La Policía de la provincia del Chaco, bajo la administración del gobernador Leandro Zdero, se encuentra inmersa en una tormenta institucional de proporciones sísmicas.
Un suceso sin precedentes ha sacudido los cimientos de la fuerza: un grupo de efectivos fue sorprendido in fraganti al intentar desviar una considerable cantidad de cocaína, nueve kilogramos para ser exactos, durante la primera ceremonia oficial de incineración de drogas organizada por la policía local.
El momento exacto en que los agentes intentaban sustituir los paquetes de cocaína por vulgares ladrillos de yeso quedó grabado en las retinas de las cámaras de televisión presentes. Las imágenes, crudas y elocuentes, no tardaron en viralizarse, desatando una ola de indignación y alimentando la desconfianza ciudadana hacia las instituciones encargadas de velar por su seguridad.
La jueza federal Zunilda Niremperger no tardó en actuar, dictando el procesamiento con prisión preventiva por un plazo de 100 días para los siete policías presuntamente involucrados en el ilícito. La decisión judicial busca garantizar la transparencia de la investigación y evitar cualquier intento de obstrucción a la justicia.

Los acusados se enfrentan a cargos gravísimos: tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, un delito que se agrava aún más por su condición de funcionarios públicos. La sombra de la sospecha se cierne sobre la fuerza policial, generando interrogantes sobre la magnitud de la corrupción y la necesidad de una profunda reforma.
La lista de los imputados
La nómina de los procesados revela la implicación de altos mandos y suboficiales de la fuerza provincial. Entre ellos se encuentran nombres como el comisario Rubén Héctor César Alegre, el subcomisario Franco Andrés Ramírez, y los oficiales y suboficiales Lucas Exequiel Martínez, Gustavo Jesús Acosta, Juan Nicolás Almirón Núñez, Gustavo Andrés Quizama y Néstor Ariel Urne Cantero.
La jerarquía de los implicados sugiere una trama de corrupción que podría extenderse a otros niveles de la institución.
Contexto político y antecedentes
El incidente se produce en un momento político delicado, poco después de que el ministro de Seguridad provincial, Hugo Matkovich, elogiara públicamente a Patricia Bullrich por su enérgica política de combate al narcotráfico durante un encuentro reciente.
La ironía de la situación no pasó desapercibida, generando un fuerte contraste entre el discurso oficial y la realidad palpable. Fuentes locales coinciden en señalar que este episodio trasciende los casos habituales de corrupción que, lamentablemente, han salpicado a la fuerza policial en el pasado.
Un ex diputado peronista expresó su asombro y preocupación ante la gravedad de los hechos. Reconoció que existen antecedentes de procedimientos irregulares, pero afirmó categóricamente que “esto ya fue demasiado, se bandearon totalmente”. Sus palabras reflejan el sentir de una sociedad que observa con desconfianza el accionar de sus fuerzas de seguridad.
¿Qué pena pueden recibir los policías acusados de robar droga en Chaco?
Los efectivos procesados se enfrentan a cargos gravísimos por infracción a la Ley de Estupefacientes (23.737). El delito de tenencia con fines de comercialización conlleva penas que oscilan entre los 4 y los 15 años de prisión. Sin embargo, la condena podría elevarse significativamente debido al agravante de ser funcionarios públicos encargados de la prevención y persecución de estos delitos. Este agravante podría aumentar la escala penal en un tercio del máximo y la mitad del mínimo, endureciendo aún más el castigo para los acusados.