y recortes al gasto público.
En su opinión, Roberts descartó un argumento de la administración según el cual el presidente tenía la facultad de usar los aranceles para regular el comercio.
“Cuando el Congreso otorga la facultad de imponer aranceles, lo hace de forma clara y con restricciones rigurosas”, escribió Roberts, al tiempo que consideró que, en este caso, “no hizo ninguna de las dos cosas”.
¿Qué pasará con el dinero que ya recaudó Trump de aranceles que son ilegales?
La mayoría de 6 a 3 no ofreció claridad sobre la cuestión práctica específica de qué hacer con el dinero, que el Gobierno ya recaudó a través de los aranceles de Trump.
Hasta el 14 de diciembre, el gobierno federal había recaudado US$ 134 mil millones en ingresos por los aranceles impugnados de más de 301.000 importadores diferentes, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), así como un documento reciente presentado por la agencia ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos.
Es probable que esta cuestión deba ser resuelta por tribunales inferiores.
En su opinión discrepante, el juez Brett Kavanaugh señaló que el tribunal “no se pronunció hoy sobre si el Gobierno debería proceder a la devolución de los miles de millones de dólares que ha recaudado de los importadores, y en caso afirmativo, cómo hacerlo”, y entendió que “es probable que ese proceso sea un desastre”.