Tenían un grupo de WhatsApp con una guía para narcotraficantes
Los siete miembros de la organización narcocriminal denominada “Los Peluches”, de los cuales cinco estaban vinculados a la Gendarmería Nacional y que operaban entre el NOA y el NEA, fueron condenados a penas de entre 3 y 15 años, en el marco del juicio por el transporte de 334 kilos de cocaína, en dos procedimientos realizados en la provincia de Salta, durante 2024.
Los investigados eran parte de un grupo de la aplicación de WhatsApp, denominado Los Peluches, a través del cual enseñaban y se daban instrucciones sobre cómo acondicionar la droga y vulnerar los controles en las rutas.
El Tribunal Oral Federal 2 de Salta, presidido por la jueza Gabriela Catalano e integrado por los jueces Domingo Batule y Diego Matteucci, condenó a penas de entre 3 y 15 años de prisión a los siete integrantes de la organización narcocriminal, cuya estructura operaba entre el NOA y el NEA y fue desarticulada por la investigación a cargo del fiscal federal Ricardo Toranzos, del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta.
Además, los jueces dispusieron el decomiso de una vivienda, ubicada en Orán, y de tres camionetas —dos Volkswagen Amarok y una Toyota Hilux— utilizadas por la organización para desarrollar sus actividades ilícitas.
El debate comenzó el 19 de diciembre pasado, y el 29 de abril último el tribunal declaró la responsabilidad penal de los siete acusados, tras lo que el fiscal formuló su alegato y pidió penas de hasta 16 años de prisión para los principales acusados.
Una de las sentencias más relevantes por el transporte de estupefacientes en Salta
Desde la Fiscalía se consideró que, por lo montos de las penas y la cantidad de condenados, se trata de una de las sentencias más relevantes dictadas en Salta por el delito de transporte de estupefacientes desde la implementación del sistema acusatorio federal, el 10 de junio de 2019.
Durante la audiencia, el gendarme exonerado Richar Ariel Delgado, y el finquero de Orán, Gabriel Osvaldo Ruiz Apaza, recibieron penas de 15 años de prisión, como coautores del delito de transporte de estupefacientes agravado por la intervención organizada de tres o más personas, en dos hechos.
Por la misma calificación legal, el comerciante de Posadas, Jonathan Leonel Ostapowicz, fue condenado a 14 años de prisión, mientras que Adrián Emilio Escarlata, también exonerado de la Gendarmería Nacional, recibió una pena de 12 años de prisión por su participación en uno de los transportes investigados.
Por su parte, Diego Hernán Delgado, cabo primero en actividad de Gendarmería Nacional, destinado al momento de los hechos en el Destacamento Móvil 1 de Campo de Mayo, y además hermano de Richar Delgado, fue condenado a nueve años de prisión como coautor del delito de transporte de estupefacientes agravado tanto por la cantidad de intervinientes como por su condición de funcionario público.
A Federico Rubén Batista, también miembro activo de la fuerza federal, y Francisco Agustín Flores, aspirante a incorporarse a ella, fueron condenados a tres años de prisión de ejecución condicional como partícipes secundarios.
La investigación se inició a partir de un procedimiento de flagrancia, pero avanzó hasta revelar una organización con una compleja estructura logística integrada por gendarmes en actividad, exonerados y colaboradores civiles.
Los dos hechos juzgados
El primero de los dos hechos imputados ocurrió el 19 de mayo de 2024, en la localidad salteña de General Pizarro, donde fue detenido Diego Delgado mientras transportaba 303 kilos de cocaína ocultos en una camioneta Toyota Hilux, que conducía desde Orán con destino a Buenos Aires.
La pesquisa estableció que el vehículo había sido aportado por Ostapowicz desde Posadas, Misiones, y que el operativo había sido financiado por Richar Delgado, al tiempo que se acreditó que Batista fue quien retiró la camioneta y la trasladó hasta Buenos Aires, para que posteriormente fuera utilizada en la maniobra.
El segundo episodio ocurrió el 26 de octubre de ese mismo año, en el puesto de control de El Naranjo, en Rosario de la Frontera, donde fue detenido Escarlata, cuando transportaba 31 kilos de cocaína ocultos en la rueda de auxilio de una camioneta Volkswagen Amarok.
