PolicialesCohecho calificado
El ex diputado provincial de Salta, Luis Gerónimo Cisnero, fue imputado por los delitos de cohecho agravado y tenencia ilegítima de arma de fuego, luego de ofrecerle, a través de un intermediario, dinero a un auxiliar fiscal con el objetivo de influir en el proceso judicial en el que ya se encontraba investigado, por asociación ilícita y contrabando agravado de granos a gran escala.
A la información la proporcionó la fiscal federal de Tartagal, Lucía Orsetti, quien detalló que en la audiencia de Formalización de la Acusación, ante la jueza de Garantías de Tartagal, Ivana Soledad Hernández, los funcionarios del Ministerio Público (MPF) pidieron “ampliación de la imposición de cargos para Luis Gerónimo Cisnero, que, además de ser autor, como jefe, de una banda de asociación ilícita dedicada al contrabando a gran escala, se le agregó el cargo de coautor del delito de cohecho calificado y de tenencia de arma de fuego”.
Orsetti representó en la audiencia al MPF, junto al fiscal general con funciones de coordinación en el Distrito Salta, Eduardo Villalba, y en la investigación principal hay otras cinco personas imputadas.
La resolución alcanzó también a José Miguel Álvarez, "miembro de la misma asociación ilícita”, ya que, según Orsetti, “es una especie de secretario de Cisnero, que trabajó con él a lo largo de estos últimos años, durante la vida de la asociación", y también fue acusado de "coautor del delito de cohecho calificado”.
Esto tiene que ver “con el ofrecimiento expreso de plata, de manera directa, que realizó materialmente Álvarez, pero por orden de Cisnero, a un funcionario público, un fiscal auxiliar del Ministerio Público Fiscal, y específicamente para pedirle garantías respecto de la libertad y de la vinculación de Cisnero a este caso”, apuntó la fiscal.
“Hay mucha plata”
Asimismo, indicó que Álvarez le manifestó al funcionario judicial que “hay mucha plata” y que Cisnero “quiere garantías” porque “no quiere ir en cana”, según se desprende de un audio logrado durante el ofrecimiento.
“Lo cierto es que tenemos mucha prueba. Hicimos esta formalización y varios procedimientos con secuestros. En la casa de Cisnero se secuestró muchísima cantidad de dinero en efectivo, un arma de fuego, computadoras, y los circuitos de cámaras de seguridad”, explicó la fiscal, tras lo que sostuvo que “hay mucha evidencia para analizar”.
Finalmente, señaló que “por ahora, para ambos rige prisión preventiva, y van a quedar detenidos por los próximos 60 días, por lo menos".
De esta manera, la funcionaria judicial realizó un informe de lo actuado, que derivó en la ampliación de la imputación del exlegislador, en una audiencia de formalización realizada ayer, ante Hernández, quien además dejó sin efecto la libertad bajo caución real de 500 millones de pesos que le había sido concedida anteriormente y dispuso su prisión preventiva por 60 días.
El intermediario en la maniobra
En tanto, Álvarez fue señalado como el intermediario en la maniobra, a quien se imputó por cohecho agravado en concurso real con asociación ilícita, en calidad de miembro.
Asimismo, la jueza autorizó el avance de peritajes sobre teléfonos celulares, computadoras portátiles, CPU y otros dispositivos digitales secuestrados en los allanamientos realizados el martes pasado, luego de detectarse la maniobra de soborno.
Los procedimientos se llevaron a cabo en cinco inmuebles: dos en Campamento Vespucio —la vivienda de J.M.A. y su local comercial—, uno en Tartagal y otros dos en el barrio privado Green House, de la localidad de General Mosconi, en domicilios vinculados a Cisnero y a uno de sus hijos, todos en el departamento San Martín del norte provincial.
La causa principal
Cisnero ya se encontraba sometido a proceso penal desde el 23 de septiembre del año pasado, cuando fue detenido e imputado por los delitos de asociación ilícita y contrabando agravado por el valor de la mercadería involucrada y por la cantidad de personas intervinientes.
