Estuvo en el cargo durante tres décadas
La Cámara Federal de Salta resolvió elevar a juicio oral la causa contra Atta Miguel Gerala, exintendente de Morillo, en el departamento Rivadavia Banda Norte, acusado de integrar una organización dedicada al robo sistemático de rieles del Ferrocarril Belgrano Cargas y su posterior contrabando hacia Bolivia. La acusación sostiene que las maniobras se realizaron con la presunta utilización de recursos y bienes del municipio que encabezó durante casi tres décadas.
La decisión fue adoptada el viernes pasado por la jueza María Inés Catalano, integrante de la Sala II del tribunal de Alzada, quien declaró admisible el requerimiento formulado por el Ministerio Público Fiscal. Según la hipótesis acusatoria, el esquema delictivo se extendió durante varios meses en el norte salteño y contó con la presunta connivencia de funcionarios públicos y miembros de fuerzas de seguridad.
Gracias a la denuncia de empleados del Correo Argentino, el 23 de agosto de 2023, detectaron un cargamento de 480 neumáticos con destino a distintos puntos de Argentina. Intervino Aduana y lograron determinar que parte de esa mercadería era de origen extranjero, vinculada a envíos facturados a nombre del comerciante David Edilberto Medina, domiciliado en la ciudad de Orán.
Si bien la documentación resultó ser auténtica, la pesquisa avanzó sobre la figura de Medina, quien en septiembre de 2023 accedió a una suspensión del proceso a prueba por el delito de encubrimiento de contrabando. A partir de allí, la Unidad Fiscal profundizó las averiguaciones y concluyó que el comerciante no contaba con capacidad económica ni registral para desarrollar legalmente ese tipo de operaciones, pese a administrar galpones y coordinar el transporte de material ferroviario hacia zonas cercanas a la frontera con Bolivia.
Ese avance permitió destapar una estructura dedicada al robo de rieles del ramal C-25 del Belgrano Cargas, en sectores comprendidos entre Pluma de Pato, Dragones y Padre Lozano, en el norte provincial. De acuerdo con la acusación, Gerala habría cumplido un rol clave dentro de la organización.
La fiscalía sostiene que, durante su gestión como jefe comunal, el exintendente habría autorizado el uso de maquinaria y herramientas municipales para la extracción de rieles. Las tareas eran realizadas por personas pertenecientes a comunidades originarias, contratadas para el corte y traslado del material. Una vez sustraídos, los rieles eran almacenados en predios municipales y en fincas privadas ubicadas en cercanías de la frontera con Bolivia. Desde allí, eran trasladados por pasos no habilitados hacia el país vecino, donde finalmente eran fundidos y comercializados como chatarra.
El hijo del exintendente, un comerciante y un gendarme, condenados
En el marco de dos audiencias celebradas entre el 3 y el 12 de diciembre pasados, la jueza de Revisión Mariana Catalano homologó mediante acuerdos de juicio abreviado las condenas del hijo del exintendente de Morillo, un comerciante y un gendarme, y dispuso la elevación a juicio respecto del exjefe comunal de esa misma localidad salteña y de un policía, en el marco de la investigación penal formalizada en noviembre último por el robo de rieles del Ferrocarril Belgrano Cargas en la zona del chaco salteño, su contrabando hacia Bolivia y el pago de coimas. Las condenas fueron solicitadas por el fiscal general a cargo de la Fiscalía de Distrito Salta, Eduardo Villalba, y la auxiliar fiscal Roxana Gual.
El primero de los acuerdos derivó en la condena de Miguel Gerala, hijo del exintendente del municipio de Coronel Juan Solá o Morillo, Atta Miguel Gerala. El imputado recibió una pena de 6 años de prisión al ser considerado coautor del delito de contrabando de mercadería -exportación e importación- agravado por la cantidad de personas intervinientes, el uso de pasos no habilitados y el monto involucrado, en concurso real con los delitos de cohecho activo y robo agravado por haberse cometido en despoblado y en banda.
En el mismo acuerdo fue condenado el comerciante David Edilberto Medina, a la pena de 6 años de prisión como coautor del delito de contrabando de mercadería (exportación) agravado por la cantidad de personas intervinientes y por la utilización de un paso no habilitado, en concurso real con encubrimiento de contrabando y cohecho activo. Además, se dispuso su inhabilitación para ejercer el comercio por el plazo de 5 años.
En tanto, en la audiencia del 12 de diciembre, la jueza homologó un segundo acuerdo alcanzado por la fiscalía con la defensa de Jorge Fernando Cabrera, quien se desempeñaba como sargento de la Gendarmería Nacional. El efectivo fue condenado a 2 años de prisión de ejecución condicional por el delito de cohecho pasivo.
Respecto del oficial ayudante de la Policía de Salta, Mauro Daniel Alejandro Rodríguez, quien al momento de los hechos se desempeñaba como jefe del Destacamento de Pluma de Pato, deberá responder por el delito de cohecho pasivo. En relación con ambos imputados, Atta Gerala y Rodríguez, la jueza dispuso la elevación a juicio y estimó una expectativa de pena de 11 años de prisión para el exintendente y de 3 años para el efectivo policial. En su resolución, remarcó la complejidad del debate, que será llevado adelante por un tribunal colegiado.
El exintendente
Gerala, de 70 años, fue intendente de Morillo —también conocida como Coronel Juan Solá—, una localidad de unos 10.000 habitantes situada a más de 400 kilómetros de la capital salteña, en una región del Chaco salteño limítrofe con Bolivia. Ejerció el cargo durante casi 30 años, hasta la intervención del municipio en noviembre de 2024.
Al momento de los hechos investigados, ostentaba la condición de funcionario público, circunstancia que la fiscalía consideró como agravante. Actualmente, cumple arresto domiciliario con controles flexibilizados.
En su resolución, la Cámara Federal avaló la acusación contra Gerala como coautor de los delitos de contrabando agravado, robo agravado y malversación de caudales públicos, con un pedido de pena de 11 años de prisión e inhabilitaciones. También validó la acusación contra Rodríguez, para quien se solicitó una condena de tres años de prisión de ejecución condicional.
El fallo prorrogó las medidas de coerción vigentes, mantuvo la prohibición de contacto con testigos y dispuso que el control sobre Gerala pueda realizarse mediante sistemas de geolocalización o videollamadas, al considerar que “siempre estuvo a derecho”. Finalmente, ordenó la remisión del expediente al Tribunal Oral Federal de Salta, que tendrá a su cargo la realización del debate oral y público.
Robo de rieles traducidos en varios millones de pesos
Varios fueron los operativos que desde la Fiscalía interviniente solicitaron y fueron aceptados y ordenados por los jueces a cargo, el 18 de mayo de 2024 en Padre Lozano, camiones fueron interceptados transportando cerca de 180 rieles sin documentación respaldatoria, valuados en más de 414 millones de pesos. Uno de los conductores declaró que había sido contratado directamente por el exintendente para realizar el traslado.
La investigación derivó además en allanamientos concretados el 31 de octubre de 2024. En un domicilio vinculado a Gerala se secuestraron 15 rieles ferroviarios, junto con herramientas de corte y equipos de generación eléctrica, con un valor estimado superior a los 13 millones de pesos. En paralelo, en una finca próxima al río Bermejo se incautaron otros 150 rieles, valuados en más de 130 millones de pesos.