PolicialesNoticias falsas financiadas con fondos públicos
Los días de Emiliano Estrada, ex diputado, transcurren bajo una nueva luz, una donde el escudo de la inmunidad parlamentaria ya no lo protege. Tras el cese de su cargo como legislador, ahora enfrenta a la justicia como un ciudadano común, un cambio de escenario que redefine su batalla legal.
A fines de noviembre, la Cámara Federal de Casación Penal asestó un golpe a su defensa, convalidando el pedido de desafuero que lo mantenía al margen de la justicia. Estrada, en ese entonces diputado nacional de Unión por la Patria, está inmerso en una causa por el delito de peculado.
Las acusaciones lo señalan como el artífice de una maquinaria de creación de noticias falsas, financiada con fondos públicos. Hasta ese momento, la inmunidad parlamentaria había sido su principal baluarte, postergando su comparecencia ante la justicia.
Gente de Salta se comunicó con el dirigente para que en todo caso, ofrezca su versión: No hubo respuesta.
Estrada, recordado como uno de los nueve economistas que visitaron a Cristina Fernández de Kirchner en su residencia, habría dado instrucciones precisas a sus asesores, cuyos salarios eran costeados por el Congreso de la Nación.
La misión: orquestar una campaña de desprestigio a través de TikTok y otras redes sociales. Los videos, de contenido difamatorio, apuntaban a instalar la idea de un “Estado narco” en Salta, además de lanzar descalificaciones contra empresarios y adversarios políticos.
El peso de la evidencia se incrementó cuando dos de sus ex colaboradores, Florencia Arias Bustamante y Javier Alonso Allemand, admitieron su participación en los hechos. Ambos fueron condenados en un juicio abreviado, un proceso que se desarrolló en la órbita de la Justicia provincial salteña.
La investigación contra Emiliano Estrada continuó su curso en el Juzgado Federal N° 2 de Salta, bajo la subrogancia de Mariela Giménez. El fiscal federal Carlos Amad, con paso firme, impulsó la citación del legislador a una audiencia de formalización. En esta instancia crucial, el imputado es informado detalladamente de las sospechas que recaen sobre él, lo que le permite preparar una estrategia de defensa.
La fecha original para esta audiencia clave estaba fijada para junio, pero Estrada no se presentó, obstruyendo así el avance del proceso judicial. A partir de ese momento, se desencadenó una serie de maniobras legales y políticas con el objetivo de lograr su desafuero.
Los antecedentes en el Congreso
El miércoles 15 de octubre, la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados se reunió en un ambiente de alta tensión. Tras un debate extenso y acalorado, los legisladores decidieron pasar a un cuarto intermedio para deliberar sobre la solicitud de desafuero del diputado salteño Emiliano Estrada. Esta decisión, tomada a pocos días de las elecciones del 26, le concedió un respiro temporal.
"Hablé con Pamela Calleti. Un desafuero es un pedido doloroso, pero no podemos dejar pasar tanto tiempo sin tratar. Nadie, ni el presidente del cuerpo ni el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales deben decidir por todos nosotros", declaró la diputada del PRO, con un tono de urgencia, exigiendo que se avanzara sin dilación con el desafuero.
La solicitud tomó por sorpresa a muchos en el Congreso, quienes desconocían el pedido formalizado por la Jueza Federal de Garantías N°2, Mariela Giménez, en junio. La revelación generó una onda expansiva. El propio presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoranz, reaccionó de inmediato y solicitó que el cuerpo se constituyera en comisión para analizar en profundidad el pedido contra Estrada.
La defensa kirchnerista y las acusaciones cruzadas
Sin embargo, Rodolfo Talhaide de Unión por la Patria emergió como un defensor del legislador salteño, construyendo una narrativa que lo presentaba como víctima de una persecución política. Según Talhaide, la ausencia de Estrada en la audiencia imputativa no fue "una simple ocurrencia", sino el resultado de objeciones presentadas con respecto a la competencia del juzgado interviniente. "El pedido de desafuero está recurrido, por lo que no se encuentra firme y no corresponde", argumentó Talhaide en ese momento, quien no se conformó con la defensa técnica y lanzó una acusación que resonó en todo el recinto.
Al encuentro de la Comisión de Asuntos Constitucionales fue convocado el salteño para que esgrima su defensa y, finalmente, se defina el pedido de desafuero que pesaba sobre él por los delitos de peculado y abuso de autoridad tras descubrirse el armado de cuentas fakes, con recursos del Estado nacional y con intenciones de difamar a políticos, empresarios y periodistas, entre otros.
Pero el legislador no concurrió y continuó en campaña junto al exgobernador Juan Manuel Urtubey.
Perdió en las urnas y ahora tratará de no perder en la justicia.