La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves por unanimidad en primera lectura un proyecto de ley de amnistía promovido por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, con el objetivo de perdonar y liberar a manifestantes críticos y personas procesadas por delitos políticos desde 1999, cuando comenzó el gobierno chavista.
El proyecto, denominado Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, se presenta como un paso hacia la reconciliación nacional tras décadas de conflictividad política y abre la puerta a la liberación inmediata de presos políticos, la extinción de procesos judiciales en curso, la eliminación de antecedentes penales y la restitución de bienes incautados a los beneficiarios.
Según el texto debatido, la amnistía abarcaría delitos relacionados con protestas, manifestaciones, la expresión crítica hacia funcionarios públicos y la difusión de mensajes políticos, incluyendo acciones realizadas en redes sociales desde 1999 hasta la actualidad. La iniciativa también contempla el levantamiento de órdenes de captura, alertas migratorias y notificaciones internacionales, lo que facilitaría el regreso de exiliados.
No obstante, la norma excluye expresamente delitos graves, entre ellos crímenes de lesa humanidad, homicidio intencional, violaciones serias de derechos humanos, tráfico de drogas o corrupción, en línea con estándares internacionales que rechazan la impunidad en estos casos. Esta limitación ha sido destacada como una salvaguarda importante, aunque también ha generado preocupación en algunos sectores sobre posibles discrecionalidades en su aplicación.
La ley ahora deberá ser sometida a un segundo debate y consulta pública antes de su aprobación definitiva, según lo estipulado por la Constitución venezolana. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, instó a acelerar ese proceso para dar una respuesta rápida en un contexto político que busca mostrar gestos de apertura tras años de tensiones.
Mientras defensores de derechos humanos y organizaciones civiles ven con cautela y esperanza la posibilidad de liberar a cientos de presos políticos, también insisten en que el proceso sea transparente, inclusivo y respetuoso de los derechos de las víctimas, para que no se repita el ciclo de represión que marcó décadas de la historia venezolana.