¿Terminó el calvario en Aguaray?
Después de una ardua batalla legal, la justicia finalmente se pronunció a favor de una joven víctima y su familia en un caso de abuso sexual. Sin embargo, el proceso evidenció, una vez más, la lentitud y las fallas del sistema judicial.
A mediados de noviembre, el docente Jorge Moya fue juzgado por segunda vez y condenado a ocho años y seis meses de prisión por los delitos de abuso sexual simple (tres hechos) agravados por su condición de educador, y abuso sexual con acceso carnal, ambos en concurso real.
Según el expediente judicial y lo expuesto en los dos juicios, los abusos comenzaron en 2017. Un año después, la madre de la víctima presentó la denuncia, dando inicio a un largo y difícil camino para la menor, quien tenía 16 años al momento de los hechos, y su familia. La falta de celeridad y las irregularidades marcaron este proceso.
A pesar de la denuncia por abuso sexual contra una alumna, Jorge Moya continuó trabajando, aparentemente amparado por contactos en el ámbito judicial y educativo de Salta. La indignación pública obligó a las autoridades a retirarlo del aula, pero lo reubicaron en un área administrativa, donde seguía teniendo contacto con menores.
Detalles de los abusos
Durante varios meses, Jorge Moya mantuvo una relación abusiva con la joven de 16 años. Tres de los hechos ocurrieron en la Escuela Técnica 3120 de Aguaray, donde él impartía clases.
De acuerdo con la denuncia de la víctima, el profesor la retenía después de hora para manosearla. Este fue solo el inicio del horror. La joven relató que, posteriormente, Moya la llevó desde la escuela a un hotel alojamiento en Tartagal, donde, según se confirmó en el segundo juicio, la violó.
Ante la impunidad del caso, y a pesar de la denuncia, Moya continuó trabajando en el mismo establecimiento. La víctima y su familia se vieron obligadas a abandonar la ciudad para alejarse del agresor y del temor que representaba su cercanía.
El largo camino judicial
El primer juicio contra Moya se llevó a cabo en 2024. La Sala II del Tribunal de Juicio de Tartagal lo condenó a cuatro años de prisión efectiva por ser autor responsable del delito de abuso sexual simple agravado por su calidad de educador. Sin embargo, fue absuelto por el beneficio de la duda en el cargo de abuso sexual con acceso carnal.
Pasaron siete años para que Moya fuera llevado a juicio. Durante este tiempo, la causa estuvo marcada por irregularidades, como la pérdida del expediente por parte del fiscal y la desaparición de elementos clave, como el teléfono celular.
En ese momento, Moya contaba con el apoyo de un familiar que trabajaba como oficial de justicia en Tartagal. Además, según fuentes vinculadas al caso, una expareja del docente ocupó el cargo de titular de Educación Técnica de la Provincia y posteriormente trabajó en la Dirección General de Educación Técnica y Formación Profesional. Se alega que desde esta última área se facilitó que Moya continuara trabajando en un establecimiento escolar.
Tras el primer juicio, la abogada querellante de la víctima, la doctora Sandra Domene, y la Fiscalía Penal apelaron la decisión. Mientras tanto, Moya permaneció en libertad bajo arresto domiciliario, argumentando que tenía un hijo con discapacidad.
El Tribunal de Impugnación ordenó la realización de un nuevo juicio, que tuvo lugar hace poco más de dos semanas. En este segundo juicio, Moya fue condenado a 8 años y 6 meses de prisión efectiva. La defensa del profesor apeló el fallo, y ahora se espera la decisión final de la justicia.