Qué pasó en el hospital de Güemes
Un perito del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) declaró en el marco del juicio iniciado ayer, contra nueve médicos acusados de homicidio culposo en perjuicio de una paciente de 60 años que ingresó al hospital Joaquín Castellanos, de la ciudad salteña de General Güemes, el 28 de febrero de 2017 y falleció diez días después.
Los familiares de la víctima fueron los que radicaron la denuncia en contra de los profesionales que están siendo juzgados en el marco de este proceso, iniciado ayer, con los alegatos de apertura, tras lo que comenzó la etapa de testimoniales.
La audiencia de debate se reanudó este miércoles, con la declaración de profesionales de la salud.
Uno de los testigos, un perito del CIF, fue consultado acerca de su intervención en la junta médica realizada en el marco de la causa, con presencia de un perito de parte.
Luego de reconocer su informe, el testigo se explayó sobre los puntos de la pericia solicitados, uno de los cuales apuntaba a determinar si la asistencia brindada a la damnificada desde su ingreso al hospital hasta su fallecimiento había sido la adecuada para la sintomatología que presentaba.
La atención “no fue la apropiada”
La respuesta volcada en su informe fue que la atención no fue la apropiada, puesto que no se investigó el origen de la hemorragia digestiva que presentaba la paciente.
Además, el informe indica que en la historia clínica se hacía referencia a exámenes complementarios que no fueron asentados.
El médico legal indicó, en tanto, que no se pudo determinar el origen del paro cardiorrespiratorio que sufrió la paciente porque no se practicó el procedimiento de la autopsia correspondiente, sobre lo que sostuvo que cualquier conclusión al respecto es presuntiva, ya que las causas de un paro pueden ser múltiples, y agregó que por la misma razón no se puede precisar con certeza lo que desencadenó la muerte.
El perito también señaló que en el registro de enfermería del 7 de marzo de 2017 no había evidencia de la administración de ranitidina o penicilina por vía intravenosa, drogas a las cuales la paciente pudo ser alérgica.
Colegas de los imputados expusieron sus intervenciones durante la internación
Asimismo, otros dos colegas que se desempeñaban en el mismo hospital que los acusados declararon durante la jornada e hicieron referencia a sus intervenciones durante la internación de la paciente.
Uno de ellos indicó que la había atendido el segundo día de su permanencia en terapia intensiva, adonde ingresó en estado grave y con falla multiorgánica, y dijo que estando en el área de clínica médica le habían administrado una medicación (protector gástrico) que le produjo un shock y paro cardiorrespiratorio.
En este sentido, el profesional consideró que todo apuntaba a que la paciente había sufrido una reacción alérgica, y detalló que él había sido el encargado de hacer el certificado de defunción.
Otra colega de los acusados sostuvo que asistió a la paciente en terapia intensiva, en momentos en que presentaba un paro cardiorrespiratorio, y reveló que se la reanimó y quedó internada en esa sala.
La mujer presentó un cuadro de lipotimia tras la aplicación de un inyectable
La testigo citó en su informe que la mujer había presentado un cuadro de lipotimia luego de recibir un inyectable, pero dijo que no le habían dado precisiones acerca de la droga administrada.
El tribunal está integrado por los jueces Francisco Mascarello, que lo preside, José Luis Riera y Aldo Rubén Saravia, y por el Ministerio Público interviene el fiscal Santiago López Soto, mientras que la defensa de los acusados está a cargo de Jorge Causarano, José Fernando Teseyra, Lucio Flores Giralt y Ricardo Loutayf.
Según consta en la acusación, el 28 de febrero de 2017 la paciente ingresó al hospital Joaquín Castellanos con un cuadro de gastroenteritis aguda y quedó internada, por lo que fue atendida progresivamente por los nueve imputados.
El 5 de marzo comenzó a cursar una hemorragia digestiva que, según el requerimiento fiscal, se debió a que los facultativos no actuaron en consecuencia y no le brindaron el tratamiento adecuado y oportuno.
Para la parte acusadora, ante el cuadro de hemorragia, la paciente debió ser trasladada a una sala de mayor complejidad y debió consultarse a un especialista en la materia.
Para la Fiscalía, los médicos acusados no uitilizaron todos los recursos disponibles
La fiscalía sostiene que los médicos no utilizaron todos los recursos disponibles para brindarle a la damnificada un tratamiento acorde, lo que ocasionó el deterioro progresivo de su salud.
El 7 de marzo, la mujer sufrió una descompensación severa y tres días después, el 10 de marzo, falleció por una falla multiorgánica.
Durante la primera jornada de este juicio, en primer término expuso López Soto, quien desarrolló el contenido de la acusación, los hechos, la prueba y la calificación penal.
Seguidamente expusieron sus alegatos de apertura las defensas técnicas de los imputados, que aseguraron que el desempeño de los nueve profesionales no guardó relación con el desenlace fatal de la paciente.
Los imputados se abstuvieron de declarar en la primera audiencia, tras lo que se dio inicio a la etapa de testimoniales en el juicio.