Secretarios denunciados por "incitar a la violencia"
Lo que debía ser una asamblea para la toma de decisiones de la conducción del sector a nivel nacional, terminó siendo caldo de cultivo para un conflicto que no avanzó a mayores gracias a un operativo preventivo, que tuvo lugar gracias al aviso previo del Sindicato de Gas y Petróleo de Salta y Jujuy, según le confirmaron desde el gremio a Gente de Salta.
Un operativo preventivo de la Policía de Salta evitó este fin de semana lo que pudo haber terminado en un grave episodio de violencia armada en General Güemes, en el marco de una feroz interna que atraviesa al sindicalismo petrolero. El procedimiento derivó en la demora de once personas, el secuestro de armas de fuego, cuchillos, municiones, bates y “miguelitos” para pinchar neumáticos, además de exponer públicamente una fractura cada vez más profunda entre sectores gremiales enfrentados.
Todo ocurrió en la previa del lanzamiento de la agrupación Azul y Blanca del Sindicato de Trabajadores de la Industrialización Privada del Petróleo y Gas de Salta y Jujuy. Tras recibir una alerta sobre un posible enfrentamiento, la fuerza provincial desplegó controles preventivos sobre distintos accesos a General Güemes, una ciudad estratégica para la actividad energética y el corredor productivo del norte provincial.
En uno de esos procedimientos, realizado sobre la ruta nacional 9/34, los efectivos interceptaron dos camionetas provenientes de Mendoza. En los vehículos viajaban ocho integrantes de la comisión directiva del Sindicato de Petróleo y Gas de Cuyo, organización conducida por Gabriel Barroso. Durante la requisa, la policía secuestró tres armas de fuego de distintos calibres, dos rifles de aire comprimido, más de 200 cartuchos, cuchillos, bates de béisbol y una importante cantidad de “miguelitos”, elementos metálicos utilizados para destruir neumáticos y bloquear rutas.
Horas más tarde, en otro control realizado en la zona de Río Las Pavas, también fue detenido un colectivo con 40 pasajeros provenientes del interior de Salta y Jujuy que se dirigían al mismo acto gremial. Allí se encontraron armas blancas y otras tres personas quedaron demoradas.
La magnitud del arsenal encontrado encendió las alarmas no solo por la violencia potencial del episodio, sino también por el perfil de los involucrados. Según confirmaron fuentes sindicales y policiales, los ocho demorados provenientes de Mendoza no eran afiliados de base, sino dirigentes de conducción dentro del gremio petrolero cuyano, un dato que reforzó las sospechas de una posible planificación previa.
La reacción de la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles fue inmediata. En un comunicado oficial firmado por su secretario general, Tomás Mario Lavia, la entidad denunció directamente a Gabriel Barroso y a Sebastián Barrios, secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas de Salta y Jujuy, de intentar “romper dicho acto con toda violencia” y de haber enviado personas armadas a General Güemes.
“Se evitó una tragedia”, señalaron desde la Federación, que además sostuvo que los detenidos eran “todos miembros de la Comisión Directiva del sindicato de Barroso” y que fueron interceptados portando “armas de guerra, miguelitos, palos, etcétera”. El documento calificó el hecho como un episodio “que enluta a la familia” sindical petrolera y adelantó posibles sanciones internas. “Bajo ningún punto de vista esto pasará al olvido sin las penalidades que correspondan”, advirtieron.
Las acusaciones fueron rechazadas de plano por el Sindicato de Trabajadores de la Industrialización Privada del Petróleo y Gas de Salta y Jujuy, conducido por Sebastián Barrios, quien le confirmó a este medio que las denuncias por ahora son “solamente mediáticas”. A través de otro comunicado, el gremio denunció un intento de vincular “maliciosamente” a la organización con hechos delictivos y aseguró que ya habían advertido previamente a las autoridades provinciales sobre la posibilidad de incidentes.
Según la versión del sindicato salteño, tenían información de que delegaciones de la Federación llegarían desde Chaco, Tucumán y Capital Federal, motivo por el cual habían solicitado prevención policial. Además, sostuvieron que la movilización hacia Güemes tenía como objetivo “mantener un debate legítimo” con la conducción nacional y cuestionar lo que definieron como una “política de coacción económica” ejercida por la Federación.
En el documento, el sector de Barrios también intentó despegarse de cualquier hipótesis violenta y afirmó que unas 60 personas viajaron “pacíficamente” para defender los derechos de las bases sindicales. Incluso denunciaron una supuesta “violencia institucional” por parte de integrantes de la conducción nacional petrolera y acusaron a la Federación de promover rupturas internas dentro de los sindicatos adheridos.
Mientras ambos sectores profundizan públicamente la confrontación, la investigación judicial avanza sobre elementos concretos difíciles de relativizar: armas de fuego, municiones, cuchillos, bates y miguelitos secuestrados en operativos preventivos montados antes de un acto sindical.
Ahora será la Fiscalía Penal de General Güemes la que deberá determinar si existió una organización previa para ejecutar una emboscada o un ataque coordinado en medio de la interna petrolera. Lo ocurrido dejó expuesta una peligrosa escalada de violencia dentro del sindicalismo del sector energético y abrió interrogantes sobre la existencia de grupos de choque organizados capaces de trasladarse armados entre provincias para intervenir en disputas gremiales.