La arquitecta del engaño
En la intrincada red de Generación Zoe, un nombre resonaba con particular resonancia: Rosa María González Rincón, la mente detrás del algoritmo que, como una telaraña digital, atrapó a miles en una estafa millonaria.
Tras años de eludir la justicia argentina, la sombra de González Rincón finalmente se disipó al ser detenida en Venezuela. Dentro de la organización que la acogió desde 2021, era reverenciada como la "Directora Zoebroker", la artífice cuyo algoritmo, paradójicamente, desangró el patrimonio de incontables ciudadanos.
La Policía Internacional, tras una paciente labor de rastreo, asestó el golpe final en la ciudad venezolana de San Cristóbal. Rosa González, identificada por las autoridades como la administradora clave en la banda liderada por Leonardo Cositorto quien fue condenado en Salta, se enfrentaba ahora a la justicia.
“Como parte de las acciones que desarrolla el Gobierno Bolivariano en la investigación y prevención del ciberdelito; funcionarios adscritos a la Dirección General de Policía Internacional lograron la identificación y captura en la pieza clave de la organización criminal de alcance transnacional dedicada a la perpetración de estafas millonarias bajo sistema piramidal”, destaca el parte de la detención.
La captura de Rincón no fue fruto del azar, sino el resultado de una convergencia de factores: ciberpatrullaje incesante, análisis de inteligencia digital y cooperación internacional. .
En el escrito, se explica que la estructura criminal había sido diseñada “para penetrar el mercado financiero de la provincia de Córdoba, mediante la implementación de un sistema piramidal de recaudación de fondos fraudulento”.
El objetivo era claro: infiltrarse en el tejido financiero de las provincias mediante un sistema piramidal de recaudación de fondos. Para lograrlo, la organización se estructuró en una jerarquía rígida, donde cada integrante desempeñaba roles estratégicos para revestir de legalidad la captación masiva de activos y asegurar el despliegue de la maniobra ilícita en múltiples jurisdicciones. Una fachada de legitimidad que, sin embargo, no pudo ocultar la podredumbre subyacente.
“La maniobra consistía en captar incautos inversores mediante la adquisición de supuestas membresías, bajo la fachada de cursos de coaching, mentoring y trading, a través de los cuales, se ofrecía acceso a productos denominados bots, con la promesa de rentabilidades muy superiores al mercado financiero local”, razonaron.
El anzuelo era tentador: membresías a cursos de coaching, mentoring y trading, tras los cuales se ofrecía acceso a "bots" milagrosos, capaces de generar rentabilidades estratosféricas. Promesas que, a la postre, resultaron ser castillos de arena. Se estima que el fraude alcanzó a más de 15 mil personas en Argentina, Chile, Uruguay, España y México, con un monto estimado de entre 100 y 300 millones de dólares. Un imperio construido sobre la codicia y la desesperación.
El caso en Salta
Luego de casi un mes de debate, el 4 de julio de 2025, el juez Martín Pérez, junto a los vocales Leonardo Feans y Javier Araníbar, integrantes de la Sala 1 del Tribunal de Juicio, halló culpable a Nelson Leonardo Cositorto, del delito de asociación ilícita en calidad de jefe u organizador, y lo consideró responsable de estafas en modalidad de delito continuado, todo en concurso real, condenándolo a 11 años de prisión efectiva.
Y Ricardo Gabriel Isaac Vilardel y Jorge Federico Vilardel fueron condenados a penas de 7 y 5 años de prisión efectiva, respectivamente, por resultar autores penalmente responsables de los delitos de asociación ilícita, en calidad de miembros y estafa, bajo la modalidad de delito continuado, en concurso real.
En tanto que Ana Lucía de los Ángeles Vilardel y Vilma Griselda Albornoz recibieron penas de 3 años de prisión de cumplimiento condicional por ser halladas culpables de los delitos de asociación ilícita en calidad de miembro y estafas en modalidad de delito continuado, también en concurso real. En el mismo fallo, se les impusieron reglas de conducta, someterse al Programa de Presos y Liberados de la provincia.
La fiscal subrogante de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, llevó adelante la investigación penal y representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de debate en la que quedó demostrada la responsabilidad de los acusados en el perjuicio económico ocasionado a los damnificados, cuyo monto asciende actualmente a $ 776.834.153.
Durante los alegatos, la Fiscal solicitó una pena de 14 años de prisión efectiva para Nelson Leonardo Cositorto; 8 años para Ricardo Gabriel Isaac Vilardel; 6 años para Jorge Federico Vilardel; 4 años para Ana Lucía de los Ángeles Vilardel; y 3 años y 6 meses para Vilma Griselda Albornoz. Todos fueron acusados de asociación ilícita y estafas en modalidad continuada, en concurso real.
Nelson Cositorto ya había sido condenado en febrero de 2025 por el Tribunal de Juicio de Goya, Corrientes, a 12 años de prisión por liderar una asociación ilícita y cometer estafas continuadas en esa provincia. En ese fallo, sus socios fueron condenados a ocho años de prisión como coautores.