PolicialesGolpiza salvaje y días de agonía
A dos meses y nueve días del violento ataque que terminó con la vida del músico salteño Federico Villagra, la causa judicial comienza a quedar atravesada no solo por la crudeza del crimen, sino también por una serie de situaciones que generan preocupación en la familia y en la querella. Así lo expresó el abogado Lucas Zeballos, quien junto a su socio Álvaro Contreras, asumió la representación legal de los familiares de la víctima.
En diálogo con Gente de Salta, Zeballos relató que al acceder al expediente se encontraron con “un hecho gravísimo”, tanto por la violencia extrema de la golpiza como por el contexto posterior que rodeó a la investigación.
Una golpiza salvaje y días de agonía
Federico Villagra fue atacado en la mañana del domingo 23 de noviembre, luego de haber estado en un after en la localidad de Aguaray. Según reconstruyó la querella, afuera del lugar el músico intervino para frenar una pelea y fue entonces cuando un grupo de personas dirigió su violencia contra él.
“Lo siguieron, lo golpearon de manera salvaje y durante un tiempo prolongado. Hay testimonios que indican que le arrojaban cerveza, lo pateaban cuando ya estaba en el piso, lo subieron a una camioneta —donde quedó sangre— y lo pasearon por el pueblo como un trofeo”, sostuvo Zeballos.
Incluso, en uno de los registros fílmicos incorporados a la causa, se escucha a los agresores decir que iban a “tirarlo a un zanjón”. Parte de ese material audiovisual, advirtió el abogado, estaría incompleto o recortado, por lo que se espera que el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) realice las pericias técnicas correspondientes.
Federico permaneció consciente durante varias horas tras la golpiza. Llegó a comunicarse con su madre y otros familiares, a quienes les relató detalles del ataque, incluso reconociendo a algunos de los agresores. Luego, su estado de salud se agravó: estuvo varios días internado, fue sometido a tres cirugías, sufrió una falla multiorgánica y finalmente falleció en el hospital de San Ramón de la Nueva Orán.
Hostigamientos y filtraciones
Uno de los puntos más delicados señalados por la querella tiene que ver con el contexto en el que se desarrolla la investigación. Según Zeballos, la familia y testigos del hecho denunciaron hostigamientos por parte de allegados a los imputados, en un pueblo pequeño “donde todos se conocen”.
“Les decían ‘dejá de hacer quilombo’, ‘mi amigo no hizo nada’, ‘dejen de hablar en los medios’. Eso no es un dato menor cuando hay testigos que vieron la golpiza y familiares que escucharon a Federico relatar lo ocurrido”, remarcó el letrado.
A esto se suma un hecho que el abogado calificó como sumamente grave: la filtración de la declaración de la madre de Federico, realizada en sede fiscal.
“Esa declaración es una actuación privada. Solo tenían acceso quienes estaban representando a la Fiscalía y las defensas. Nosotros aún no éramos querellantes. Que esa información haya trascendido afecta directamente la investigación y expone nuevamente a la madre a posibles hostigamientos”, advirtió.
Autopsia y pruebas clave pendientes
Respecto a la autopsia, Zeballos explicó que la querella solo pudo acceder hasta ahora a un informe preliminar, donde se consigna una “afectación abdominal cerrada” y una “falla multiorgánica derivada de los golpes”.
Ante la complejidad del cuadro clínico, se solicitó una junta médica y un informe ampliado de autopsia que detalle, de manera integral, las lesiones sufridas y su relación directa con la muerte. “Esa pericia va a ser vital para un eventual debate oral”, subrayó.
Detenidos, prófugo y riesgo de fuga
Por el crimen hay tres hombres detenidos, todos mayores de edad, y un cuarto imputado prófugo, sobre quien pesa una orden de detención. Si bien no contarían con antecedentes penales, la querella sostiene que se trata de personas con conductas violentas reiteradas en la zona. Se trata de Jesús Ortega, Sebastián Reinaga y posteriormente Jorge Antonio Galván. Mientras que el prófugo es Juan “Chicho” Llanos.
La situación del prófugo genera especial preocupación. “Estamos en una zona de frontera, con pasos no habilitados. La posibilidad de fuga es real y hasta ahora no tenemos respuestas concretas sobre su paradero”, afirmó Zeballos.
En una audiencia multipropósito realizada el 5 de enero, las defensas solicitaron morigeraciones y arrestos domiciliarios, alegando cuestiones familiares y de salud. Sin embargo, el Juez de Garantías 2 de Tartagal rechazó todos los planteos y dictó prisión preventiva para los tres imputados, decisión que cuenta con el respaldo del Ministerio Público Fiscal. Una de las defensas apeló la medida, que ahora deberá ser resuelta por el Tribunal de Apelaciones de Salta.
Pedido de traslado y un SPPS colapsado
La familia y vecinos del norte provincial también reclamaron que los detenidos fueran trasladados a una alcaidía, por razones de seguridad y para evitar entorpecimientos en la causa. El juez hizo lugar al pedido y ordenó el traslado a la Alcaidía 5 de Tartagal, aunque hasta el momento no hay confirmación de que la medida se haya concretado.
“El sistema penitenciario está colapsado, pero en una causa de esta magnitud, con expectativa de pena alta y antecedentes de fuga en la zona, el traslado es urgente”, concluyó Zeballos.
Mientras se aguardan pericias fundamentales y la captura del prófugo, la causa por el crimen de Federico Villagra avanza en un escenario marcado por la violencia inicial, pero también por serias alertas institucionales que ponen bajo la lupa el desarrollo de la investigación.