En Salta, la justicia ha cerrado el cerco sobre un clan familiar que durante más de una década tejió una red de narcotráfico y lavado de activos. El Tribunal Oral Federal N°2 dictó severas condenas, algunas de hasta 13 años de prisión, para seis integrantes de esta organización que, desde 2011, orquestaba envíos de cocaína que alcanzaban los 100 kilos, distribuidos a través de diversas provincias. La caída de este imperio criminal fue el resultado de una exhaustiva investigación liderada por la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), bajo la dirección de Diego Iglesias, y su regional NOA, encabezada por Eduardo Villalba, fiscal general con funciones de coordinación en la Fiscalía de Distrito Salta.
El 15 de diciembre, la jueza Gabriela Catalano, actuando de manera unipersonal, formalizó las condenas en una audiencia de homologación de un acuerdo pleno. Mariana Gamba Cremaschi, fiscal general adjunta de la Fiscalía de Distrito de Salta, y Jorge Viltes Monier, auxiliar fiscal, representaron al Ministerio Público en este proceso que no solo implicó el encarcelamiento de los culpables, sino también el decomiso de dinero en efectivo, cuatro propiedades y una flota de 14 vehículos.
Emanuel Gabriel Cala, el líder indiscutible de la organización, recibió la pena más alta: 13 años de prisión. Fue hallado culpable de ser el jefe de una asociación ilícita, en concurso real con los delitos de organización y financiamiento de actividades de tráfico ilícito de estupefacientes, agravado por la participación de tres o más personas.

A estos cargos se sumó el delito de lavado de activos de origen delictivo, agravado por su rol dentro de una asociación dedicada a la comisión continuada de este tipo de crímenes. La pena, sin embargo, fue unificada en 15 años debido a su implicación en otro proceso penal por transporte agravado de estupefacientes.
El destino de Melisa Aleman, pareja de Cala, corrió una suerte similar. Fue sentenciada a 6 años y 6 meses de prisión como jefa de los mismos delitos, una pena que se elevó a 8 años al unificarse con una condena previa por transporte agravado de estupefacientes. La sombra del narcotráfico había oscurecido su vida, arrastrándola a un abismo de consecuencias legales.
Dalci Gabriela, Kevin Gabriel y Alex Facundo Aleman, hijos de Melisa, también fueron alcanzados por la justicia.

Considerados miembros de la asociación ilícita y partícipes secundarios del delito de lavado de activos, recibieron una pena de 3 años de prisión de ejecución condicional. Marcelo Nicolás Juárez, pareja de una de las hijas de Aleman, fue condenado bajo la misma figura penal y a la misma pena, evidenciando la extensión de la red delictiva a través de los lazos familiares.
En cuanto a los decomisos, la resolución judicial ordenó la confiscación de tres inmuebles a favor del Estado nacional: dos ubicados en los barrios Atocha y Ceferino de la ciudad de Salta, y un tercero en el moderno barrio Inteligente Docta, en la provincia de Córdoba. Estos bienes, adquiridos con el fruto de actividades ilícitas, ahora servirán para resarcir a la sociedad.
La lista de bienes confiscados incluyó también nueve automóviles, entre ellos una camioneta Volkswagen Suran, una Chery Tiggo y una Ford EcoSport, además de varios vehículos Fiat, modelos Cronos, Argo, Strada y Stilo. A estos se sumaron cinco motocicletas de las marcas Yamaha, Gilera, Zanella y Cerro, completando un inventario de la opulencia construida sobre el negocio del narcotráfico.
La sentencia también validó el decomiso de 16.000 dólares, más de 800.000 pesos secuestrados en distintos procedimientos y alrededor de 8.500.000 pesos que yacían depositados en una cuenta bancaria. Estas cifras, ahora fuera del alcance del clan, representan el golpe final a su estructura financiera.
El hilo que desenredó la madeja
La investigación que culminó con estas condenas fue un esfuerzo conjunto de la PROCUNAR y su oficina NOA, con la participación activa de Iglesias y Villalba. La fiscal general adjunta Gamba Cremaschi, el auxiliar fiscal Viltes Monier y el fiscal coadyuvante de la PROCUNAR Matías Álvarez también desempeñaron un papel crucial en el esclarecimiento de los hechos.
Los representantes del Ministerio Público Fiscal lograron reconstruir la historia de esta organización, que desde 2011 operaba mediante maniobras de narcotráfico y lavado de activos, acumulando bienes con el objetivo de legitimar las ganancias ilícitas. Un esquema meticulosamente planeado para evadir la justicia y disfrutar de una vida de lujos a costa del sufrimiento ajeno.
Si bien la pareja lideraba la asociación ilícita, Cala ejercía un control absoluto sobre el resto de los integrantes, recurriendo a tácticas intimidatorias arraigadas en un esquema patriarcal, marcado incluso por episodios de violencia de género contra Aleman. Una dinámica de poder que reflejaba la naturaleza despiadada de la organización.

