PolicialesUna década de sometimiento
Un hombre fue condenado a 10 años de prisión por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) 2 de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, por someter a una adolescente a trata sexual y servidumbre matrimonial, y además deberá pagar una reparación económica de 38 millones de pesos para la víctima, que estuvo casi una década bajo los sometimientos del ahora condenado, con quien tuvo dos hijos.
El fallo del TOF 2, a cargo del juez José Antonio Michilini, encontró culpable a José Rolendio Polo, de 58 años, del delito de trata de persona con fines de explotación sexual y abuso sexual reiterado y le aplicó una pena de diez años de prisión, en línea con el pedido del fiscal general Alberto Adrián María Gentili, de la Fiscalía General 2 ante los Tribunales Orales de esa jurisdicción, quien calificó el caso como la "compra de una persona".
La víctima, ahora de 29 años, fue forzada a una unión de hecho cuando era adolescente, y durante casi una década, tuvo dos hijos con el agresor, informó el Ministerio Público Fiscal Federal (MPF).
El juez, que habló de “servidumbre matrimonial” en los fundamentos de la sentencia, ordenó la indemnización del daño material y moral causado a la víctima, estimada en 38 millones de pesos, además del decomiso de un teléfono celular utilizado por el imputado y la extracción de material genético para su inclusión en el Registro Nacional de Datos Genéticos, vinculados a delitos de integridad sexual.
El Inicio de la Investigación
La investigación comenzó el 28 de junio de 2022, tras la denuncia de la víctima a la línea 145 del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata.
La mujer denunció a Polo, dos tíos y a su madre, quienes actualmente son investigados por la Justicia Federal de Mercedes, en la provincia de Buenos Aires.
Según su testimonio, a los 12 años, la víctima fue obligada por su madre a prostituirse con familiares y en un burdel, bajo la amenaza de no poder alimentar a sus hermanos menores.
En 2011, a punto de cumplir 15 años, la madre de la víctima la entregó a Polo a cambio de dinero y mercadería, y tras quedar embarazada, la joven fue obligada a vivir con el agresor, quien la manipuló psicológicamente haciéndole creer que la había salvado.
Durante casi una década, la joven mantuvo relaciones con Polo hasta que, en 2020, comenzó a negarse, lo que derivó en una serie de agresiones, pero, tras denunciarlo por violencia doméstica, el hombre llegó a incendiar su vivienda con sus hijos adentro.
Alegatos y la Decisión Judicial
El fiscal general argumentó que el caso se trataba de la "compra de una persona menor de edad" con el fin de someterla a una unión forzosa, lo que implicaba una "objetivación de la víctima" y una "negación de su subjetividad".
“En términos llanos, el proceso que nos toca juzgar quedó comprendido en una suerte de compra de una persona menor de edad por un precio, con la finalidad de someterla a una unión forzosa asimilable a un matrimonio o a un concubinato con todo lo que ello importa en orden al agravio adicional y especifico a la libertad sexual de la víctima, al concretarse aquella expectativa de explotación”, dijo Gentili en el alegato.
El fiscal también resaltó la vulnerabilidad de la víctima, agravada por su edad, género, condición socioeconómica y la participación de su propia madre en la entrega al victimario.
La defensora pública coadyuvante de víctimas, Dolores Neira, solicitó una reparación integral de 42.530.400 pesos por daño moral y 2.470.000 en concepto de daño emergente, pero finalmente, el juez fijó la reparación del daño material y moral en 38 millones de pesos.
Por su parte, la defensa de Polo negó los hechos y solicitó su absolución.
Fundamentos de la Condena
El juez avaló la acusación del MPF y consideró probado que Polo recibió y acogió a la víctima, abusando de su vulnerabilidad y minoría de edad para explotarla sexualmente, obligándola a mantener una unión forzosa y cometiendo abusos sexuales reiterados.
“En este punto corresponde destacar que la denominada ‘unión de hecho’ que el acusado impuso a la víctima, lejos de constituir una relación afectiva libremente elegida, configura una modalidad contemporánea de servidumbre matrimonial o ‘matrimonio forzado’, expresamente reconocida en el Código Penal como manifestación de explotación”, señaló el juez.