Uno de varios casos, un desafío que sigue sin ser saldado
El miércoles pasado se cumplieron 11 años de la muerte de Thiago Quipildor, el niño salteño de apenas cuatro años cuyo cuerpo evidenció uno de los episodios de maltrato infantil más estremecedores registrados en la provincia. Su historia no solo expuso la crueldad de quienes debían protegerlo, sino también las profundas fallas del Estado en el control del sistema de acogimiento de menores.
A más de una década de aquel crimen, el recuerdo de Thiago vuelve a cobrar fuerza en medio de una preocupante sucesión de casos que conmocionaron a Salta y al país, como los de Luciano Dupuy en La Pampa, Leonel Francia en la capital salteña y, más recientemente, el de Thiago Altamirano, de apenas dos años. Todos presentan un denominador común: niños sometidos a violencia extrema, señales de alarma que fueron advertidas y, en distintos niveles, respuestas institucionales que llegaron demasiado tarde.
Más que un hogar, era un centro clandestino de torturas
Thiago y sus tres hermanos habían sido incorporados al sistema de acogimiento de la Dirección General de Niñez y Familia de Salta. Fueron entregados a Patricia Alejandra Sánchez y Víctor Marcelo Senise, una pareja de docentes que asumió el rol de tutores bajo un programa destinado precisamente, y paradójicamente, a resguardar a menores en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, la vivienda donde debían encontrar contención terminó convirtiéndose en un lugar de sufrimiento permanente.
Durante la investigación judicial quedó acreditado que los cuatro niños fueron sometidos a golpizas, humillaciones y castigos degradantes. Los informes forenses revelaron que Thiago presentaba 276 lesiones distribuidas en distintas partes del cuerpo, compatibles con un prolongado período de agresiones físicas.
Las declaraciones incorporadas al expediente también describieron un escenario de extrema violencia: desnutrición severa, privaciones constantes y episodios de humillación, entre ellos la obligación de ingerir materia fecal. Una de sus hermanas sufrió lesiones neurológicas que demandaron un prolongado tratamiento médico como consecuencia de los golpes recibidos.
El desenlace
El 8 de julio de 2015, Thiago fue trasladado de urgencia al Hospital Materno Infantil, pero falleció antes de recibir asistencia. La autopsia determinó que murió como consecuencia de una broncoaspiración originada por un grave cuadro pulmonar agravado por el avanzado estado de desnutrición y los múltiples traumatismos que presentaba.
Durante el juicio también se acreditó que, horas antes de su muerte, Patricia Sánchez le introdujo un objeto en la garganta, provocándole lesiones que contribuyeron al desenlace fatal.
Las condenas
En agosto de 2017, la Sala III del Tribunal de Juicio de Salta condenó a prisión perpetua a Patricia Sánchez y Víctor Marcelo Senise por el homicidio del niño. El fallo quedó firme en 2018, luego de ser confirmado por el Tribunal de Impugnación.
Las pericias psiquiátricas realizadas por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales describieron en ambos condenados rasgos de personalidad compatibles con conductas perversas, sadomasoquistas y una marcada frialdad emocional.
La investigación también alcanzó a funcionarios públicos encargados de supervisar el sistema de acogimiento. Cuatro profesionales del área de niñez fueron condenados por incumplimiento de los deberes de funcionario público, mientras que el caso derivó en la salida de distintas autoridades del entonces Ministerio de Derechos Humanos de Salta.
La causa dejó al descubierto una pregunta que todavía resuena: ¿Cómo pudo ocurrir semejante nivel de violencia sin que el Estado lo advirtiera a tiempo? ¿Fue un caso aislado? ¿Sigue pasando? No fue no un caso aislado y todavía, a pesar de semejante monstruosidad los niños en Salta y el país siguen siendo ultrajados por la perversidad humana.
Once años después, una historia que vuelve a repetirse
La reciente muerte de Thiago Altamirano, de dos años, volvió a instalar esos interrogantes. El pequeño falleció a fines de junio de este año luego de sufrir una asfixia mecánica. La investigación sostiene que presentaba múltiples signos de violencia y derivó en la detención de su madre, María del Milagro Cuéllar Medina, y de la pareja de ésta, Franco Nicolás Funes, imputados por homicidio agravado bajo distintas modalidades.
Al igual que ocurrió con Thiago Quipildor, familiares denunciaron que existían reiteradas presentaciones por presunto maltrato infantil que no fueron atendidas oportunamente por los organismos competentes.
La historia también encuentra puntos de contacto con el caso de Leonel Francia, el niño de 11 años asesinado en agosto de 2023 en el barrio Solidaridad. Su madre fue condenada a prisión perpetua tras comprobarse que la muerte no respondió a un accidente, como había intentado sostener inicialmente, sino a una brutal agresión que puso fin a un prolongado ciclo de violencia.
A nivel nacional, el crimen de Luciano Dupuy también se convirtió en un símbolo del fracaso de los mecanismos de protección infantil. En todos estos expedientes aparecen elementos comunes: niños sometidos a maltratos sistemáticos, advertencias previas de familiares, docentes o vecinos y organismos estatales que no lograron intervenir antes del desenlace.
Una deuda pendiente
El asesinato de Thiago Quipildor marcó un antes y un después en la discusión sobre los sistemas de protección de la niñez en Salta. Sin embargo, 11 años más tarde, los casos que siguieron demuestran que la violencia contra los niños continúa siendo una problemática que interpela tanto a la Justicia como a los organismos de protección y a toda la sociedad.
Cada uno de estos nombres representa una historia distinta, pero todos dejaron la misma enseñanza: cuando las señales de maltrato son ignoradas, las consecuencias pueden ser irreparables. Recordar a Thiago Quipildor no es solo ejercer memoria sobre uno de los crímenes más dolorosos de la provincia, sino también renovar el compromiso para que ninguna alerta vuelva a quedar sin respuesta.