El trabajo de campo e inteligencia realizado por personal de Gendarmería Nacional de Salta y Santiago del Estero fue fundamental para acreditar la estabilidad del clan familiar, con roles definidos que permitieron operar de manera sostenida mediante la adquisición de estupefacientes a proveedores de Bolivia. Un flujo constante de droga que alimentaba el negocio y engrosaba las arcas del clan.
La investigación se desencadenó a partir de un reporte que identificaba a los acusados como proveedores de otra organización narcocriminal investigada desde 2020. El flujo de dinero detectado y la conexión de las operaciones financieras con Cala y Aleman captaron la atención de la PROCUNAR, desatando una pesquisa que revelaría la magnitud de la trama.
El mecanismo
Según la acusación, los líderes de la organización no solo asignaban las tareas de transporte de droga a los miembros de la familia, sino que también gestionaban los pagos. Mientras Cala se encargaba de la logística, Aleman intervenía en la adquisición del estupefaciente, aprovechando sus contactos con proveedores bolivianos. Una división de trabajo que optimizaba la eficiencia de la operación.
En particular, a Cala se le atribuyó la organización y el financiamiento de un transporte de droga desbaratado el 20 de agosto de 2022 en la ruta nacional 5, a la altura del paraje Yuchán.

El procedimiento, llevado a cabo ante el Juzgado Federal de Orán, permitió secuestrar 102 kilos de cocaína ocultos en un camión con semirremolque. Las comunicaciones telefónicas en lenguaje encriptado con el transportista y las evidencias de al menos cinco viajes previos confirmaron la participación de Cala en el ilícito.
El segundo hecho imputado tuvo lugar el 28 de mayo de 2023 en la ruta nacional 68, a la altura del puesto fijo Viñaco, donde se interceptó una camioneta Toyota, utilizada como vehículo de carga, y un auto Ford Focus que actuaba como "puntero". En el interior de la camioneta se hallaron 95 paquetes de cocaína, con un peso cercano a los 98 kilos, y se detuvo a tres personas. La sombra de la ley se cernía sobre el clan.

La declaración de uno de los detenidos, quien identificó a Cala como propietario de la droga y aportó detalles sobre la estructura y el funcionamiento de la organización, resultó ser la prueba clave que lo vinculó con este episodio. Una confesión que selló su destino y desmoronó la fachada de impunidad que había construido.
El 7 de marzo de 2024, los acusados fueron detenidos en un amplio operativo de seguridad que incluyó allanamientos simultáneos en Salta, Jujuy, Santiago del Estero y Córdoba. Al día siguiente, el MPF formalizó la imputación ante el Juzgado Federal de Garantías N°1, a cargo de Julio Bavio, atribuyendo a los imputados la responsabilidad en 38 hechos vinculados al lavado de activos. Un golpe contundente a una organización que creyó estar por encima de la ley.
Las escuchas
Se hicieron escuchas durante más de dos años, conversaciones donde hablan de mucho dinero. Un hombre de la familia llega a hablar de un negocio de “28 millones”. Otra conversación revela la forma un poco impúdica con la que se manejaban.

La siguente conversación entre Melisa y su hija Dalci Gabriela fue captada el 14 de julio de 2022.
“Pregúntale al Papá cuanto tenía que darle a Doña Blanca, porque creo que mandó de más”, le dice la madre: “Te estoy mandando WhatsApp ¡Gabríela no me llames de llamada”.
“No no hay señal, no hay señal, así que respóndeme ahora Melisa, no puedo estar esperando”, dice la hija. “¿Cuánto hay que dale a Doña Blanca?, es que no te voy a decir por teléfono Gabí”, replica la madre.
En ese momento interviene Emmanuel Cala de fondo, y grita “Cinco millones”. Melisa, entonces, le explica a su hija: “Cinco, veinte era cinco y veinte más que era para la escribana”.
Hubo, al menos, tres escribanas identificadas en la investigación judicial. Se sospecha que fueron un engranaje clave en el blanqueo de papeles de los Cala-Alemán para uno de sus mejores negocios: la compra y venta de propiedades.