La investigación está vinculada a una presunta operatoria de contrabando de granos a gran escala.
Luego, el 30 de octubre de 2025, la Sala I del Tribunal de Revisión de Salta hizo lugar a un planteo de la defensa y le concedió el arresto domiciliario en una de las viviendas allanadas, en el barrio privado Green House, de la localidad de General Mosconi.
Más tarde, el 29 de diciembre pasado, ese mismo tribunal resolvió otorgarle la libertad bajo caución real fijada en 500 millones de pesos, junto con otras medidas restrictivas, beneficios que ahora quedaron sin efecto ante la ampliación de la imputación.
Al presentar el caso, Orsetti sostuvo que no se trató de un ofrecimiento improvisado, sino de una maniobra planificada para acercarse a un integrante del MPF a través de vínculos personales y familiares.
Explicó que Cisnero conocía al auxiliar fiscal porque había intervenido en una audiencia de su causa el 23 de diciembre pasado y, según la investigación, ello motivó que, mientras gozaba de libertad, buscara contactarlo.
En una primera instancia contactaron a una persona que era amiga de la familia del funcionario judicial para que haga de intermediario, aunque la misma no tenía relación frecuente, lo que, según la fiscalía, se evidenció en que el auxiliar fiscal no respondió a sus insistentes llamados.
Posteriormente, según expuso la fiscalía, el colaborador del exdiputado logró llegar a un amigo personal del auxiliar fiscal, a quien convenció para que lo llamara por teléfono, momento en el que se puso al habla e insistió con mantener un encuentro, sin ser claro respecto al motivo del mismo.
Una charla que fue grabada
La secuencia culminó el sábado pasado, cuando Álvarez interceptó al funcionario a la salida de un gimnasio de General Mosconi y le pidió conversar dentro de una camioneta Toyota.
Prevenido ante la situación, el auxiliar fiscal concurrió con una pequeña grabadora oculta en el bolsillo de su campera.
Según relató la fiscalía, allí el hombre le dijo que hablaba en nombre de Cisnero y le ofreció dinero para que influyera en favor del exlegislador antes de una audiencia clave, prevista para el 23 de junio, fecha en la que vence el plazo de investigación y la fiscalía debe formalizar la acusación penal en la audiencia de Control de la Acusación, paso previo a que el caso sea elevado a juicio oral y público.
Durante la audiencia se reprodujeron fragmentos del audio obtenido. “Yo te voy a decir la verdad, la pura. La justa, la justa y la verdad. Hay plata. Mucha plata. Sí, la que vos quieras. ¿Te imaginás?”, expresó el intermediario.
En otro tramo insistió: “Él (por Cisnero) dice que está dispuesto a poner guita”, a cambio de no ir preso, y le afirmó que ya habría realizado pagos para obtener beneficios procesales: “Él ha pagado 15.000 dólares de garantía. Ya ha puesto los 15.000 dólares. Pero si no le entregan en 5 o 6 meses, tiene que seguir pagando los 15.000, la garantía”.
Inusitada gravedad institucional
Asimismo, sostuvo: “Me dijo que la que corta el queso es la fiscal. Y si él quiere, que él hable con la jueza, yo pongo guita”.
Para el MPF, la maniobra evidenció el intento de ambos imputados de obtener un canal de influencia dentro del sistema judicial, razón por la cual, Villalba y Orsetti dejaron en claro en la audiencia que el caso es de una “inusitada gravedad institucional”.
La jueza, al resolver los pedidos, coincidió con la consideración expuesta por los fiscales, y resaltó los argumentos vinculados al riesgo de fuga y, sobre todo, la alusión hecha por el MPF respecto al entorpecimiento procesal, lo que, a su criterio, no había podido ser neutralizado con la caución real y la libertad concedida.
Por ello, la jueza rechazó los planteos de las defensas para limitar el análisis de los dispositivos secuestrados y ordenó la prisión preventiva de ambos acusados.
La fiscalía informó que el avalúo preliminar de los bienes incautados en los allanamientos asciende a 584.603.895 pesos.