El narcotráfico dentro de las fuerzas
El Tribunal Oral Federal 1 de Salta condenó a nueve años de prisión al exsargento de Gendarmería Nacional Carlos Alberto Sorani, acusado de coordinar una maniobra de transporte de 161 kilos de cocaína descubierta en mayo de 2025, en Aguaray.
La investigación estuvo a cargo de la fiscal federal Lucía Orsetti y la auxiliar fiscal Lourdes Milani, de la Sede Fiscal Descentralizada Tartagal.
Sorani, exjefe del área de Inteligencia del Escuadrón 52 “Tartagal”, fue hallado culpable como coautor del delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes y por su condición de funcionario público.
La sentencia fue dictada por unanimidad por las juezas Marta Liliana Snopek, Gabriela Elisa Catalano y María Alejandra Cataldi, tras un juicio oral iniciado en abril pasado.
Durante su alegato, las representantes del Ministerio Público Fiscal remarcaron la gravedad institucional del caso y sostuvieron que el exgendarme “juró cuidar la frontera, luchar contra el crimen y la delincuencia, pero se cruzó de bando”.
La investigación se inició el 5 de mayo de 2025, cuando efectivos del Escuadrón 54 de Gendarmería interceptaron una camioneta Ford Ranger sobre la ruta nacional 34, a la altura de Aguaray.
Un perro adiestrado detectó anomalías en el vehículo y, tras la requisa, se hallaron 173 paquetes de cocaína ocultos en dobles fondos distribuidos en distintos sectores de la camioneta.
El rodado era conducido por Oscar Navarro, quien viajaba junto a su pareja, Gloria Cardozo, y a partir de ese procedimiento, la fiscalía reconstruyó la estructura de la organización mediante análisis de teléfonos celulares, geolocalización, impactos de antenas, cámaras de seguridad y tareas de inteligencia.
La pesquisa permitió determinar que Navarro y Cardozo actuaban únicamente como transportistas y que la logística del operativo había sido organizada por Sorani, quien acumulaba más de 26 años de experiencia en áreas de inteligencia criminal vinculadas al narcotráfico.
La investigación también estableció la participación del cabo primero Alexis Aguirre, chofer del Grupo Motorizado del Escuadrón 52 “Tartagal”, y de Héctor Horacio Acosta, quien facilitó un galpón en Salvador Mazza para ocultar la camioneta utilizada en el traslado.
Como presunto proveedor de la droga fue señalado Gustavo Ariel Barrios, quien permanece prófugo y tiene pedido de captura nacional e internacional en otra causa por narcotráfico.
Según la acusación fiscal, la maniobra comenzó a delinearse en septiembre de 2024, cuando Sorani y Aguirre viajaron a la ciudad de Salta para reunirse con Barrios, quien ya estaba prófugo por incumplir un arresto domiciliario.
En ese encuentro se habría entregado la Ford Ranger utilizada posteriormente para el transporte de la droga.
La fiscalía sostuvo además que Sorani y Aguirre actuaron como apoyo logístico y “coche puntero” durante el traslado, mientras que las cámaras de seguridad permitieron reconstruir que ambos retiraron la camioneta desde el galpón de Acosta y luego la entregaron a Navarro.
Entre las pruebas incorporadas al juicio se exhibieron mensajes enviados por Sorani al conductor durante el traslado, varios de ellos eliminados inmediatamente después de ser enviados.
Cuando Navarro dejó de responder, el exgendarme insistió con llamados y mensajes que coincidieron con el momento en que el transportista ya había sido detenido.
Otro de los elementos destacados por la fiscalía fue que Sorani decidió suspender temporalmente el operativo al enterarse de la presencia en la zona de la entonces ministra de Seguridad de la Nación y actual senadora, Patricia Bullrich.
Las fiscales también señalaron que la cocaína secuestrada tenía una pureza del 58%, lo que habría permitido producir más de 936 mil dosis destinadas al consumo, con un valor estimado superior a los 2.824 millones de pesos.
En sus fundamentos, la jueza Snopek sostuvo que la defensa “no pudo desarticular las contundentes pruebas del caso” y calificó la versión ofrecida por Sorani como “una película que no ha sido probada”.
En la misma línea, la jueza Cataldi afirmó que el acusado intentó “vender” una hipótesis desmentida por la prueba reunida durante el debate.
Por su parte, la jueza Catalano remarcó que, por su condición de integrante de Gendarmería, Sorani “debió haber detenido” a Barrios, en lugar de reunirse y viajar con él.
En el marco de esta misma causa ya habían sido condenados Navarro, Cardozo, Aguirre y Acosta mediante acuerdos homologados por la justicia federal., mientras que Barrios continúa prófugo.