Dos automovilistas oriundos de la provincia de San Juan fueron imputados y se les dictó prisión preventiva por transportar 28 kilos de cocaína ocultos en el tanque de combustible de un vehículo, que fue detectado la semana pasada, cuando circulaba por la ruta nacional 68, cerca de la localidad salteña de Cafayate, según informaron desde el Ministerio Público Fiscal Federal (MPF).
La Procuraduría de Narcocriminalidad NOA formalizó la investigación penal e imputó por el delito de transporte de estupefacientes a dos automovilistas, luego de que el miércoles pasado fueran detenidos cerca de la ciudad salteña de Cafayate, en un control vehicular.
A pedido del Ministerio Público Fiscal, la jueza federal de Garantías 2 de Salta, Mariela Giménez, dictó la prisión preventiva de ambos por el plazo de tres meses.
Los imputados, oriundos de la provincia de San Juan, habían salido de Orán con la droga, y se desplazaban en dos vehículos: uno trasladaba el estupefaciente oculto en el tanque de combustible y el otro cumplía la función de “coche puntero”.
La imputación fue formulada por la fiscal general adjunta Mariana Gamba Cremaschi, con la asistencia de la auxiliar fiscal Florencia Altamirano y el auxiliar fiscal Nicolás Fernández, durante una audiencia de formalización de la investigación.

Los acusados fueron identificados como Adam Xavier Agüero Torres y Elías Nicolás Riveros Videla, imputados como coautores del delito de transporte de estupefacientes, previsto en el artículo 5 de la ley 23737, con penas de entre 4 y 15 años de prisión.
Prisión preventiva por tres meses
Durante la audiencia, el MPF solicitó la prisión preventiva en función de la elevada escala penal, la gravedad del hecho, el riesgo de fuga y el peligro de entorpecimiento de la investigación, al tiempo que se requirió autorización para peritajes sobre los teléfonos celulares secuestrados.
Las detenciones se produjeron durante la madrugada del 28 de enero pasado, cuando personal de Gendarmería Nacional realizaba un control vehicular sobre la ruta nacional 68, a la altura del kilómetro 11, en las inmediaciones de Cafayate.
Inicialmente, detuvieron un Toyota Etios conducido por Agüero Torres, quien declaró que venía de Orán y se dirigía a Cafayate, donde planeaba alojarse unos días aunque sin precisar en qué hotel, para partir luego hacia la provincia de San Juan, pero los gendarmes notaron su nerviosismo y la falta de equipaje acorde al trayecto.
Posteriormente, arribó al lugar del control un automóvil Toyota Corolla conducido por Riveros Videla, quien también afirmó venir de Orán y dirigirse a San Juan, y se constató que ambos conductores se conocían.
Una requisa exhaustiva en las instalaciones de Gendarmería
Las sospechas aumentaron al detectarse un fuerte olor a combustible proveniente del tanque del Toyota Corolla, el cual presentaba tornillos removidos, por lo que se dio intervención a la fiscalía, que dispuso una requisa exhaustiva conforme a los protocolos y con testigos civiles.
Por ello, los vehículos y sus ocupantes fueron trasladados a las instalaciones de Gendarmería en Cafayate.
Durante la inspección, los efectivos extrajeron del tanque de combustible del Toyota Corolla 50 paquetes de cocaína, con un peso total de 28 kilos, y también se incautaron cuatro teléfonos celulares y una suma de un millón de pesos, dinero que estaba en poder de Torres.
La fiscalía sostuvo que los imputados llevaban adelante un transporte de drogas bajo la modalidad de convoy, donde Torres actuaba como "coche puntero", alertando sobre controles en la ruta, encargado de advertir sobre la presencia de controles de las fuerzas de seguridad en la ruta.
En esta oportunidad, el conductor no logró alertar a su cómplice sobre el control de Gendarmería, por lo que Riveros Videla arribó posteriormente al puesto con el vehículo en el que se encontraba oculta la cocaína que, en principio, tenía como destino final la provincia de San Juan.
Tres meses para investigar el caso
Tras exponer las pruebas recolectadas, la fiscalía solicitó tres meses para la investigación preliminar, y el mismo término para la prisión preventiva de los acusados, al tiempo que las defensas se opusieron a dicho pedido y solicitaron la libertad de sus asistidos o, de manera subsidiaria, el arresto domiciliario.
La fiscalía requirió el rechazo de esos planteos al argumentar que el transporte no fue casual, sino que demandó una logística previa, lo que permite presumir que los detenidos serían eslabones de una organización de mayor envergadura.
A su vez, resaltaron los riesgos procesales de fuga y de entorpecimiento de la investigación, así como el daño en abstracto que representaba la cantidad de droga incautada.
Finalmente, la jueza hizo lugar a la imputación, concedió los plazos solicitados para la investigación, autorizó las medidas probatorias pendientes y rechazó los pedidos de las defensas.
Al resolver la prisión preventiva, la magistrada valoró los argumentos de la fiscalía y remarcó el compromiso del Estado argentino en la lucha contra el narcotráfico, conforme a los tratados internacionales asumidos en la materia.