Según la acusación, Ruiz Apaza proveyó el estupefaciente y, junto con Flores, realizó tareas de vigilancia y acompañamiento en otro vehículo que funcionó como “coche puntero”.
El grupo de WhatsApp denominado “Los Peluches”
Uno de los elementos clave de la investigación, exhibido por la Fiscalía durante el debate, fueron las comunicaciones extraídas del grupo de WhatsApp denominado “Los Peluches”, creado por integrantes de la organización para coordinar sus actividades.
A través de esa aplicación de mensajería, los acusados intercambiaban información sobre los traslados de droga, organizaban movimientos logísticos y compartían conocimientos vinculados con los controles de las fuerzas de seguridad.
La prueba exhibida durante el juicio permitió acreditar que, algunos de los acusados, compartían explicaciones sobre distintas modalidades para ocultar cargamentos en vehículos y recomendaciones para eludir los controles ruteros.
Para la fiscalía, esos intercambios resultaron una evidencia clave para reconstruir la dinámica interna de la organización, identificar la distribución de roles y demostrar el aprovechamiento de conocimientos específicos adquiridos por algunos de los acusados, durante su paso por la Gendarmería Nacional.
Para completar el perfil de los acusados y el grado de identificación que tenían con la actividad criminal que desarrollaban, Toranzos también hizo referencia en su alegato a una caricatura de gran tamaño hallada durante la investigación.
En ella, los imputados aparecían representados alrededor de una mesa de juego, con dados y una ruleta, mientras que Ruiz Apaza era retratado en el centro de la escena con una cadena de oro con el símbolo “$”.
La ilustración incluía además armas cortas y largas, una manopla y figuras emblemáticas del narcotráfico internacional, como Pablo Escobar Gaviria y Joaquín “Chapo” Guzmán.
Para Catalano, la droga secuestrada hubiera afectado a millones de personas
Al fundamentar las penas, la presidenta del tribunal destacó la magnitud de la maniobra investigada, la cantidad de droga secuestrada y el nivel de organización evidenciado durante el debate.
“Si esa droga hubiera llegado a destino podría haber afectado a más de dos millones de personas”, señaló Catalano, al referirse a los resultados de los peritajes químicos practicados sobre los estupefacientes secuestrados, que establecieron un promedio de producción de más de 2.700.000 dosis, con una pureza del 84%.
La jueza sostuvo que “la salud pública es la salud de la sociedad entera; cada dosis afecta no solo al adicto, sino también a su familia y a toda la comunidad”, y remarcó además que la causa puso de manifiesto ”una estructura con una importante capacidad logística y financiera", reflejada en la utilización de distintos vehículos, traslados aéreos, alojamientos y recursos destinados a concretar los transportes investigados.
Asimismo, destacó la tarea realizada por la fiscalía y la abundante prueba producida durante el debate, que permitió reconstruir la participación de cada uno de los acusados y el nivel de responsabilidad que les correspondió dentro de la organización.
Al analizar el agravante vinculado con la intervención de tres o más personas, la magistrada sostuvo que la banda evidenció una clara distribución de funciones, una importante planificación previa y una estructura consolidada que operaba desde mucho antes de los hechos juzgados.
“En este caso, tenemos muchas personas que ya venían organizadas de mucho antes. No es espontáneo, que de pronto suben a un vehículo y parten, no. Acá había una clara distribución de roles, de uso de vehículos por un tiempo, para después plotearlos a fin de que la fuerza de seguridad no lo reconozca. Esto demuestra una financiación enorme a los fines del traslado de la droga”, señaló.
Luego, resaltó el aporte especial realizado por los gendarmes involucrados en la organización, y afirmó que aprovecharon conocimientos adquiridos durante su formación y desempeño como gendarmes para facilitar las maniobras criminales.
“Utilizaron conocimientos propios que tienen de la fuerza para delinquir mejor”, señaló la jueza, tras repasar la participación de Diego y Richar Delgado, Batista y Escarlata, quien resaltó que se valieron de herramientas y experiencia obtenidas durante su formación como miembros de una fuerza de seguridad encargada de proteger a la sociedad.
Entre otros aspectos, el tribunal valoró el contenido de las comunicaciones mantenidas en el grupo “Los Peluches”, al considerar que constituían una muestra del grado de organización, planificación y profesionalización alcanzado por la estructura criminal.