La Justicia declaró penalmente responsable a Alberto Gabriel Guaymás por delitos contra la integridad sexual cometidos en perjuicio de una niña y una adolescente, en un caso que puso en evidencia no sólo la gravedad de los hechos investigados, sino también las profundas consecuencias que este tipo de situaciones pueden dejar en las víctimas, incluso muchos años después.
La fiscal penal de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Celina Morales Torino, sostuvo durante sus alegatos que el acusado, quien se desempeñaba como personal policial, aprovechó la confianza depositada por las familias y la situación de vulnerabilidad de las menores para cometer los delitos por los que fue juzgado.
Tras valorar las pruebas reunidas durante el debate, la jueza Victoria Montoya consideró acreditados los hechos y declaró la responsabilidad penal del acusado por los delitos de abuso sexual y grooming. La audiencia en la que se determinará la pena será fijada próximamente.
El impacto que permanece
Durante el juicio, uno de los aspectos que más relevancia tuvo fue el análisis de las consecuencias que los hechos provocaron en las víctimas, un elemento que suele ser determinante en este tipo de procesos, donde muchas veces no existen evidencias físicas concluyentes debido al tiempo transcurrido o a las características propias de estos delitos.
En ese sentido, la fiscal destacó que las pruebas producidas permitieron establecer que ambas jóvenes vieron alteradas distintas dimensiones de su vida como consecuencia de lo ocurrido.
En el caso de la niña, el relato sostenido a lo largo del tiempo fue acompañado por testimonios de docentes y profesionales que observaron cambios en su comportamiento y dificultades en distintos ámbitos de desarrollo. Los informes psicológicos incorporados al expediente señalaron la presencia de episodios de angustia, temores persistentes y problemas en el rendimiento escolar, indicadores compatibles con las secuelas emocionales que pueden derivarse de experiencias traumáticas.
Respecto de la adolescente, la investigación permitió reconstruir una serie de contactos virtuales impropios iniciados por el acusado. Durante el juicio, la madre de la joven relató que, tras descubrir lo sucedido, la familia atravesó un período marcado por la preocupación y la necesidad de modificar hábitos cotidianos. También señaló que la experiencia generó en su hija una fuerte desconfianza hacia las figuras de autoridad.
Huellas que no siempre son visibles
En los delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes, especialmente cuando ocurren en ámbitos de confianza y sin testigos, las secuelas psicológicas y conductuales suelen ser mucho más evidentes y frecuentes que las lesiones físicas, que en muchos casos pueden no existir o desaparecer con el tiempo.
En el caso de Alberto Gabriel Guaymás, la fiscal Celina Morales Torino hizo hincapié precisamente en esas consecuencias, al señalar que las víctimas todavía arrastran efectos en su vida cotidiana producto del trauma sufrido.
Entre las secuelas más habituales que describen psicólogos, psiquiatras infantiles y especialistas en abuso sexual infantil figuran:
- Miedo y ansiedad permanentes.
- Dificultades en el aprendizaje y bajo rendimiento escolar.
- Problemas para dormir, pesadillas y temor a quedarse solos.
- Cambios bruscos de conducta, irritabilidad o aislamiento.
- Angustia, tristeza y síntomas depresivos.
- Pérdida de confianza en los adultos o en figuras de autoridad, particularmente cuando el agresor ocupaba un rol de protección.
- Sentimientos de culpa o vergüenza.
- Problemas en las relaciones sociales y familiares.
- Estrés postraumático, con recuerdos recurrentes o reacciones de miedo ante situaciones asociadas al abuso.
Los especialistas subrayan que, en estos casos, la ausencia de lesiones físicas no descarta la existencia del abuso. De hecho, cuando los hechos ocurrieron tiempo atrás o fueron de carácter reiterado, es habitual que no existan evidencias médicas objetivas. Por eso, la Justicia y la medicina forense otorgan especial valor a otros elementos de prueba, como:
- El relato persistente y coherente de las víctimas.
- Las evaluaciones psicológicas y psiquiátricas.
- Los testimonios de docentes, familiares y profesionales que observaron cambios de conducta.
- Mensajes, conversaciones o pruebas digitales, en casos de grooming.
- Informes de instituciones y especialistas que acompañaron a las víctimas.
Un aspecto especialmente grave señalado por la fiscal es que el acusado era policía y que las familias habían depositado en él una confianza asociada a su función. Cuando el agresor es una figura de autoridad o de cuidado, los especialistas advierten que suele producirse una doble traición: además del daño sexual, se rompe la sensación de seguridad y protección, lo que puede derivar en una profunda desconfianza hacia otras personas e incluso hacia las instituciones.
En este caso, la madre de la adolescente víctima de grooming declaró que su hija desarrolló miedo y desconfianza hacia la autoridad policial, mientras que en la niña abusada se verificaron problemas de aprendizaje, episodios de angustia, temor a permanecer sola y una caída en el rendimiento escolar, manifestaciones compatibles con las secuelas que suelen dejar este tipo de delitos.