Más de 430 kilos de "merca" incautados
El Tribunal Oral Federal N°1 de Salta, con asiento en Orán e integrado de manera unipersonal por la jueza Gabriela Catalano, le aplicó una pena de siete años y dos meses de prisión a un ciudadano boliviano que fue detenido en noviembre de 2025, tras un enfrentamiento armado entre efectivos de Gendarmería Nacional y una organización narcocriminal, en una zona selvática próxima a la frontera con Bolivia, en la localidad salteña de Aguas Blancas, donde fueron abandonados más de 430 kilos de cocaína.
La sentencia recayó sobre Delfor Quispe Romero, quien fue hallado culpable del delito de transporte de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas, y la jueza fue quien homologó el acuerdo pleno presentado por el fiscal federal Marcos Romero, titular de la Sede Fiscal Descentralizada Orán.
El hecho por el que el acusado fue detenido
El operativo que dio origen a la causa se desarrolló el 25 de noviembre de 2025, alrededor de las 16.15, en el paraje Puesto Medina, a unos dos kilómetros de la frontera con Bolivia, donde confluyen los ríos Bermejo y Tarija.
Según la investigación, una patrulla del Escuadrón 20 de Gendarmería detectó una caravana integrada por al menos 25 personas, de los cuales unos veinte hombres transportaban bultos, mientras que otros cinco, armados con armas largas, brindaban cobertura de seguridad al grupo.
Cuando los uniformados intentaron interceptarlos e impartieron la voz de alto, fueron recibidos a tiros, y tras el intercambio de disparos, los integrantes de la organización escaparon hacia el monte y abandonaron la carga.
En ese marco, Quispe Romero resultó el único detenido.
En el lugar se secuestraron 20 bultos que contenían 410 paquetes con 430 kilos de cocaína, cuya pureza fue establecida en 70,96%, lo que equivale a más de 2,9 millones de dosis, de acuerdo con la investigación fiscal.
El condenado fue encontrado oculto entre la vegetación, con lesiones leves ocasionadas por cartuchos de posta de goma disparados por los gendarmes, durante el enfrentamiento.
La versión del acusado
Durante la audiencia en la que se formalizó el acuerdo, el imputado reconoció haber transportado uno de los bultos, aunque aseguró que había sido contratado para trasladar hojas de coca a cambio de $70.000, y señaló que desconocía que la carga contenía estupefacientes.
La fiscalía descartó esa explicación al señalar que en el procedimiento no se encontró ningún cargamento de hojas de coca.
Además, un informe de la Unidad de Investigaciones y Procedimientos Judiciales de Gendarmería estableció que los bultos utilizados para transportar cocaína presentan diferencias evidentes de tamaño, peso y forma respecto de los empleados para hojas de coca, características que el acusado debía conocer debido a que admitió dedicarse desde hacía tiempo a esa actividad.
Los investigadores también remarcaron que el sector donde ocurrió el procedimiento constituye un corredor habitualmente utilizado por organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y armas, donde ya se habían registrado otros importantes secuestros de estupefacientes.
Tras la conformidad de la defensa y la aceptación del imputado, la magistrada homologó el acuerdo y dictó la condena de siete años y dos meses de prisión.
Entretanto, la fiscalía continúa con las tareas investigativas, tanto en Argentina como en Bolivia, para identificar al resto de los integrantes de la organización que logró escapar.