Policiales Juan Carlos Subirada
Desde el 16 de enero pasado, el abogado Juan Carlos Subirada, que supo ser director de Inmuebles, entre otros cargos públicos, se encuentra detenido e imputado por los delitos de grooming y corrupción de menores, a partir de una investigación que se encuentra en manos de la Fiscalía de Ciberdelincuencia.
Subirada, según lo confirmado por el abogado Ricardo Belbruno, enfrentará en la próxima semana una audiencia en la que se evaluará la prisión preventiva que ya le fue solicitada por la fiscalía como medida de coerción, instancia en la que su defensa intenta revertir, o bien, cambiar por un arresto domiciliario.
La situación procesal del exfuncionario, sin embargo, sería bastante delicada, ya que existirían fuertes pruebas en su contra. La investigación surgió de una denuncia radicada el 31 de diciembre del año pasado por una mujer en la comisaría de la localidad de Vaqueros.
La mujer reveló, en un estado desesperante, que había descubierto audios y otros mensajes de fuerte connotación sexual recibidos por su hijo menor, de 13 años, por lo que solicitó que se inicien las pesquisas del caso, para lo cual puso a disposición el teléfono celular.
De las primeras tareas investigativas, se pudo determinar que el abogado había tenido dichos contactos y que, efectivamente, los chats eran de neto corte sexual, como así también surgieron evidencias de intento del acusado por tener diálogo con otro hermano menor de la víctima.
Al seguir con las pesquisas, se montó vigilancia en un barrio privado de la villa veraniega de San Lorenzo, donde se creía que residía Subirada; sin embargo, de las tareas de los policías se estableció que ya no frecuentaba tal vivienda.
Con el correr de los días, en tanto, se ubicó al letrado en otro domicilio de la zona oeste de Salta, por lo que el 15 de enero pasado, a partir de una orden de allanamiento requerida por la fiscalía, se logró la detención del abogado y el secuestro de su teléfono, computadoras y otros elementos de interés.
En virtud de las evidencias reunidas, la fiscalía estableció que la conducta del detenido estaba enmarcada, de manera probable, con los delitos de grooming y corrupción de menores, figuras penales que tienen una escala de tres a diez años de prisión.
Cargos públicos
Al indagar más a fondo respecto a Subirada, los investigadores se dieron cuenta de que el abogado, oriundo de Córdoba, había emigrado hace varios años a esta ciudad, donde logró posicionarse en la función pública, bajo la gestión del exgobernador Juan Carlos Romero.
Según el Boletín Oficial, el acusado se desempeñó hasta el 24 de noviembre de 2006, como Jefe de Programa Asistencia Jurídica del Ministerio de Hacienda y Obras Públicas, para pasar a convertirse en el titular de la Dirección General de Inmuebles de la Provincia.
Posteriormente, el 23 de diciembre de 2011, tras cinco años de gestión como director de Inmuebles, el exgobernador Juan Manuel Urtubey lo designó como Liquidador del Ente Residual Instituto Provincial de Seguros de Salta, dependiente de la Secretaría de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos, con una remuneración equivalente a director, con vigencia al 10 de diciembre de 2011.
Por último, y tal como lo informó también la fiscalía de Ciberdelincuencia, el letrado se desempeña como funcionario en el ámbito de la justicia provincial, cuyas tareas estarían ligadas a un juzgado laboral, bajo el cargo de abogado auxiliar.
Por otra parte, surgió también que Subirada poseía antecedentes penales por delitos de amenazas, violencia de género, entre otros, por lo que su situación se tornó bastante complicada.
Al respecto, la misma fiscal del caso, Sofía Cornejo, informó que “la detención se produjo en un allanamiento realizado en la zona macrocentro, donde se secuestró toda evidencia digital”.
Al día siguiente de su captura, la fiscalía lo imputó como autor de los delitos mencionados. Reveló que, durante la audiencia de imputación, el exfuncionario fue asistido por defensa particular y se abstuvo de declarar, tras lo cual se pidió su prisión preventiva.
En tal sentido, el abogado Belbruno explicó que el 20 de marzo está prevista la audiencia para resolver la prisión preventiva, puesto que están en curso una serie de pericias y otras medidas de pruebas requeridas por la fiscalía.
