PolicialesJuicio por amenazas y coacción
Gustavo Alberto Tolava, de 41 años, fue declarado culpable de los delitos de amenazas y coacción en perjuicio de la abogada penalista Sandra Domené. El fallo fue dictado por el juez Aldo Rubén Saravia, quien ahora deberá determinar la pena que le corresponde en el marco del nuevo Código Procesal Penal. Debido a sus antecedentes, Tolava podría recibir una condena de cumplimiento efectivo, mientras tanto quedó detenido.
La causa expuso hechos de extrema gravedad. Durante el proceso judicial se conocieron detalles de un presunto plan que involucraba al contador público Marcelo Omar Córdoba, condenado hace dos años por abuso sexual, y a otras personas que habrían proyectado torturar y abusar sexualmente de una exconcejal de General Güemes y de su representante legal, Sandra Domené.
Las audiencias comenzaron el primer lunes de este mes y se extendieron durante toda la semana pasada. Tras los alegatos de las partes, realizados el lunes último, el magistrado resolvió declarar culpable al acusado. Este miércoles se llevará a cabo una nueva audiencia en la que las partes fundamentarán sus pedidos de pena y ofrecerán las pruebas, el juez pasará a un cuarto intermedio antes de dar a conocer su resolución.
Tolava llegó al debate oral en libertad, una situación que generó preocupación en la víctima. Durante la segunda jornada del juicio, la abogada relató un episodio ocurrido en los pasillos del tribunal.
“Fue horrible. Me lo crucé de frente y, en lugar de quedarse donde estaba, se me vino encima. Tuve que pedirle a un guardia que interviniera. En ese momento me podría haber matado”, expresó. Según relató, el episodio la afectó profundamente y, en medio de la audiencia, debió retirarse unos minutos para recomponerse.
Intentos de frenar el juicio
Durante las dos primeras jornadas, el defensor oficial Alejandro Cuello solicitó que se revisara la situación procesal de su defendido al sostener que padece trastornos psiquiátricos desde hace varios años.
“Su situación de salud actual es la de un paciente psiquiátrico con trastornos de la personalidad y tratamientos farmacológicos diarios”, explicó.
Ante el planteo, el juez ordenó una evaluación psiquiátrica. Los peritos concluyeron que Tolava presenta trastornos de la personalidad, pero que comprende la naturaleza del proceso y se encuentra en condiciones de afrontar un juicio.
La defensa insistió con la cuestión de salud mental y, en la segunda jornada, declaró por videoconferencia el psiquiatra Agustín Gisone, quien sostuvo que el acusado no estaba en condiciones de enfrentar el debate oral.
“Lo que tiene Tolava es crónico, para siempre. No mide proporciones. Tiene una interpretación errónea de la realidad y son personalidades que tienden al aislamiento”, señaló el profesional. Consultado sobre si el imputado podía afrontar el juicio, respondió que no.
A pesar de ello, tanto el fiscal penal Esteban Martearena como la querella se opusieron al planteo. La defensa solicitó la nulidad del debate y dejó planteada la reserva de casación por una supuesta vulneración de la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657. El juez rechazó los pedidos y dispuso la continuidad del proceso.
“El Procurador”
Dentro de ámbitos judiciales y del Ministerio Público Fiscal, a Gustavo Tolava se lo conoce como “El Procurador”. El apodo, según trascendió durante el juicio, estaría relacionado con los contactos que mantenía y con el acceso que tenía a información sensible de expedientes judiciales.
El conflicto se remonta a marzo de 2023, cuando Tolava contactó a Sandra Domené para advertirle sobre un supuesto plan organizado por Marcelo Córdoba y otras personas contra la exconcejal L. S. y la propia abogada.
Durante su declaración, el acusado reconoció que participó de una reunión realizada en un departamento de Córdoba en la ciudad de Salta. Según su propio relato, existían dos grupos: uno destinado a actuar contra la exconcejal y otro contra la letrada y un hijo de la misma.
De acuerdo con los testimonios incorporados al juicio, el objetivo era agredir físicamente a ambas mujeres, provocarles lesiones graves -quebrarles los dedos- y someterlas a abusos sexuales.
“La idea era dejar un mensaje claro: que nos habíamos metido con el tipo equivocado”, sostuvo una de las víctimas.
“Se lo digo por última vez, y no lo tome como una amenaza, yo no soy de los tipos que amenaza, si tuviera que hacer algo lo hubiese hecho sin que quedaran rastro de nada. Pero hace mucho que dejé ese tipo de vida”, se escuchó en uno de los audios que la damnificada presentó como prueba donde Tolava la amenaza.
“Le digo por experiencia de personas que conocí que tiran mucho del hilo y se les terminó cortando, entonces va a aparecer alguien medio loquito y le va a meter un tiro a usted y no a la casa”, agregó “El Procurador” quien le aconseja a la abogada que sea “cauta como camina” a la vez que admite haber vivido en su juventud al margen de la ley.
Las amenazas comenzaron luego de que la exconcejal denunciara a Córdoba por violencia de género y abuso sexual. Posteriormente se sumaron otras denunciantes. En 2024, el contador fue condenado a dos años y seis meses de prisión condicional por abuso sexual simple.
“Él tenía toda la información judicial. Sabía todo antes que nosotras”, declaró la exconcejal durante el juicio. La mujer prestó declaración durante más de dos horas y aseguró que continúa viviendo con temor.
“Salí aterrada de esa sala. Hasta el día de hoy temo por mi vida y la de mi familia”, afirmó en diálogo con Gente de Salta. También cuestionó la respuesta institucional que recibieron cuando denunciaron los hechos.
“Lo peor fue que, a pesar de las denuncias que hicimos tanto la abogada como yo, nunca nadie nos atendió. La Justicia miró para otro lado y este señor sabía absolutamente todo sobre cada movimiento que hacíamos”, sostuvo.
Este miércoles, en la Sala de Garantías I, el juez Aldo Saravia escuchará los pedidos de pena de las partes y podría resolver esa misma jornada qué castigo le corresponde a Gustavo Tolava, reincidente por cuarta vez y conocido en los pasillos judiciales como “El Procurador”.